Erika Guevara: “Las personas LGBTIQ continúan enfrentando diversas formas de exclusión derivadas por la omisión de los Estados para garantizar sus derechos y responder a sus necesidades”

Por: Juan Takehara

A finales del mes de junio, han sido diversas las organizaciones y empresas peruanas que se sumaron al apoyo de la comunidad LGTBIQ+ con distintas actividades y acciones. En paralelo, se publicó una encuesta donde al menos 1,7 millón de peruanos se consideran no heterosexuales, es decir un 8% de la población total. Entre los principales problemas que encontraron fueron la elevada discriminación, falta de apoyo en temas de salud y problemas legales para ser aceptados por su identidad. Para saber cómo se vienen dando los avances en materia legislativa y políticas públicas en comparación con la región, conversamos con Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Algunos países de la región han registrado algunos avances legislativos y en materia de política pública para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Recientemente, por ejemplo, Costa Rica reconoció legalmente del matrimonio igualitario, y se convirtió en el primer país centroamericano que avanza en el camino correcto. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región los desafíos pendientes y las deudas históricas son mayores. En Perú, la reciente encuesta realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos demuestra que falta mucho por avanzar para eliminar la discriminación, estigma y violencia en contra de las personas LGBTIQ+. 71% de los encuestados respondió que las personas LGBTIQ+ son las más discriminadas en el país. Asimismo, un 37% respondió que estaría “poco o nada” dispuesta a contratar a una persona trans y un 30% “poco o nada” dispuesta a contratar a una persona homosexual. Esas cifras, así como el hecho de que las personas trans tengan que someterse a procesos judiciales para cambiar su nombre y sexo en el Documento Nacional de Identidad, entre otros obstáculos, muestran que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad real en el país.

Las personas LGBTIQ+ en la región continúan enfrentando diversas formas de exclusión, desigualdad y violencia derivadas en gran medida por la omisión sistemática de los Estados para garantizar sus derechos y responder a sus necesidades. Asimismo, no podemos ignorar que, en el contexto actual de pandemia, las personas LGBTIQ+ están en mayor riesgo de ver sus derechos vulnerados ante la incapacidad de los gobiernos de responder de manera integral a un conjunto de retos complejos que exacerban las desigualdades y las problemáticas sociales. Con los gobiernos de la región volcados a responder a la emergencia sanitaria por el COVID-19, en Amnistía Internacional observamos con preocupación que se deje al margen el establecimiento de mecanismos que garanticen políticas y programas de atención integral a las personas LGBTIQ+ en un contexto tan adverso. En materia de derecho a la salud, la pandemia del COVID-19 ha mermado la capacidad de los sistemas de salud para brindar atención médica y hospitalaria integral y oportuna a todas las personas, y en este contexto las poblaciones en situación de vulnerabilidad como las personas LGBTIQ+ son quienes enfrentan en mayor grado el impacto de la pandemia. Tal es el caso, por ejemplo, de la falta de atención y provisión de terapias de reemplazo hormonal para personas trans, quienes, al no contar con espacios seguros y atención oportuna para su seguimiento médico, han tenido que suspender sus tratamientos hormonales. En este sentido, son muy contados los ejemplos en la región que cuentan con áreas especializadas dentro de las instituciones médicas que garanticen un espacio seguro y diferenciado para las necesidades de la población trans. En paralelo, gran parte de los servicios de salud sexual han sido suspendidos ante la falta de capacidad de atención en los centros de salud y el riesgo que supone para las personas tener que acudir a una cita médica que no esté relacionada con COVID-19. Sin embargo, ha sido notable la falta de planes emergentes para el diagnóstico, atención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, así como para brindar información sobre salud sexual para personas LGBTIQ+. En este sentido, en muchos países de la región se han reportado casos de desabastecimiento y falta de oportunidad de tratamiento antirretroviral para personas que viven con VIH — otra pandemia que desde hace casi cuatro décadas ha afectado de manera significativa a hombres gays y mujeres trans en la región. Aunado a esto, no podemos omitir que la persistente discriminación en la atención a la salud basada en la orientación sexual y la identidad y expresión de género coloca a las personas LGBTIQ+ en una situación de mayor riesgo ante el COVID-19.

El reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú es un tema pendiente en la agenda de derechos humanos desde 2003, cuando se llevó al Congreso la primera propuesta en este sentido. Sin embargo, además del matrimonio igualitario, el Estado Peruano debe adoptar diversas leyes y medidas que garanticen los derechos e integridad de las personas LGBTIQ+ en el país, tales como una ley de identidad de género, una ley para evitar y sancionar los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (ECOSIG), medidas para la correcta y completa documentación de los casos de discriminación y crímenes de odio en contra de personas LGBTIQ+, así como medidas de orden jurídico y de observancia nacional para incorporar la educación integral en sexualidad en el currículo escolar.

En el caso específico del matrimonio igualitario, es importante poner en perspectiva que al garantizar este derecho el Estado no sólo estaría reconociendo el que las personas LGBTIQ+ pueden elegir a quién deciden amar y con quien deciden vivir, sino que también se abriría un abanico de garantías y beneficios colaterales y de orden jurídico para las parejas del mismo sexo en términos de la seguridad social, salud, pensión y determinaciones testamentarias.

En el Perú como en muchos otros países de la región, la falta de una ley de identidad de género afecta al pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTIQ+. Esto sucede de manera más acentuada con los derechos de las personas trans, quienes, al no tener una garantía del pleno reconocimiento de su identidad, carecen de los mismos derechos y oportunidades que los demás ciudadanos para acceder a una fuente formal de empleo digno, es decir, un empleo que le permita acceder a medios esenciales de vida, derechos a la seguridad social y al pleno goce del derecho a la salud.

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de comunicar de manera ética, sensible y correcta sobre temas o notas relacionas con las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas. Como bien lo menciona, el enfoque que muchos medios de comunicación utilizan para referirse a las personas LGBTIQ+ sigue teniendo connotaciones negativas, discriminatorias, estigmatizantes y, en muchas ocasiones, sensacionalistas. La falta de sensibilización de las y los periodistas sobre temas de diversidad sexual, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, es la principal barrera para romper el ciclo de normalización de la discriminación y la violencia hacia personas LGBTIQ+ en los medios. Es necesario que los medios de comunicación adopten lineamientos y recomendaciones sobre la manera de comunicar notas relacionadas con temas de género y diversidad sexual. Deben asegurar además que todo el personal reciba capacitaciones y dinámicas de sensibilización sobre estos temas.

De manera más específica, el uso del lenguaje inclusivo debe estar basado sobre una correcta comprensión de los conceptos de identidad de género, expresión de género y orientación sexual; eso permitiría referirse a las personas según su identidad dentro del diverso mundo LGBTIQ+. En términos del abordaje de la violencia que sufren las personas LGBTIQ+, es importante evitar la revictimización de la persona, vinculada con un interés morboso entre la audiencia y un tratamiento mediático que desenfoca por completo el hecho mismo. Es común, por ejemplo, que la gran mayoría de asesinatos de personas LGBTIQ+ sean comunicados como crímenes pasionales cuando en la realidad tienen lugar en la homo-lesbo-bi-trans-fobia por parte del homicida. Por ello, es necesario contextualizarlo dentro de los términos y parámetros legales de un crimen de odio, independientemente de que el país tenga o no tenga leyes específicas que garanticen esta clasificación.