En un esfuerzo por abordar el problema de la influencia indebida sobre los sistemas de justicia, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) ha respondido a la convocatoria a presentar aportes realizada por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite. Esta convocatoria busca recopilar información para el próximo informe temático de la Relatora, el cual examinará la influencia indebida de actores económicos en los sistemas judiciales, y será presentado durante el 79° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (octubre de 2024) con el propósito de analizar y proponer soluciones a este desafío.
La convocatoria surge como respuesta a una creciente amenaza a la integridad de los sistemas judiciales globales. En ese sentido, la independencia judicial, pilar fundamental del derecho y crucial para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, se ve cada vez más comprometida por la influencia de poderosos actores económicos. Sobre el particular, en su último informe, la Relatora expresó preocupación por los efectos potencialmente distorsionadores del poder económico sobre esta independencia, una inquietud compartida por organizaciones de la sociedad civil que advierten sobre el riesgo de «apropiación»[1] del poder judicial por élites empresariales[2]. Es una situación preocupante, pues tales efectos no solo afectarían a la imparcialidad de las decisiones judiciales, sino que también erosionarían la confianza pública en la justicia y obstaculizarían la labor de jueces y juezas como protectores de los derechos humanos y garantes del debido proceso.
En este contexto, el informe del IDEHPUCP ofrece respuestas a la interrogante planteada por la Relatora respecto a si existe el riesgo de que las empresas, los grupos de interés económico o las personas adineradas socaven la independencia de los jueces, y qué formas adopta este riesgo; particularmente, en el contexto peruano. Con este propósito, el documento analiza el marco normativo nacional que garantiza la independencia y protección de los jueces, e identifica los principales factores de riesgo, como la alta tolerancia a la corrupción y la inestabilidad en los cargos públicos judiciales. Para ilustrar la magnitud del problema, se examinan tres casos emblemáticos: Vladivideos, Clan Orellana y Cuellos Blancos del Puerto. Estos ejemplos revelan diversos mecanismos de presión que comprometen la imparcialidad judicial y erosionan la confianza pública en el sistema de justicia, demostrando cómo actores económicos han influido indebidamente en el poder judicial peruano.
Para conocer en detalle las observaciones formuladas y las conclusiones alcanzadas, invitamos a revisar el informe completo del IDEHPUCP sobre la influencia indebida de los actores económicos en el sistema de justicia peruano.
Puede acceder al informe completo aquí.
[1] Esta «apropiación» implica la dominación del interés público por intereses privados específicos, resultando en acciones estatales que benefician principalmente a actores privados en detrimento de la sociedad.
[2] Naciones Unidas (2023). Reimaginar la justicia: enfrentar los desafíos contemporáneos a la independencia de los magistradosy abogados. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, A/HRC/53/31, párr. 29.
