Por Kathy Subirana Abanto (*)
La presentación del gabinete encabezado por Luis Galarreta ante el Congreso ha generado opiniones divididas, en línea con las reacciones que despierta el inicio del gobierno de Keiko Fujimori. Mientras algunos sectores destacan que estamos frente a un Ejecutivo más visible y activo tras años de inestabilidad política, otros cuestionan la falta de claridad en las prioridades del gobierno, las contradicciones entre su discurso y su actuación previa en el Congreso, así como su capacidad para enfrentar desafíos urgentes como la criminalidad y el fenómeno de El Niño.
Para analizar este primer momento del nuevo gobierno conversamos con Eduardo Dargent, politólogo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e integrante de la Asamblea de Miembros del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), quien reflexiona sobre la presentación del gabinete, los retos del fujimorismo frente a la seguridad ciudadana, la institucionalidad del Estado y las dificultades de gobernar un país marcado por años de inestabilidad política.
¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de la presentación de Luis Galarreta en el Congreso?
Esperaba más precisión de un premier que ha estado muy callado durante estos días. Sobre todo, esperaba una línea mucho más clara respecto de qué es lo que se va a hacer. Me parece que la presentación confirma que estamos ante un gobierno al que le está costando ejercer la autoridad y la conducción que predicaba antes de llegar al poder. Llegaron con la idea de que traerían orden y tenían experiencia. Sin embargo, incluso antes de la discusión sobre autoritarismo y democracia —que es una discusión completamente válida e importante por los antecedentes del fujimorismo— ya había un grupo amplio de personas que advertía que el principal problema del fujimorismo sería gobernar.
Hace muchos años que no están en el Ejecutivo. Durante ese tiempo construyeron discursos muy críticos, pero sin contar necesariamente con personas que conozcan cómo se maneja un Estado que hoy es mucho más complejo, que tiene capacidades distintas a las de hace 20 o 30 años y que exige habilidades específicas. El fujimorismo llegó a gobernar con un grupo político que incluía personas que no tenían experiencia reciente en el Ejecutivo y que se había vuelto extremadamente politiquero en el Congreso.
Y hay una contradicción evidente, pues parte de los problemas de gobernabilidad del país nacen del crecimiento del poder del Congreso y de la atención a diversos grupos de interés. Dos temas donde el fujimorismo ha tenido mucho que ver. En su búsqueda de impunidad y de evitar determinadas persecuciones penales particulares, debilitó áreas del Estado que eran fundamentales para luchar contra la criminalidad. Lo mismo pasó con reglas de meritocracia en el Estado que hoy califican de “caviares” pero que ellos mismos promovieron para proteger ciertos cargos que no querían que fueran removidos. Por ejemplo, elevar requisitos para impedir que Pedro Castillo pudiera realizar determinados nombramientos. Ojo, muchas de esas medidas podrían ser correctas, pero entonces no se puede sostener que el problema, que todos los problemas, tienen que ver exclusivamente con otros. Ellos ayudaron a construir este enorme nudo institucional que hoy hace mucho más difícil gobernar. Estamos viendo a un gobierno enfrentarse al reto real de gobernar un país que ellos mismos ayudaron a complicar.
Hay un tema adicional que me parece importante. Los anuncios sobre el pedido de facultades sorprendieron porque iban, en cierta medida, a contramano del discurso presidencial y luego quedaron prácticamente suspendidos. No queda claro cuáles serán las prioridades, cuáles son los temas centrales y, finalmente, qué facultades pedirán y cuáles no. Eso también transmite una sensación de improvisación.
Sin embargo, también creo que hay algo que los beneficia, y es el hecho de tener una presidenta activa y ministros que dan la cara y ofrecen declaraciones, pues marca un contraste muy fuerte con lo que hemos vivido en los últimos años.
¿Y cómo evalúas específicamente la figura de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros?
Me ha sorprendido el bajo nivel de liderazgo que ha ejercido. No sé si está esperando construir un nuevo tipo de liderazgo o si ha decidido darles mayor protagonismo a algunos ministros, pero uno esperaba de Galarreta una conducción mucho más clara. Lo que vemos es casi una sombra entre la presidenta y los ministros más mediáticos. Quizá está buscando un perfil determinado o quizá todavía está desbordado por la situación, pero sí me parece que el liderazgo del premier ha sido bastante débil en este primer momento.
Hablaste del Congreso anterior y del poder que acumuló el Parlamento. Por ahora, el fujimorismo aún se distancia y quiere minimizar su participación en ese periodo y maneja un discurso en el que culpa a “los caviares” de casi todos los males del país. ¿Hasta dónde podrán sostener este argumento si en esta oportunidad sí existe una oposición más activa en el Congreso, como parece que sucederá?
Creo que es un discurso bastante difícil de sostener porque las inconsistencias son muy evidentes. No estamos hablando de un actor lejano al Poder Ejecutivo, sino de actores parlamentarios que apoyaron clara y sostenidamente a un Ejecutivo profundamente impopular.
No creo, por ejemplo, que se sostenga cuando se enfrente a reclamos que obedezcan a expectativas ciudadanas ante problemas que el gobierno no puede resolver. Puede ser la criminalidad, puede ser el fenómeno de El Niño o puede ser un escándalo de corrupción. Entonces, el gobierno empieza a quedar contra las cuerdas mucho más rápido de lo esperado. Los desafíos que aparezcan van a estar vinculados a lo que fue un Congreso que no solo fue obstruccionista, sino que además toleró gabinetes muy mediocres y presionó para tener ministros sin el peso suficiente. Por eso es difícil decir: “Yo recién llegué y tengo que empezar de cero”. Existe una continuidad que se les va a recordar constantemente.
