El pasado 14 de octubre, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos – Principios Voluntarios y Principios Rectores (GT) con el apoyo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) celebraron la conferencia virtual “Informalidad y Derechos Humanos: Trazando Rutas para una Agenda en Común”, a través de la plataforma Zoom. El evento contó con la participación de Carlos Basombrío, investigador y analista político; Olga Orozco, jefa del proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina de la Organización Internacional del Trabajo – OIT y Miguel Jaramillo, Investigador Principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo del Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE.
El webinar tuvo como objetivo responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los principales factores que generan o promueven la informalidad? ¿Qué implicancias tiene la informalidad para el ejercicio pleno de derechos humanos? ¿Cómo se puede reducir la informalidad? ¿Qué medidas se han adoptado? ¿Qué desafíos existen?
En su participación, Miguel Jaramillo describió y analizó los factores que se encuentran detrás del trabajo informal y formal en el Perú, principalmente en la ciudad de Lima metropolitana y Callao durante la emergencia sanitaria actual. Asimismo, señaló que el sistema que institucionaliza la informalidad en todas sus manifestaciones mina no solo los esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la lucha contra esta problemática de larga data, sino también el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Olga Orozco, por su parte, se centró en la responsabilidad que tienen las empresas en el sistema laboral informal. Para la investigadora, las actividades informales tienen su origen en la pobreza, así como en la incapacidad del gobierno en función de la baja productividad. Finalmente, resaltó el trabajo de la OIT y su apuesta por transitar de una economía informal a una formal dentro de un enfoque de derechos humanos y de género.
Basombrío cerró la presentación señalando que el origen de la informalidad podría traducirse en la debilidad del Estado peruano para representar e incluir a todos los sectores de la sociedad, para proveer determinados tipos de servicios que nivelen a la población en igualdad de oportunidades, y para fiscalizar con rigurosidad en estricto cumplimiento de la ley.
