El expediente del caso fue derivado por sorteo hace una semana al colegiado “B” presidido por el ex presidente de la Corte Superior de Ayacucho, César Prado Prado, e integrado por las juezas Rosa Bendezú y Miluska Cano López, quien debió apartarse del caso ya que intervino en la etapa previa de la investigación, en su lugar ingresó la jueza María Vidal la Rosa Sánchez del colegiado “A”.
De los seis colegiados que conforman la Sala, dos son los que ven casos de derechos humanos ya que los demás se encargan de juzgar otro tipo de delitos. Posteriormente, Prado solicitó a la coordinadora de la SNP, Inés Villa Bonilla, que realizara un nuevo sorteo ya que, según publica el diario La República, el doctor Prado habría argumentado al respecto no encontrarse capacitado para dirigir un juicio bajo presión de la opinión pública, los intereses políticos y la prensa.
La doctora Villa Bonilla se negó por lo que el magistrado debiera seguir el trámite judicial correspondiente. Actualmente, además, la jueza Bendezú ha manifestado su deseo de apartarse del juicio recordando que cuando sucedieron los hechos en El Frontón su esposo era juez penal del Callao y había tramitado un habeas corpus solicitado por familiares de uno de los presos.
La acusación alcanza a cuatro oficiales y unos 20 suboficiales de la Marina, aún está por confirmar si se incluirá a los mandos de los oficiales y al ex presidente Alan García. Mientras tanto, los jueces se inhiben de ver el caso y el presidente del Poder Judicial no resuelve si acepta o rechaza las solicitudes de los magistrados para apartarse del juicio. Y, hasta que esto suceda, es decir; que sean definidos los jueces, la acusación fiscal continúa sin ser notificada.