El gobierno habló de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y de fortalecer la gestión del riesgo. Sin embargo, con el fenómeno de El Niño prácticamente encima, el ministro de Agricultura declaró que no existe un plan específico. ¿Será esta situación la que ponga al Ejecutivo contra las cuerdas?
Podría convertirse en un problema peligroso para su imagen. Creo que todavía estamos a tiempo de hacer cosas y decir lo contrario sería fatalista. Los dos grandes temas del discurso presidencial fueron la criminalidad y el fenómeno de El Niño, y uno de ellos seguramente golpeará al gobierno durante estos primeros meses, que deberían ser los meses de mayor capacidad para plantear agendas y mostrar resultados. La respuesta del ministro de Agricultura es preocupante. Lo que veo hasta ahora es bastante precario. A pesar de que buena parte de la prensa no ha sido especialmente crítica, existe una población que observa rápidamente el desempeño de los gobiernos y que, si seguimos los antecedentes, también pierde la paciencia con bastante rapidez.
Otro de los ejes del discurso fue la seguridad ciudadana. ¿Cómo evalúas esa postura? ¿La ves coherente con lo que dijeron en campaña? Llama la atención la respuesta que han tenido frente al paro de transportistas, donde la negociación pasó por reducir multas mientras los gremios reclamaban por las extorsiones y asesinatos.
Sí, pero ahí creo que estamos viendo bastante continuidad con la forma en que se ha negociado históricamente con los transportistas. No hay algo particularmente novedoso. Los gremios colocan determinadas demandas sobre la mesa y luego la negociación termina desplazándose hacia otros temas.
Un aspecto problemático —y esto sería válido para cualquier gobierno— es que estamos hablando de un tema con un enorme impacto mediático y una solución necesariamente lenta. Recuperar capacidades para desarticular bandas criminales, mejorar la inteligencia policial y fortalecer instituciones requiere tiempo y decisiones políticas profundas. Pero eso viene con un costo, porque si fortaleces verdaderamente a la Policía y creas organismos autónomos menos corruptibles, esos mismos organismos también podrán investigar a políticos y a sus propios aliados. Ese ha sido uno de los grandes problemas del Perú en estos años. En su lucha por la impunidad o por obtener beneficios para distintos sectores que lo respaldaban, el Congreso debilitó instituciones del Estado. Y ahora, una verdadera agenda de lucha contra la criminalidad exige exactamente lo contrario: fortalecerlas.
Ahora, no olvidemos que el fujimorismo ha sido un actor que impulsó agendas claramente autoritarias y que, si eventualmente se siente amenazado o pierde popularidad, podría refugiarse nuevamente en esas posiciones más duras; pero también creo que la experiencia de los últimos años demuestra que el populismo penal ya no alcanza. Ya vimos militares en las calles, aumento de penas, amenazas de trasladar internos a determinadas cárceles y una serie de medidas impulsadas durante gobiernos anteriores. La ciudadanía ya se acostumbró a ese tipo de anuncios porque las cosas no cambiaron sustancialmente. En otro país, quizá un gobierno nuevo, con mayor prestigio y popularidad, podría utilizar el populismo penal para administrar mejor la información y ganar tiempo político. Me parece que en el Perú ese recurso está bastante agotado.
Las medidas que realmente funcionan son mucho más consistentes: políticas articuladas, sostenidas en el tiempo y orientadas a la desarticulación de organizaciones criminales y a la sanción efectiva de sus actividades. Ahí está el verdadero reto: determinar si la presidenta Fujimori está dispuesta a impulsar ese tipo de transformaciones, considerando la conducta que tuvo su bancada durante el Congreso anterior.
Para la sociedad civil y las personas que trabajamos en políticas públicas es fundamental proteger la calidad de las cifras sobre criminalidad. Debemos asegurarnos de que los registros continúen elaborándose con criterios consistentes para poder seguir adecuadamente la evolución del problema. Pienso, por ejemplo, en el Sinadef y en la importancia de mantener o mejorar los mecanismos de registro de muertes. Lo que no debería ocurrir es que un gobierno intente modificar la forma en que se contabilizan determinadas cifras para construir artificialmente una narrativa de éxito.
Teniendo en cuenta que el fujimorismo carga con determinados antecedentes, con determinados aliados y, además, con un grupo de conversos ―neofujimoristas, podríamos llamarles― que antes fueron opositores, ¿crees que era posible que el Gabinete Galarreta fuera presentado de mejor manera?
Creo que es complejo, justamente por lo que dices. Existe un estilo y una forma de hacer política que vienen de antes. El fujimorismo tiene una ideología y una determinada manera de entender la política, pero siempre existe espacio para construir consensos alrededor de políticas públicas que tendrán impacto sobre toda la población.
Yo creo que Galarreta podría haber presentado el gabinete de otra manera. Hay algo que personalmente me incomoda mucho y es este discurso permanente de que el problema es el Estado, que el problema son los funcionarios y que prácticamente todo se explica por la burocracia estatal. Todos estamos de acuerdo en que existe corrupción y enormes problemas dentro del Estado, eso es evidente. Pero también sabemos que muchas veces aquello que corrompe al Estado proviene de actores privados que corrompen a funcionarios y políticos para obtener beneficios.
La presentación me pareció bastante arrogante, y esa arrogancia puede volverse todavía más evidente si no viene acompañada de resultados o de la construcción de un rumbo claro hacia adelante. Creo que debió apostar por una manera distinta de presentarse más allá de acudir a las batallas de la guerra cultural y a toda la parafernalia que suele rodear el debate político y que no sirve para resolver problemas complejos.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
