Se dice que tres semanas o casi un mes constituyen un tiempo demasiado breve como para exigir resultados al nuevo gobierno. Pero sí son un plazo suficiente para observar la manera cómo este asume sus responsabilidades. Y lo que se ha visto hasta el momento y se puede señalar sin incurrir en juicios prematuros es que su aproximación es improvisada y revela un precario conocimiento de los grandes problemas que enfrenta el país.
La primera señal de eso está en la sola composición del gabinete. Sin detenerse en la cantidad de ministros con acusaciones de diverso tipo, ha sido notorio desde el primer momento su falta de idoneidad para atender los problemas de sus respectivos sectores. En vez de buscar profesionales con experiencia y conocimiento específico de cada sector, se ha optado por el consabido reparto de ministerios según un criterio de cuotas o de pago de apoyos políticos. Eso es particularmente grave cuando el criterio se aplica a sectores de importancia crítica para la vida de la población, como los de Salud y del Interior, y para sectores de relevancia para la conducción general del Estado como el de Relaciones Exteriores y el de Defensa. Lo mismo cabe decir, evidentemente, de las elecciones hechas en materia de Justicia, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables y varias más. En estas últimas está en juego la capacidad del Estado de mantener y desarrollar sus mecanismos para dar garantías a los derechos humanos. Por lo demás, si los nombramientos ministeriales generaron una sensación de improvisación y falta de interés en atender los problemas principales, las designaciones de viceministros y directores confirmaron la misma impresión.
La presentación del gabinete ante la Cámara de Diputados tampoco ha dejado una idea distinta. En realidad, el mensaje llevado al Congreso no ha sido más específico y concreto que el ya ofrecido por Keiko Fujimori al asumir el mandato. Las propuestas sobre seguridad ciudadana -hoy en día una de las mayores inquietudes públicas y tema mayor de la reciente campaña electoral- difícilmente van más allá de la idea de militarizar al país. No ha sido más específica la propuesta para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño, a pesar de que el tema es predominante en el discurso cotidiano del gobierno.
Entre las diversas señales de esta falta de comprensión concreta de los problemas del país una de las más elocuentes en estos días es la estrambótica pugna entre los ministros de Justicia y de Cultura sobre la ubicación del Lugar de la Memoria (LUM). Como se sabe, el ministro de Justicia insiste en que el LUM debe estar en su sector o bajo control de las fuerzas armadas porque es un instrumento de la “lucha contra el terrorismo”. El ministro de Cultura ya ha dicho que debe quedarse en su sector, aunque con el fin de adulterar su contenido, y acaba de declarar algo que ilustra su radical desconocimiento del tema: dice que el objetivo del LUM es “lograr el perdón y la reunificación”. Lo cierto es que, entre las diversas formas de entender el sentido de este lugar de memoria, nunca se ha hablado de perdón (¿de quién hacia quién y sobre qué?), pero tal vez lo más extraño es que un ministro de Estado hable de “reunificación”, como si el país se hubiera dividido administrativamente por el conflicto armado interno. Pocas veces se había oído, no ya de una autoridad del Estado sino de alguna voz de la sociedad civil, otorgarle un estatus de tal envergadura a la guerra iniciada por Sendero Luminoso.
Todo esto revela una distancia abismal de la realidad del país, y eso, más allá de la polémica política, resulta sumamente peligroso. Son los derechos humanos de la ciudadanía los que están en juego cuando los encargados de administrar el Estado y de formular políticas públicas sobre temas urgentes revelan no solamente desconocimiento, sino también desinterés o indiferencia hacia las tareas que se les han encargado.
