Por Erika Solis Curi (*)
En su discurso de toma de mando de este 28 de julio la nueva presidenta puso especial énfasis, entre los múltiples tópicos abordados, a la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno de El Niño, dos temas prioritarios de su agenda. El primer problema no es novedoso, pues vivimos esta realidad violenta desde hace ya algunos años, así como tampoco son novedosas algunas de las promesas hechas para combatir la situación agravada de criminalidad, las cuales apelan nuevamente al sentimiento de inseguridad en la población antes que la propuesta de reducción de espacios de oportunidad para la proliferación de la criminalidad.
Las líneas de acción contra la criminalidad mencionadas van desde el liderazgo de las fuerzas armadas hasta la necesidad de reformar el sistema carcelario para que sean lugares de reclusión y no de producción de criminalidad. Aunque algunas ya han sido implementadas, se siguen prometiendo como remedio milagroso a un problema que necesita análisis, proyección a largo plazo y control de impacto en las herramientas de contención utilizadas. Por ejemplo, apelar al control de la criminalidad por las fuerzas armadas con un liderazgo marcado sobre la policía genera preguntas al menos a nivel operativo, ¿las fuerzas armadas están capacitadas para enfrentar la criminalidad de la actualidad?
La criminalidad el día de hoy, más allá de las cifras de medición de tasa por homicidios[1], muestra un mayor escalamiento de violencia en la comisión de los delitos a partir de las extorsiones, sicariato y otras formas delictivas[2]. Esto no solo demanda inteligencia operativa para la investigación del fenómeno criminal –un elemento también abordado en el mensaje presidencial– sino también funcionarios preparados para enfrentar la situación. Al parecer, con la disposición de la actual dirección presidencial esto no es posible, ya que se relega a la Policía Nacional del Perú en el apoyo a las Fuerzas Militares en zonas de alta criminalidad, a pesar de que esta última no cuenta con la preparación especializada ni con el marco legal habilitado para investigar, perseguir ni sancionar el delito; por el contrario, sus facultades tienen un mandato que, al ser aplicados en contextos diferentes, podría ser letal para la sociedad[3]. Por el contrario, la falta de especialización y el traslado de la función policial a este cuerpo militar puede generar mayores problemas en la cooperación de ambas instituciones, que quedarían bajo la dirección de las fuerzas militares, lo que incluso contradice el reconocimiento hecho en el discurso al trabajo policial a pesar de las condiciones precarias en las que realizan su función[4].
Por otro lado, otra propuesta llamativa ha sido la mención a las cárceles, catalogadas como centros de operación del crimen organizado, a fin de convertirlos en centros de reclusión. Esa promesa implica una temática no evidenciada en el discurso, humanizar la cárcel. Las condiciones de precariedad y hostilidad en las cárceles perpetúan espacios de oportunidad para que grupos criminales puedan permear los recintos penitenciarios, lo cual no implica que sean en su totalidad espacios controlados por el crimen organizado. Es necesario brindar una mirada diferenciada sobre la cárcel. De lo contrario estaremos condenados al círculo vicioso de la reincidencia, dejando de lado el rol del Estado y la comunidad en promover estos lugares como espacios de resocialización.
Esta propuesta tampoco es nueva. El Tribunal Constitucional declaró en el 2020 un Estado de Cosas Inconstitucional mediante la sentencia del expediente N° 05436-2014-PHC/TC refiriéndose al hacinamiento de los penales y las deficiencias de calidad en la infraestructura y los servicios básicos. Esta situación no habría sido observada por los múltiples gobiernos que pasaron desde la fecha de emisión de la sentencia constitucional. El mismo Tribunal Constitucional sostiene que esto solo se puede cambiar a partir de mejorar las condiciones de los recintos y de la calidad del servicio penitenciario. A diferencia del discurso, la sentencia instala como objetivo que estos cambios ayuden a la resocialización de los internos e internas, mientras que el gobierno actual sostiene que el objetivo es la reclusión.
Si bien se habla de poner orden en las instituciones, este es también un momento para sustituir la retórica de medidas de corto plazo y sin efectividad comprobada por nuevas fórmulas que, más allá de la percepción de seguridad y la reclusión de los sancionados, prevengan la reincidencia y la comisión de nuevos delitos más graves y violentos que afecten a la comunidad.
(*) Investigadora del IDEHPUCP
[1] En los últimos 7 años, la tasa de homicidios en el Perú ha crecido en un aproximado de tres puntos desde 7,4 con 2385 muertes en 2019 hasta 10,7 con 3675 en el 2025. Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad [CEIC] (2025). Informe técnico: Evolución de la tasa de homicidios e indicadores de seguridad ciudadana 2022–2025. Gobierno del Perú. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9331973/7648859-informe-tecnico-evolucion-de-la-tasa-de-homicidios-e-indicadores-de-seguridad-ciudadana-2022-2025.pdf?v=1769121876
[2] Galván, M. (2024, octubre 15). Muerte y violencia en Lima: Breve criminología de la extorsión. IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/muerte-y-violencia-en-lima-breve-criminologia-de-la-extorsion/; y Cárdenas, A., & Huamán, G. (2024, octubre 6). Inseguridad en las calles del Perú: desborde de extorsiones y homicidios con una policía precarizada. Ojo Público. https://ojo-publico.com/5320/desborde-extorsiones-y-homicidios-una-policia-precarizada
[3] “La capacidad militar es el conjunto de recursos y habilidades que permiten llevar a cabo operaciones y acciones militares para contrarrestar amenazas, problemas y preocupaciones en los niveles estratégico, operativo y táctico. Sin embargo, estas capacidades no están adecuadas a los requerimientos operativos que exige el apoyo a la PNP en la seguridad ciudadana, debido a que el empleo de las armas tiene un efecto destructivo. Las FF. AA. cuentan con ciertas capacidades para participar en el control de la seguridad ciudadana. No obstante, debido a la gran variedad de escenarios que afectan los derechos humanos, sus medios y sistemas de armas deben disminuir el nivel de letalidad” (p.7). Contreras, M. Á. (2023). Desafíos del empleo de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú para la seguridad ciudadana. Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP). https://ceeep.mil.pe/wp-content/uploads/2023/09/PDF-Desafios-del-Empleo-de-las-FFAA-en-Apoyo-a-la-PNP-Miguel-Angel-Contreras-Gallegos_21sept.pdf
[4] López, N. (2026, mayo 31). Cambiar leyes no basta para reformar la policía. Ojo Público. https://ojo-publico.com/6326/cambiar-leyes-no-basta-para-reformar-la-policia
