[Editorial] Paridad de género, una obligación

Hace poco más de un año, en julio de 2020, entró en vigor la ley que prescribe la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos a elecciones. Un año antes, en abril de 2019, se había aprobado la Política Nacional de Igualdad de Género. Al enunciar la situación deseada hacia 2030 esta política establece: “Al 2030 se reducirá la discriminación estructural que afecta a las mujeres, lo cual se reflejará, entre otros, a través de los siguientes indicadores: i) la reducción a 36,8% de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres; ii) la incorporación del enfoque de género en la gestión institucional del 100% de los ministerios; iii) la reducción a 2,4% del porcentaje de mujeres víctimas de violencia física y/o sexual, en relaciones de pareja, en los últimos 12 meses; iv) el incremento de las mujeres congresistas a 40% y de las mujeres alcaldesas a 20%, y v) el aumento de la tasa de paridad de los ingresos de mujeres y hombres al 86,8%.”.

Si bien esa política no se refiere explícitamente a la participación de mujeres en el Poder Ejecutivo y, en particular, en el gabinete de ministros, se puede decir que también ahí había una tendencia favorable, sustentada sobre todo en la voluntad política. Así, como se resalta en una nota que presentamos en esta edición del Boletín de IDEHPUCP, en el último quinquenio hubo positivos avances en la materia. El expresidente Martín Vizcarra nombró un gabinete compuesto por mujeres en casi un 40 por ciento. El gabinete de ministros con el que trabajó el expresidente Francisco Sagasti se acercó un poco más a la paridad al contar con 42% de ministras. Hoy, como se sabe, el gabinete conformado por el presidente Pedro Castillo, el cual solicitará el voto de confianza del Congreso esta semana, solo incluye a dos mujeres de entre dieciocho ministros –una de las cuales, es la vicepresidenta Dina Boluarte, lo que significa que, aparte de ella, quien ya era parte del equipo de gobierno, solo ha sido convocada una mujer, la ministra Anahí Durand. Eso marca el punto más bajo de representación de mujeres en el Ejecutivo en dos décadas, como lo señaló una nota de este Boletín publicada semanas atrás.^[1] En 2001, Alejandro Toledo anunció un gabinete con solo 6% de mujeres. En 2006, Ollanta Humala convocó un equipo ministerial con solo un 17% de ministras. El gabinete de hoy llega a apenas el 11%.

Está en el aire desde hace unos días la hipótesis de que puede haber cambios en el gabinete antes de la presentación en el Congreso. Nada de eso está confirmado. En todo caso, la discusión se centra, comprensiblemente, en los problemas que tiene el actual equipo debido a la falta de idoneidad profesional o moral de varios de sus integrantes –sin ignorar, por supuesto, que en esta discusión también está presente la intolerancia de varios grupos del Legislativo y los vetos ideológicos que podrían imponer.

En el marco de esa discusión, sería provechoso que se pusiera también sobre la mesa el serio retroceso que estamos presenciando en materia de paridad de género. Este es un tema que una buena parte de las autoridades o representantes políticos no llegan a entender cabalmente. Promover la paridad de género es una obligación internacional del Estado peruano y es una cuestión esencial de derechos –como el derecho a la participación política en general y el derecho a tomar parte en la toma de decisiones—pero también es una necesidad política y social que se vincula con la legitimidad de las acciones de un Estado e incluso con la efectividad de sus políticas.^[2]

Respetar y promover la democracia, como es el deber de todos los que ejercen funciones de gobierno, no significa solamente abstenerse de atropellar instituciones; implica respetar los derechos de la ciudadanía y adoptar acciones que garanticen el ejercicio de esos derechos y que promueven la equidad respecto de esos derechos que son ejercidos desigualmente. Difícilmente se avanzará en esa dirección, aun teniendo un ministerio dedicado a promover los derechos de la mujer y de las poblaciones vulnerables, si desde la cúspide el poder político se mantiene una señal tan claramente adversa.