Con el fin de contribuir al análisis de los principales desafíos que enfrenta la comunidad internacional, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) respondió a la convocatoria de aportes realizada por el Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas. Esta iniciativa busca recopilar información para un próximo estudio temático, que estará dedicado a examinar las obligaciones de los Estados en materia de paz y seguridad y su relación con el pleno goce y ejercicio del derecho al desarrollo, así como los deberes de los actores no estatales y las buenas prácticas desarrolladas en este ámbito durante los últimos años.
La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Pacto por el Futuro y el Proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo destacan la estrecha relación entre la paz, la seguridad y la realización del derecho al desarrollo. Estos instrumentos reconocen que garantizar la paz y la seguridad internacionales constituye una condición indispensable para el disfrute de los derechos humanos y asignan a los Estados la responsabilidad de cumplir sus obligaciones en esta materia, mientras que los actores no estatales deben orientar sus acciones a su respeto y promoción. En un contexto en el que las amenazas a la paz y la seguridad internacionales ya no se limitan a cuestiones de defensa nacional o de índole militar, resulta fundamental identificar los nuevos desafíos que enfrentan los Estados para definir el alcance de sus obligaciones desde esta perspectiva ampliada.
En ese marco, la contribución del IDEHPUCP responde a la interrogante planteada por el Mecanismo sobre los efectos que un grave fenómeno regional —el crimen organizado— ha tenido sobre el derecho al desarrollo en los últimos años. Con base en la evidencia disponible sobre el caso peruano, el informe sostiene que la expansión del crimen organizado constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en los términos reconocidos por el Consejo de Seguridad, y emplea los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco analítico para evidenciar cómo este fenómeno erosiona las condiciones materiales necesarias para el ejercicio del derecho al desarrollo.
El estudio presta especial atención al impacto diferenciado que las economías ilícitas y la violencia asociada generan sobre grupos en situación de vulnerabilidad, con ejes como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de economías ilícitas, la violencia de género asociada al crimen organizado y la trata y explotación de personas migrantes. Asimismo, advierte que determinadas respuestas estatales frente a este fenómeno, cuando se adoptan al margen de los estándares internacionales de derechos humanos, pueden contribuir al debilitamiento institucional y profundizar las brechas que buscan reducir.
Para conocer en detalle las observaciones formuladas y las conclusiones del estudio, invitamos a consultar el informe completo del IDEHPUCP en el siguiente enlace.
