Por María Eugenia Ulfe (*)
En el 2017 el programa periodístico dominical Cuarto Poder emitió un audio en el que la excongresista Yesenia Ponce comentaba las presiones de la jefa de Fuerza Popular para que se archivara un proyecto que beneficiaría a la región Ancash. “Sí, hay que guardarlo. Ahora tenemos que ser leales a nuestro partido (…) No me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas. ¡No va!», dijo Keiko Fujimori a Ponce, según muestra la grabación.[1] En ese momento le resultaba conveniente detener el proyecto de irrigación Chinecas. A los pocos meses, la veríamos discutiendo con su hermano sobre la amnistía a su padre y el apoyo para destituir al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El hermano sería expulsado del partido y sancionado por el Congreso que dominaba ampliamente Keiko Fujimori. Y podríamos continuar así con una retahíla de maniobras para tomar control de los distintos poderes del Estado privilegiando su interés por sobre todas las cosas.
La enrarecida vida política nacional es tal que pasamos desde diez años de lobbies como el descrito, en los que el bienestar de cientos de miles de compatriotas no importaba y podía precarizarse cada vez más, hacia una máquina política para la que ya es la vida misma lo que no importa. Podríamos citar a Mbembe y su concepto de necropolítica, Agamben y su noción de nuda vida, Rossana Reguillo y la idea de la necromáquina, y varios trabajos contemporáneos más que explican cómo hay políticas de Estado para las cuales hay cuerpos que pasan, casi como cayendo en desuso, y cuyas muertes quedan allí.
Consideremos este diálogo entre dos conocidos formadores de opinión. Augusto Álvarez Ródrich pregunta a Juan Carlos Tafur cuáles son los riesgos principales de un gobierno de Keiko Fujimori.[2] En su respuesta Tafur describe un potencial escenario de convulsión social ocasionado por la derrota electoral de una “izquierda radical” (el clásico enemigo interno de los manuales de gobiernos autoritarios). Tafur anticipa que esa izquierda se podría movilizar “y provocar muertes y manchar la gestión de Keiko Fujimori desde un inicio como lo hicieron con Dina Boluarte”. Álvarez Ródrich se manifiesta de acuerdo y añade su propia cuota: “ponerle diez personas muertas y que eso enlode todo el gobierno…” De inmediato, para ellos el problema no es que el Estado en su contestación a una imaginaria movilización mate a diez ciudadanos, sino la molestia que esas muertes podrían significar para la hipotética presidenta.
Minimizar a los muertos y minimizar que los muertos votan y eligen autoridades no es una buena fórmula. En las elecciones de 2021 Uchuraccay votó mayoritariamente por Pedro Castillo.[3] En el 2026 Santiago de Lucanamarca le dio el 92.027% de sus votos a Roberto Sánchez. No es coincidencia que las muertes que se registran en el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación provengan de comunidades amazónicas y andinas indígenas, pobres, rurales. No es casualidad que las muertes de las protestas de 2022 y 2023 vengan del sur. Y no es casualidad que en estos lugares el voto no sea para la lideresa del partido que tiene una herencia paterna manchada por una historia de corrupción, muerte, autoritarismo y represión.
Es un argumento abyecto. ¿Por qué este par de periodistas no tiene siquiera pudor en exudar su delirio autoritario? ¿Qué sucede en su razonamiento para ponerse a contabilizar muertes por represión estatal antes de que la hija del dictador sea siquiera declarada ganadora en la contienda electoral? ¿Tan poca fe tienen en la tolerancia de la candidata para el diálogo y el respeto a los derechos fundamentales de la persona? Solos caen en su trampa de palabras. El diálogo citado es posible cuando la impunidad se ha convertido en una expectativa de sentido común. Así como fluye el diálogo, parece que para un sector de la sociedad la impunidad ya es algo de sentido común, un ingrediente normal de la forma de hacer política, o podría decirse, un «recurso» con el que cuentan.
Impunitas viene del latín: sin castigo. La impunidad refiere a la falta de sanción ante una falta cometida. La impunidad reina y campea en las varias instancias de nuestra vida política, pública, judicial. Es bastante más cotidiana de lo que nos gustaría pensar. Muchos procesos judiciales del periodo entre 1980 y 1990 tienen décadas esperando. Desde el congreso se emitieron una serie de leyes que buscan la no sanción y consagran a la impunidad, y lo que esta trae, violencia, desigualdad, dominación. Este cuerpo legal funciona también como un dispositivo de poder simbólico de impunidad.
