Lucía Nuñovero: "la investigación diligente tiene que partir desde una hipótesis favorable a la víctima"

Por: Juan Takehara (*)

Si bien en el Perú el feminicidio es un delito que se sanciona de forma drástica – incluso con cadena perpetua – todo indica que endurecer las penas no son suficientes para reducir el número de muertes que día a día aparecen en los medios. Si bien desde el Estado y la sociedad civil se viene observando gran preocupación, todavía se percibe deficiencias en la administración de justicia, en especial en la etapa de investigación donde debe primar el enfoque de género.

Conversamos con Lucía Nuñovero, abogada criminóloga PUCP y actual directora de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad del Ministerio Público, para comprender cuáles son los principales problemas – y posibles soluciones – sobre los casos de violencia de género en el país.

Es difícil llegar a aseveraciones sobre la criminalidad de manera muy general y sin basarnos en evidencia. Fenómenos como el desarrollo de los medios de comunicación y la globalización cambian también el imaginario de los problemas sociales en las sociedades contemporáneas. Me refiero a lo que puede connotar crueldad o ensañamiento. Ahora bien, en el Perú, retomando unos estudios de hace unos años encontramos que el número de homicidios de mujeres entre el 2011 y el 2017 (no hay cifras oficiales más recientes), se ha duplicado, es decir nos encontramos un incremento de casi 100 % más de casos, mientras que los homicidios en general solo han incrementado en un 50% más aproximadamente. Así que efectivamente se incrementa la cantidad de crímenes violentos en población femenina.

Desde la tipificación del feminicidio como delito autónomo, sí ha habido una evolución principalmente en ciertos actores del sistema de justicia penal. Hemos de considerar que se trata de entidades muy diversas, la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, cada una tiene sus lógicas de actuación y de intervención en la persecución y en la definición de un delito de feminicidio. Sin duda, mayores avances se lograrían con más capacitación en la materia, con el fortalecimiento de áreas como criminalística o medicina legal y finalmente con la elaboración de protocolos e instrumentos que unifiquen criterios. Un avance significativo ha sido el Acuerdo Plenario N.° 1-2016, que zanjó varios debates surgidos de una doctrina muy rígida desconectada de la realidad que cuestionaba la tipificación del feminicidio en diversos aspectos. En particular, porque el sistema penal involucra una cadena de actuaciones y si el trabajo de meses o hasta años de esclarecimiento de hechos y responsables, no prospera a nivel judicial en mérito a cuestiones doctrinarias rígidas y no se logran sentencias finalmente, se envía un mensaje de desincentivo los que trabajan en este tipo de casos. Como en cualquier delito grave puede ocurrir evidentemente las sentencias marcan en gran medida la pauta de lo que la fiscalía o la policía pueden lograr con su actuar.

Desde la jurisprudencia internacional se tienen varios aspectos críticos. Esto lo recoge el modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de feminicidio también. Se han de disponer de todos los medios disponibles para una investigación y proceso expedito, considerando la perspectiva de género y la vulnerabilidad de la víctima. Una debida diligencia tiene que partir de una buena capacitación de los operadores en cuanto a posibles sesgos basados en estereotipos, y a las formas en las que se presenta el fenómeno en el país. Así la investigación diligente tiene que partir desde una hipótesis favorable a la víctima, (no al victimario) y de una estrategia efectiva de investigación, pues esta depende mucho del caso y de los medios con los que se cuente. Aspectos críticos son la construcción de hipótesis desde la perspectiva de género, y lo relacionado con el uso oportuno y pertinente de criminalística en cuanto a manejo de escena del crimen, al uso de tanatología forense y del arsenal de peritajes que puedan coadyuvar a verificar hipótesis.

El análisis forense a partir de una perspectiva de género ayuda a construir la hipótesis, lo que llamamos la teoría del caso en el marco del delito de feminicidio. Finalmente, lo que se ha de probar es un homicidio con la particularidad de ocurrir en un contexto de dinámicas de desigualdad y de actualización de patrones culturales de dominación sobre la víctima. Esto quiere decir que se requiere que el análisis de las evidencias y los elementos recabados en la investigación (el análisis forense) se dirija hacia permitir la formulación de dicho tipo de hipótesis.

Afecta por lo menos de dos maneras. En primer lugar existe el temor del operador o del juez, en ser criticado o juzgado por el sentido de sus actuaciones, o su interés en ser aclamado por las mismas, lo cual le puede condicionar o mellar su imparcialidad. Esto ha llevado al aislamiento de jurados en países como Estados Unidos. Richard Posner tiene un libro muy interesante donde los llama pragmatistas legales pues es un sistema donde un buen porcentaje de casos se resuelven con acuerdos de aceptar culpabilidad a pesar del alto nivel de error judicial que esto conlleva. En segundo lugar, la opinión pública actúa como un vigilante en muchos casos en los cuales puede haber descuido o incluso irregularidades. Esto último es lo que más sucede en Perú. Es positivo pero hasta cierto punto pues los operadores pueden terminar trabajando para el periodismo, descuidando los cientos miles de casos que no se muestran a nivel mediático. Para mí esto fue crítico, cuando un ministro hablaba de mostrar un mega-operativo de Crimen Organizado cada semana, de manera que en la televisión teníamos una semana los injertos del norte, luego los injertos de Huarmey, luego otros injertos, etc. y los criminólogos sabemos que “injertos” son delincuentes que se asocian muy puntualmente, se injertan en operaciones criminales de mayor envergadura, la criminalidad organizada más fuerte está en clanes muy vinculados con la corrupción o con esquemas sofisticados de lavado de activos, investigaciones que toman más que una semana.

Nosotros tenemos un Código Penal bastante completo y que se modifica constantemente en cuanto a los tipos penales, lo cual no ayuda a que se consoliden ciertas figuras y estrategias de persecución. Se podría mejorar sí mucho el marco de investigación de criminalidad organizada y grupos delictivos. De lo que adolecemos es de interpretaciones jurisprudenciales que reflejen muchas veces las necesidades político-criminales de nuestro país, de manera que se termina recurriendo más a la doctrina o a tratados y no al derecho vivo que es la jurisprudencia. Por otro lado, las leyes penales sin un Sistema de Administración de Justicia que funcione orientado a las necesidades de los que más reclaman justicia son un gran vacío de nuestra democracia. El nuevo Congreso debería estar muy vigilante para fortalecer el Sistema de Justicia en cuanto a la formación de los operadores, las buenas políticas de gestión de recursos humanos, la mejora de sistemas de información para tecnificar la investigación y mejorar la gestión de muchas unidades operativas. Un gran reto sería que promuevan la articulación interinstitucional de manera que contemos, no con agencias que a veces compiten entre sí por mostrar algún resultado, sino con un sistema de funcionarios de diversas instituciones coordinados en torno a sus especializaciones e identificados con las necesidades de la población.