El 2026 es el año en el que el Perú enfrenta las consecuencias de los planes de prevención inconclusos dejados por los distintos gobiernos.
Por Andrea Iturrizaga (*)
El Fenómeno El Niño no es un evento aislado ni impredecible. Se trata más bien de un ciclo climático conocido, cuya lógica explica Pierre Bailly, subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres del INDECI. “Para empezar, hay que distinguir entre el fenómeno global y el que afecta particularmente a nuestro país. El primero corresponde al calentamiento de las aguas en el Pacífico Central, mientras que El Niño, propiamente, es el calentamiento que ocurre en la zona ecuatorial, desde Ecuador hasta el centro y parte del sur del Perú”, señala.
Tiene que ver ―continúa Bailly― con el comportamiento de los vientos alisios, que normalmente soplan desde el este (zona de Brasil) empujando las aguas cálidas hacia el oeste. “Cuando estos vientos se debilitan, como está ocurriendo actualmente, pierden la fuerza necesaria para desplazar esa agua caliente, que termina acumulándose y estancándose frente al norte del país. Ese estancamiento es, según el especialista, el origen directo de momentos de calor intenso combinados con zonas donde contradictoriamente se siente frío”, añade.
Bailly concluye explicando que esas aguas cálidas se evaporan, generan nubosidad y favorecen lluvias en exceso, particularmente en la zona norte, mientras que en el sur del país el efecto es el opuesto: sequía. El subgerente también señala un patrón adicional: tras las lluvias, el cielo suele despejarse por completo, dando paso a días de «un sol esplendoroso».
Para el funcionario del INDECI, el punto central es la previsibilidad del fenómeno: «es un fenómeno recurrente (…) no es todos los años, pero sí es cíclico, y al ser cíclico tiene que haber prevención, porque no es que no sepamos «que va a ocurrir»». Esa afirmación —que el fenómeno es conocido y, por tanto, prevenible— es la base sobre la cual se sostiene el resto de esta investigación: si el ciclo es predecible, ¿por qué la prevención sigue fallando?
Desde el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) la mirada es clara: el problema no es la falta de información. El ingeniero José Luis Epiquién explica que la entidad elabora estudios de escenarios de riesgo que sirven como «diagnóstico territorial inicial», cruzando data de instituciones como el IGP, SENAMHI e INGEMMET para identificar qué zonas del país concentran mayor vulnerabilidad frente a lluvias intensas.
Sin embargo, los propios números que entrega CENEPRED exponen la brecha entre el diagnóstico y la acción: de las 1,915 entidades públicas del país —entre gobiernos regionales, provinciales y locales—, solo alrededor de 850 (un 45%) han elaborado planes de prevención desde que el proceso comenzó en 2017. Es decir, más de la mitad de las autoridades del país llevan casi una década sin formalizar un plan basado en la información técnica ya disponible.
Paul Maquet, desde CooperAcción, pone el foco en la causa estructural: la altísima rotación de funcionarios. Explica que, más allá de los cambios presidenciales, la rotación constante de ministros, viceministros y directores hace que el trabajo de prevención y seguimiento deba reiniciarse una y otra vez: «de repente ya lograste diseñar un plan y de pronto hay un nuevo funcionario de la noche a la mañana…es como empezar de cero».
El experto en comunicación política y periodismo ambiental menciona que el ordenamiento territorial es el problema más grave y el que menos se ha resuelto. Da dos ejemplos claros: primero, la Ley de Ordenamiento Territorial aprobada durante el gobierno de Dina Boluarte: dice que este instrumento es «no vinculante», es decir, en la práctica, es solo una recomendación que nadie está obligado a cumplir.
Segundo, el reglamento para construir puentes calcula el ancho de las zonas de protección junto a los ríos usando el caudal promedio de los últimos años, en lugar de tomar en cuenta las crecidas extremas que ocurren en fenómenos como El Niño. La conclusión de Maquet es directa: «estamos construyendo puentes que sabemos que en el próximo Fenómeno del Niño van a ser destruidos (…) estamos tirando plata al agua».
Desde la Ciencia Política, Pedro Ferradas —quien participó directamente en el diseño inicial de «Reconstrucción con Cambios», plan de prevención para El Niño del 2017— identifica la causa del fracaso recurrente de estos planes: la ausencia de un verdadero sistema institucionalizado de gestión de riesgos.
«No existe un mecanismo adecuado permanente», señala, y pone un ejemplo revelador: en un encuentro convocado específicamente para alcaldes de Lima, asistió uno solo; el resto de asientos los ocuparon jefes de Defensa Civil, muchos de los cuales, según Ferradas, ni siquiera habían asumido el nuevo enfoque de «gestión de riesgo» y seguían operando bajo la lógica antigua de «defensa civil».
Ferradas fue testigo directo de cómo se malogró «Reconstrucción con Cambios» desde su origen. Cuenta que él y otros especialistas propusieron en Palacio de Gobierno un enfoque de cuenca integral (alta, media y baja), pero el entonces presidente Kuczynski minimizó la propuesta al considerar que las lluvias de 2017 solo habían afectado la parte baja.
El resultado: «se pasaron años incorporando supuestamente estudios, pero ni una sola obra integral» hasta los últimos dos o tres años del plan. A esto se suma, dice, la desarticulación entre entidades como la Autoridad Nacional del Agua y los municipios, que se deslindan mutuamente de la responsabilidad sobre los cauces urbanos.
Sobre la gestión actual, Ferradas advierte que el discurso de la presidenta se ha concentrado en la emergencia inmediata, dejando de lado la reducción estructural del riesgo, la participación ciudadana y la descentralización. Cita un dato que confirma el patrón ya identificado en esta investigación: la propia Autoridad Nacional de Infraestructura, sucesora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ha denunciado en medios un recorte de más del 50% de su presupuesto para este año, en plena situación de emergencia.
Por último, la investigación de la arquitecta Liliana Miranda añade una idea que resume todo el argumento de esta nota: por cada dólar que no se invierte en prevención, hay que gastar entre 7 y 20 dólares en reconstrucción. Según sus proyecciones —basadas en datos del INDECI—, el fenómeno de El Niño 2026-2027 podría provocar más de 5,400 emergencias al mismo tiempo, dejar 430,000 viviendas afectadas y costarle al país entre el 3% y el 4% del PBI.
Al comparar esas cifras con las de El Niño de 1982-83 (12% del PBI) y de 1998 (6.3% del PBI), se ve que el impacto económico ha ido bajando con los años. Pero eso no significa que el problema esté resuelto: seguimos sin corregir la causa principal, que es la falta de continuidad en las instituciones encargadas de la prevención, algo que tanto Ferradas como Maquet señalan, cada uno a su manera.
(*) Integrante del Área de Comunicaciones del IDEHPUCP
