Desde esta semana recorre la provincia de Condorcanqui, Amazonas, una misión de la Organización de Estados Americanos para estudiar la respuesta del Estado peruano a lo que debería ser reconocido como una de las mayores atrocidades en lo que va del siglo: la violencia sexual sufrida sistemáticamente por niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampi dentro del sistema escolar.
Las cifras de denuncias existentes varían según la entidad estatal que reporte, pero en términos generales rondan los 800 casos. Hasta ahora, salvo algunas reacciones institucionales específicas, como la creación de fiscalías para atender los casos, la respuesta del Estado ha oscilado entre la indolencia y el franco cinismo –esto último a cargo, nada menos, que de un ministro de Educación que dijo que la violencia sexual contra niñas había de ser entendida como un mandato cultural.
Por esa razón era necesaria la presencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y su recorrido anunciado por Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago para escuchar a la población y comprobar sobre el terreno qué tan diligentes, oportunas y efectivas son las respuestas del Estado.
En realidad, se puede descartar desde ya que las respuestas puedan ser calificadas de oportunas. Aunque las autoridades y funcionarios se refieren a estos hechos como si se tratara de una erupción sorpresiva de violencia sexual, en realidad estamos hablando de acciones que datan por lo menos de quince años atrás. Así, toda respuesta ya es por definición tardía y la responsabilidad del Estado por omisión está más que acreditada.
La evaluación que hará la misión de la OEA debe ser y será comprehensiva. El aspecto judicial, siendo imprescindible, no agota las aristas del problema. La situación demanda respuestas en términos de atención de salud (incluyendo, evidentemente, la salud mental), así como tareas de prevención y, por supuesto, una revisión crítica de la gestión de la política educativa.
Estos atroces hechos de violencia sexual en la escuela, que incluyen embarazos adolescentes y transmisión de VIH, deberían llevar, también, a detener la eliminación de las políticas de género y de educación sexual integral empezada por el Congreso pasado y sin visos de ser revertida en la actualidad. El informe que produzca el MESECVI debe ser acogido por las fuerzas democráticas de la sociedad civil y las que ahora existen en el Legislativo como una herramienta para recuperar enfoques y políticas indispensables para los derechos humanos en el país.
