En vísperas de la toma de la Presidencia por una organización de claro historial antidemocrático, el país observa cómo el Congreso consolida paso a paso un marco institucional y normativo de inocultable orientación autoritaria.
A lo largo del periodo presidencial y congresal que ya termina hemos experimentado un proceso de captura institucional desembozado, solamente comparable, tal vez, con el ejecutado por el gobierno de Alberto Fujimori a fines del siglo pasado con procedimientos que hoy reivindica públicamente la candidata que se impuso en las elecciones de este año.
Los métodos de hoy no son completamente distintos de los de hace un cuarto de siglo. Mediante la modificación de normas, la tergiversación de normas ya existentes, la persecución y la destitución de autoridades y funcionarios idóneos y honestos, o el nombramiento de nuevas autoridades en procedimientos irregulares y turbios, la coalición en el poder comandada por el fujimorismo ha sometido a sus fines a instituciones necesarias para el sostenimiento del régimen democrático. Entre ellas cabe citar a la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
En estas últimas semanas presenciamos una aceleración de esa operación de desmantelamiento de la democracia, lo cual justifica enteramente las alarmas de la sociedad civil sobre el momento político que se abrirá en dos semanas más.
La captura del Ministerio Público parece consumada, con una Junta de Fiscales Supremos integrada mayoritariamente por fiscales destituidos con entera corrección en su momento y que han sido repuestos en sus cargos por el Tribunal Constitucional o por la Junta Nacional de Justicia. Esta, por su lado, lleva adelante una campaña de persecución y represalias contra magistrados que, cumpliendo su deber, se niegan a aplicar leyes dadas por el Congreso que son írritas por su naturaleza inconstitucional y anticonvencional. No cabe ocultar que algunos de los magistrados represaliados han actuado, siempre en ejercicio de su deber, en procesos judiciales que involucran a la organización Fuerza Popular en su versión actual o en versiones pasadas, empezando por el proceso a Alberto Fujimori y el posterior caso de lavado de activos bloqueado arbitrariamente por el Tribunal Constitucional.
Como las organizaciones interesadas en levantar esta arquitectura autoritaria parecen sentir el apremio de un periodo que se cierra y después del cual no está enteramente garantizado su control del Congreso, hoy aceleran los pasos. De ahí la aprobación cada vez más expeditiva de iniciativas como la restauración del fuero privativo militar-policial para casos de violaciones de derechos humanos, lo cual se ha conseguido dilatando la noción de delito de función y obligando a la justicia ordinaria a abdicar siempre en beneficio de la justicia militar. En los últimos días se ha sumado a lo anterior la aprobación de la norma que incorpora en el Código Penal el delito de lesa humanidad con una descripción y unos requisitos tales que dificultan la aplicación del tipo penal hasta hacer su verificación prácticamente imposible.
Todas las señales que emite la coalición que ha capturado el poder y las instituciones tienen un sentido inequívoco: proveer un marco normativo útil para el ejercicio autoritario del poder con garantías de impunidad para sus ejecutores directos y los responsables indirectos o mediatos. El periodo que se iniciará en pocas semanas significa, en realidad, una dura prueba, una prueba definitiva para lo poco que sobrevive de la democracia en el Perú en un momento en que la sociedad civil pierde cada vez más instrumentos para detener ese proceso. Por eso mismo es hoy más importante que nunca negarse a admitir que este proceso es irreversible. Corresponde, entre varios actores, a los grupos con convicción democrática que han conseguido presencia en el próximo Congreso expresarse públicamente y proponer un plan de acción legislativa para recuperar la institucionalidad democrática e impedir que el proyecto autoritario en marcha se consolide de modo irreversible. Su silencio en estos momentos resulta injustificable.