La Ley 32107, promulgada en 2024, dispone la prescripción de los delitos de lesa humanidad ya que limita la aplicación en el Perú de los preceptos del Estatuto de Roma y de la Convención sobre Imprescriptibilidad, firmados en julio de 2002 y noviembre de 2003, respectivamente. Mediante esta ley se determinó que los tipos penales correspondientes no fueran aplicables a crímenes cometidos antes de las firmas de aquellos instrumentos -que corresponden al periodo del conflicto armado interno en Perú. Y la Ley 32419, promulgada por Dina Boluarte en agosto de 2025, otorga amnistía incondicional a miembros de las fuerzas armadas, policía y miembros de los comités de autodefensa por delitos que incluyen violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 1980 y 2000.
A estas se debe sumar la Ley conocida como APCI, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Ley 27692). Esta norma modifica el marco normativo de la APCI para controlar a las ONG que reciben financiamiento internacional y establece sanciones por una diversidad de causas. La medida afecta sobre todo a organizaciones que trabajan temas de derechos humanos, justicia climática e indígena y de género. Por ejemplo, la ley prohíbe que una ONG participe, usando fondos de cooperación extranjera, en causas judiciales contra el Estado peruano: es decir, cierra la puerta a la posibilidad de defensa legal de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios organismos internacionales han llamado la atención acerca de esta ley, ya que contraviene convenios internacionales firmados por el Estado peruano, sobre todo en materia de derechos humanos.
También se tiene a la Ley 32468 que incorpora al Código penal el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales, así como para establecer un supuesto específico de inhabilitación aplicable en caso de condena por dicho delito. Esta ley es contraproducente para el ejercicio del periodismo de investigación serio y atenta contra la libertad de expresión. Debe considerarse el último informe de Amnistía Internacional 2026-2025, que describe la erosión democrática que se vive en Perú. El 2025 hubo 5 periodistas de investigación asesinados y 458 ataques a la prensa. Este informe también destaca el asesinato de líderes ambientales (2 el 2025) y 161 casos de personas defensoras ambientales que están siendo hostigadas y amenazadas por cuidar sus territorios.
En marzo de este año, a pocos días antes de que se conmemorase el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Congreso de la República del Perú promulgó una ley que sustituye el uso del enfoque de género en la legislación de políticas públicas y el sistema judicial por una de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y el 18 de mayo el Ministerio de Educación emitió la Resolución Viceministerial N.º 085-2026-MINEDU que establece que la enseñanza deberá basarse en criterios “científicos, biológicos y éticos”. Además, ordena retirar toda referencia a la denominada Educación Sexual Integral (ESI) del Currículo Nacional y de los currículos regionales. En resumen, se elimina el enfoque de género en la enseñanza escolar.
Mientras escribo este breve texto, está en discusión en el Congreso una ley que modificaría el Código Penal para que delitos de policías y militares sean tratados en el fuero militar-policial y no en la justicia ordinaria.
En suma, lo que se celebra en el diálogo que hemos citado es el reino de la impunidad. Estamos ante la razón perversa y cínica del pendejo criollo que describiera el sociólogo Gonzalo Portocarrero, ahora llevada al extremo autoritario por un par de hombres blancos de clase media alta. La impunidad es lo que quiebra el orden social, jurídico, simbólico de lo que nos sostiene como comunidad. Estas leyes debilitan la institucionalidad, la democracia ya maltrecha y tratados internacionales venidos a menos. Y estos dos periodistas se saben protegidos en este sistema que (intenta) perpetuar la impunidad. Posiblemente piensan que de eso se trata el poder. Pero dejan de lado las formas como se resiste a ese poder. Por ejemplo, jueces que haciendo uso de control difuso y control de convencionalidad, y muy a pesar de las amenazas que tienen encima, muestran que otra justicia es posible.[4] O también las organizaciones de víctimas que nacen desde el dolor para mostrar que son capaces de continuar en sus búsquedas de justicia, así como la existencia de una política más allá de la institucionalidad de la política. El poder no es unívoco. Este actúa de muchas formas. Por supuesto, la vertical, autoritaria y represora es una de estas maneras. Pero hay otras que emergen desde otros confines y que han mostrado con su voto una voluntad que debe ser tenida en cuenta y respetada.
(*) Profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales
[1] https://rpp.pe/politica/estado/audio-yesenia-ponce-habria-dicho-que-keiko-fujimori-le-pidio-frenar-un-proyecto-solo-para-perjudicar-al-gobierno-noticia-1077207
[2] Podcast Dos dedos de frente, véase: https://www.youtube.com/live/klyvKUiDUlI?si=aIQfb7Kt0z2LTfr8
[3] Véase: https://tramacritica.pe/debate/2021/05/11/cuando-hablan-los-muertos/ https://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/1485/02_María_Eugenia_Ulfe_PHj22.pdf
[4] Yván Montoya, La independencia del Poder Judicial en materia de crímenes de lesa humanidad: tensiones con el Congreso, el TC y la JNJ en el Boletín del Idehpucp. Véase: https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/la-independencia-del-poder-judicial-en-materia-de-crimenes-de-lesa-humanidad-tensiones-con-el-congreso-el-tc-y-la-jnj
