“Entonces, les estamos quitando el mes de junio”. Con esa expresión triunfal anunciaba la congresista Milagros Jáuregui el proyecto de ley para crear el Mes de la Vida y la Familia, que sería aprobado por el Congreso poco tiempo después, el día 11 de junio. Se refería, evidentemente, a que la intención de su proyecto no se limita a dar un enunciado oficial a su comprensión rústica y autoritaria del concepto de familia, sino que está pensado para desaparecer del Perú una fecha de relevancia mundial, el Mes del Orgullo, consagrado a relievar los derechos de las colectividades LGBTIQ+. No crear, sino destruir; no incluir, sino marginar; no celebrar, sino ofender: tal es la agenda y, más aún que eso, la cuadratura mental de los grupos de ultraderecha –pero también de cierta izquierda– que han secuestrado la política peruana en estos años.
Esto, por supuesto, no hace sino duplicar la importancia que el Mes del Orgullo ha de tener para los sectores democráticos de nuestra sociedad, aquellos que entienden la convivencia democrática como una experiencia de reconocimiento y respeto de los derechos de las diversas colectividades o sectores demográficos que la conforman. Y se trata de una importancia que hoy en día, más que en ningún otro momento de lo que va de este siglo, se traduce en una sensación de emergencia ante la arremetida regresiva en materia de género y diversidad sexual que ha emprendido el Congreso y que, con toda probabilidad, continuará durante el próximo periodo gubernamental y legislativo. Demostración y anticipo de ello es la ley mediante la cual el Congreso ordena desaparecer el enfoque de género en las políticas del Estado y, dentro de eso, principalmente, en el sistema educativo, para sustituirlo por una montaña de prejuicios oscurantistas.
Cabe recordar que el Mes del Orgullo simboliza una larga y difícil lucha por el reconocimiento durante la cual las colectividades LGBTIQ+ han conseguido relevantes avances, aunque nunca los suficientes, en materia de reconocimiento y garantía de derechos. Pero, en realidad, es erróneo plantear eso como un beneficio exclusivo de la población LGBTI. Si es ella la que ha dado la lucha y enfrentado los riesgos, es la sociedad entera la que se ha beneficiado al hacerse, así, más democrática, al ganar en decencia cívica y humanidad, y al aprender que es la diversidad de la vida, no la estrechez del dogma, lo que nos enriquece como especie.
Como se ha dicho ya, esos avances han sido relevantes, pero están lejos de ser suficientes, como nos lo recuerda el reciente informe de Sin Violencia LGBTIQ+, la red regional de organizaciones LGBTIQ+ de América Latina y el Caribe, según la cual durante 2025 se registraron 248 homicidios de personas LGBTIQ+ en diez países de la región. Detrás de esas cifras, que nos hablan en realidad de crímenes de odio, se encuentran no solamente los prejuicios irracionales, y potencialmente criminales, de un sector de la sociedad, sino también la negligencia de los Estados respecto de sus tareas de garantizar derechos, empezando por el derecho a la vida, de toda una categoría demográfica. Mitigar y desterrar esos prejuicios y hacer del Estado un efectivo garante de la ciudadanía en toda su diversidad, es precisamente lo contrario de lo que se está haciendo en la política peruana en estos tiempos, desde los dos extremos del espectro ideológico.
Con estas preocupaciones y convicciones en mente, dedicamos este número de nuestro Boletín semanal enteramente a resaltar diversos aspectos de la defensa de los derechos de la población LGBTQI+. Con esto queremos a la vez hacer una advertencia sobre el camino antidemocrático por el que se quiere enrumbar a nuestro país, resaltar las múltiples tareas urgentes en este dominio y reafirmar nuestro reconocimiento a colectividades que desde hace décadas libran una valiente lucha por sus derechos, los que equivalen, en realidad, a los derechos de toda la ciudadanía a vivir en una sociedad democrática e inclusiva.
