Ernesto De La Jara ha dedicado más de tres décadas a reflexionar, enseñar y promover reformas en el sistema de justicia peruano. Abogado, fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL) y docente universitario, acaba de publicar “El curso de la justicia”, un libro de acceso libre que busca acercar al público general a un ámbito que suele percibirse como complejo y reservado para especialistas. En 322 páginas se reúnen explicaciones teóricas y prácticas que acuden también a decenas de recursos audiovisuales que ayudan a explicar el funcionamiento de instituciones clave como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
En esta entrevista, De La Jara explica las razones detrás de una apuesta pedagógica que combina texto y multimedia, reflexiona sobre el momento que atraviesa la justicia peruana y advierte sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta la independencia de las instituciones. También reivindica el papel de la sociedad civil, las universidades y el periodismo en la defensa de la democracia y el Estado de derecho en un contexto de creciente incertidumbre política.
“El curso de la justicia” es un libro que apela a un lenguaje sencillo para abordar diversas aristas sobre el derecho y la justicia. Eso es bueno en este momento porque necesitamos comprender mejor las especificidades del derecho y de la justicia, pero ¿por qué decidió no apostar por un lenguaje más académico o especializado?
Quería que quienes no son abogados ni especialistas en justicia o derecho pudieran introducirse en este enorme mundo y entender qué es el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional o la cultura jurídica. Pero también quería que quienes ya conocen estos temas pudieran profundizar y debatir. Un abogado especialista puede entrar al libro y discutir, por ejemplo, mi opinión sobre lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional. Yo planteo preguntas como si es necesario o no un Tribunal Constitucional, reviso su historia en el Perú y analizo sus decisiones. Eso puede interesar tanto a una persona que recién se acerca al tema como a alguien con formación especializada.
Por eso el libro se llama El curso de la justicia. Tiene una intención pedagógica, aunque no sea un curso propiamente dicho. Se basa en buena medida en los cursos que he dictado durante más de 35 años sobre justicia y anticorrupción, en Estudios Generales Letras, Derecho, Ciencia Política y diversas maestrías. He tratado de hacerlo asequible, sin renunciar a la profundidad.
También me llamó la atención que el libro sea de libre acceso. No es frecuente que los propios autores publiquen su trabajo de manera abierta.
Ojalá lo pirateen, lo copien y lo difundan, aunque obviamente no estoy a favor de la piratería. Entiendo perfectamente a quienes publican libros para obtener ingresos; es completamente legítimo. En mi caso, no escribí este libro con ese objetivo. Tras muchos años como profesor sé que, si no facilitas el acceso a la lectura, mucha gente simplemente no llega a los textos. Si quiero que lean, tengo que ponerles el material al alcance de la mano. Por otro lado, el libro tiene más de 300 páginas y más de 50 enlaces audiovisuales. Una edición impresa habría sido muy limitada y costosa. En cambio, en formato digital puede llegar a miles de personas. Durante la campaña electoral ingresaron más de cuatro mil lectores.
Creo que la lectura sigue siendo fundamental, pero quise complementarla con material audiovisual. Hay clases mías, conferencias de invitados y recursos que enriquecen la experiencia.
¿Qué tipo de materiales audiovisuales incorpora?
Hay alrededor de veinte clases de profesores invitados y más de treinta videos realizados por estudiantes de distintos cursos. Los trabajos abordan casos emblemáticos como Utopía, Cuellos Blancos, Magaly Medina, Paolo Guerrero, la corrupción durante el fujimorismo y muchos otros temas. También incluyo exposiciones de personas que considero referentes de ética profesional y compromiso democrático. Han participado periodistas, jueces, fiscales y académicos que han destacado por su trayectoria.
El libro funciona como una enciclopedia interactiva, entonces.
El libro está organizado de manera que el lector pueda consultarlo por temas específicos. Lo concebí para que también funcione como una especie de enciclopedia. Si alguien quiere entender qué es el Ministerio Público, entra a ese capítulo. Si quiere conocer el papel de la Corte Suprema, del periodismo de investigación o de la sociedad civil en la justicia, encuentra apartados específicos.
Además, abordo aspectos de cultura jurídica que suelen pasarse por alto, como el machismo, el racismo o la discriminación. Todo eso influye en cómo actúan jueces, fiscales, abogados y autoridades. Cada capítulo explica primero qué es una institución o concepto y luego analiza sus problemas, desafíos y controversias. Mi interés es que el lector pueda comprender cómo funcionan realmente estas instituciones y formarse una opinión propia.
Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, reviso cómo fue elegido y cuáles han sido algunas de sus principales sentencias. Cito informes de observación internacional sobre el proceso de selección y analizo decisiones que han tenido gran impacto político y jurídico. Lo importante es que cualquier posición esté bien fundamentada. Si alguien llega a conclusiones distintas de las mías, perfecto, pero debe hacerlo sobre la base de información y argumentos.
Usted ha señalado la necesidad de construir un frente democrático, pero esta propuesta se ha mencionado antes también. ¿Cree que eso es realmente posible?
Es difícil, pero creo que sí es posible. La historia reciente demuestra que no todo ha sido fracaso. Durante la crisis del año 2000 parecía imposible revertir la situación política y, sin embargo, se produjo una movilización democrática que terminó provocando cambios muy importantes. Hoy existe un enorme descontento ciudadano con las instituciones políticas. Eso puede convertirse en una oportunidad para construir una alternativa basada en valores democráticos, derechos humanos, lucha anticorrupción y sensibilidad social.
La oposición democrática debe actuar dentro de las reglas democráticas, pero también debe ser firme en la defensa de esos principios.
¿Qué papel puede desempeñar la Academia en ese contexto?
Un papel fundamental. Siempre he sostenido que las universidades no pueden desentenderse de los problemas de actualidad. No se trata de imponer posiciones, sino de promover el análisis y el debate. A menudo pregunto a mis estudiantes quién es el presidente del Poder Judicial o quién ocupa determinados cargos clave en el sistema de justicia. Muchas veces el desconocimiento es enorme. Eso revela la necesidad de fortalecer la formación ciudadana. La universidad debe ser un espacio donde se discutan los asuntos públicos con rigor y libertad.
Para cerrar, ¿cómo puede responder la sociedad civil a lo que usted considera una captura progresiva del sistema de justicia?
Primero hay que entender qué es la sociedad civil. Es todo aquello que no forma parte del Estado pero que tiene algún nivel de organización: universidades, medios de comunicación, gremios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones de derechos humanos y muchas otras instituciones.
La sociedad civil cumple un papel decisivo porque puede monitorear, denunciar, debatir y generar propuestas. Ya lo ha hecho en momentos muy difíciles de nuestra historia. Creo que hoy necesitamos más vigilancia ciudadana, más periodismo de investigación, más debate académico y más articulación entre instituciones comprometidas con la democracia.
Las universidades, los medios y las organizaciones sociales pueden contribuir creando espacios permanentes de seguimiento y análisis sobre las decisiones que afectan la independencia de jueces y fiscales. Cuando las instituciones son capturadas o debilitadas, la sociedad civil se vuelve aún más importante.
