El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) expresa su rechazo a las graves acciones de intimidación y afectación a la independencia judicial que lleva adelante la Junta Nacional de Justicia en evidente acuerdo con el Congreso de la República.
Estas acciones se manifiestan bajo la forma de persecución y represalias contra jueces independientes que vienen inaplicando normas de impunidad aprobadas por el Congreso, en casos de graves violaciones de derechos humanos sometidos a su conocimiento.
Con ese propósito, la JNJ abre procesos disciplinarios, los cuales en realidad son una forma de disimular su verdadera motivación, que es una inconstitucional interferencia en materia jurisdiccional. Es decir, son cuestionamientos a jueces honestos e independientes no por presuntos actos de inconducta funcional o infracciones disciplinarias, que son los únicos en los que cabe el proceso disciplinario, sino por el contenido de sus fallos.
Así, la JNJ ha iniciado procesos contra los magistrados que anteriormente integraron la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia: Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez, así como también contra los jueces Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz.
En todos esos casos, se trata de magistrados que han aplicado el control difuso y el control de convencionalidad, tal como es su deber de acuerdo con la Constitución, el Nuevo Código Procesal Constitucional y con los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Perú es Estado parte.
Una muestra de ello es la sentencia de la Sala Penal Transitoria integrada por entonces por los magistrados Prado Saldarriaga, Baca Cabrera, Terrel Crispín, Vásquez Vargas y Bascones Gómez Velásquez sobre el recurso de nulidad N.° 948-2023 en la que se sostiene que “ corresponde inaplicar la Ley 32107, manteniendo la línea jurisprudencial histórica del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad como una norma de ius cogens anterior al Estatuto de Roma y a la Convención de Imprescriptibilidad, garantizando así el derecho a la verdad, la tutela de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano”.
Como ha señalado un grupo de expertos de las Naciones Unidas al expresar su preocupación por estos procesos “(l)a apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces por aplicar el derecho internacional de los derechos humanos socava gravemente la independencia judicial y representa un serio retroceso para el acceso a justicia de las víctimas.”
Se trata, en suma, de una inocultable acción de intimidación y persecución orquestada por el Congreso y ejecutada por la Junta Nacional de Justicia cuyas consecuencias pueden ser un serio debilitamiento de la independencia judicial y, por lo tanto, del Estado Constitucional de Derecho y de lo poco que queda de institucionalidad democrática en el Perú.
Expresamos nuestro reconocimiento y respaldo a los magistrados y magistradas independientes y honestos que son objeto de esta ilegal operación de represalias y alertamos a la sociedad civil y a la comunidad internacional sobre este nuevo y grave atentado contra la democracia.
