Una de las principales conclusiones a las que llegaron es que se requiere información actualizada y bases de datos confiables con los cuales se visibilice la magnitud del delito de la trata. Así, el Estado debería asumir su obligación a nivel de presupuesto y dificultades en la implementación de sus lineamientos de trabajo contra estos delitos.
Nacional 18 de junio de 2017
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