Luis Carlos Buob: “el tema de los derechos humanos es transversal al sector empresarial: va desde las industrias extractivas hasta la de producción de vacunas.”

Por Juan Takehara (*)

La necesidad de que el sector empresarial se involucre en la protección de los derechos humanos, y en especial en la de los grupos más vulnerables, puede ser vista como una tarea urgente para la sociedad civil. Sobre los avances en la materia, y los mayores desafíos que se enfrenta actualmente, conversamos con Luis Carlos Buob Concha, abogado especializado en derechos humanos con experiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quien ha elaborado el caso hipotético para el Concurso Regional de Derechos Humanos – Yachay edición 2021.

Primero, diría que el campo de empresas y derechos humanos es un área emergente y en progreso. Al 2021, el tema ya es analizado en círculos académicos como un área de aplicación. Además, hay mucho conocimiento sobre la materia gracias a la publicación de normativas, guías y pautas orientativas, ya sea a través de las Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que recientemente difundió un informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relatoría especial en este campo. Hago este preámbulo porque a medida que se han ido dando más desarrollo al campo de los derechos humanos, sea desde la parte académica o práctica, las empresas se han venido involucrando cada vez más. Alerto que no es tampoco un interés generalizado; hay todavía una cantidad amplia de empresas que mantienen cierta distancia, dependiendo del país, rubro económico o tipo de impacto que pueden tener. Una primera conclusión es que ya existen empresas muy grandes que han escuchado el término empresas y derechos humanos; sin embargo, en muchos casos su acercamiento es reciente por desconocimiento de los conceptos que implica esta área de estudio. Hay también otras empresas que, aunque ya cuentan con conocimientos a partir de experiencias pasadas o sanciones previas, son todavía renuentes a llevar este tema a la práctica.

Basándome en el tipo de denuncias, casos y la información que adquirí cuando trabajaba en la Comisión Interamericana diría que, en general, han sido aquellas empresas ligadas al sector de industrias extractivas como el gas, petróleo y, por supuesto, la minería. En menor medida podría mencionar al sector de agroindustria, en especial las empresas de agroexportación. También destacaría a las empresas de seguridad privada, sobre todo por el tema del uso de armamento y los impactos negativos que han causado en las personas o en comunidades, en especial a grupos de campesinos o indígenas. Hay también otros casos relacionados a los servicios públicos. Se ha discutido el tema – ahora que estamos en el contexto de la pandemia – de los actores económicos que prestan servicios de salud. Hablamos de grandes farmacéuticas, que son empresas muy poderosas y que tienen gran dominio en Estados con institucionalidades muy débiles. Estas empresas poseen un mayor rango para negociar sus contratos con este tipo de Estados. Digamos que el tema de los derechos humanos puede ser visto como una línea transversal: no se enfoca en una sola área económica, sino que recorre desde las industrias extractivas hasta la de producción de vacunas.

Es patente en la región la falta de información y conocimiento especialmente en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Aquellas personas suelen disponer de menos herramientas para reclamar y denunciar violaciones a sus derechos de manera interna. Entre estos grupos pueden encontrarse las poblaciones indígenas, pero también grupos de trabajadores o trabajadoras en sectores económicos donde la garantía o el nivel de protección a sus derechos laborales no llega al mínimo nacional o existen otros mecanismos en la que se sigue amenazando el goce efectivo de éstos. Están ligados no solo al tema salarial, que suele ser el punto común de partida, sino – como el caso hipotético presentado – también a otros derechos como el derecho a la salud, la seguridad, las pensiones y el acceso al sistema de salud público o, eventualmente, al privado.

Eso se vincula con el sistema a nivel macro y lo perverso que pueden ser ciertos mecanismos frente a ciertos grupos de personas en situación de pobreza o con riesgo de entrar a una situación de pobreza. Además del acceso a la información, que es una obligación del Estado, hay otros compromisos que se deben garantizar y ofrecer. Me refiero a mecanismos adecuados para que las personas puedan disfrutar debidamente sus derechos. Uno puede estar muy informado pero los mecanismos institucionales no son eficientes o incluso pueden ser también perversos. Esto es lo que ocurre cuando se prefiere mantenerse dentro de esta situación laboral negativa, que continuar un reclamo judicial, por el desgaste que ocasiona el proceso. En general, se desiste porque hay mucha necesidad de recibir un sueldo que te permita vivir todos los meses. Precisamente el tema de empresas y derechos humanos nos permite analizar y tratar de aplicar las herramientas que se tienen, buscando impulsar ciertos cambios, si es necesario. En la medida que han ido creciendo las discusiones de este campo se han identificado ciertos problemas y vacíos normativos. Este campo nos está ayudando a visualizar y a materializar ciertos dispositivos y conceptos para que un actor relativamente nuevo, como puede ser la empresa, ingrese a esta ecuación y se le pueda exigir mecanismos de rendición de cuentas y de prevención. Las empresas pueden ser actores positivos para el cambio generando una economía más dinámica, difundiendo transferencia de conocimiento y tecnología, produciendo ingresos e impuestos en la medida que todo se trabaje bien. El mensaje es buscar difundir estos cambios desde distintos ángulos para aplicar las prevenciones necesarias para el respeto de los derechos humanos.

Si hablamos desde el ámbito específicamente laboral, hay que decir que la sindicalización permite y favorece las negociaciones buscando igualar la relación asimétrica de fuerzas entre la empresa y sus trabajadores y trabajadoras. El objetivo es crear un diálogo más horizontal. El derecho de la sindicalización está protegido como un derecho social y humano reconocido por varios tratados internacionales. Recientemente el Sistema Interamericano ha venido aplicando la protección directa a los derechos sociales, como puede ser en este caso el derecho la sindicalización. Sobre la consulta, diría que, incluso desde una consideración práctica, el respeto a los derechos humanos también beneficia a la empresa. Por ejemplo, por cuestiones de imagen. Antes era mucho más fácil que se evitara este análisis o que simplemente no les importara tanto qué diría el público sobre el trato de las empresas a sus trabajadores y trabajadoras, pero ese ha cambiado con el paso de los años y por todos los diálogos y espacios internacionales abiertos sobre este tema. A pesar de eso, y como se observa, todavía queda mucho camino por recorrer. Desde hace algunos años se está discutiendo un tratado específico en materia de empleo y derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas. Desde la sociedad civil se ha visto todavía reticencia o continuidad de abusos que generan impactos negativos por parte de las empresas en derechos humanos. La ausencia de ciertos mecanismos jurídicos vinculantes ha motivado que se discuta la posibilidad elaborar este tratado y buscar su ratificación por la mayoría de los Estados.

(*) Integrante del área de Comunicaciones.