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Opinión 30 de julio de 2026

Por Gisela Ortiz Perea (*)

En la primera vuelta electoral, Keiko Fujimori obtuvo el 17% de los votos en un proceso con 36 candidatos, lo que dispersó los votos y casi le permitió hacerse de una mayoría en el Senado, establecido después de modificaciones a las leyes electorales y desconociendo los resultados del referéndum en el que la mayoría nos opusimos a la bicameralidad.  En la segunda vuelta electoral, la campaña de desinformación de los medios tradicionales, la manipulación de nuestros miedos al terrorismo, el comunismo y demás “ismos” tuvieron efecto y la dieron como ganadora con cerca de 50 mil votos de diferencia.

¿Qué significa este resultado para las y los familiares de las víctimas de la dictadura de Fujimori? Keiko Fujimori no fue ajena al gobierno de su padre. Formó parte de él desde el momento en que decidió reemplazar la figura de su madre como primera dama. Alberto Fujimori fue condenado por delitos de corrupción en contra del Estado peruano y por violaciones de derechos humanos. Ella es la hija de un exdictador, de un condenado por el asesinato de nuestros seres queridos.

“Gobernaré como mi padre” ha dicho, y ese recuerdo de lo que significa para nosotros el fujimorismo nos estremece. No hay autocrítica ni reconocimiento del daño, sino reafirmación de lo que hicieron en los 90. Pensar en lo que representa ahora, nos indigna y nos hiere. Nuestro voto, en cada elección donde ella se ha presentado, siempre ha sido contra el fujimorismo, en defensa de la memoria de nuestros familiares y contra sus verdugos, porque no solo fueron responsables quienes los asesinaron cobardemente, sino también quienes dieron la orden para que crímenes como los de Cantuta, Barrios Altos y El Santa, entre muchos otros, se cometieran con impunidad. Son responsables quienes decidieron ser cómplices de esas violaciones de derechos humanos para proteger a un régimen poderoso y quienes niegan hasta el día de hoy los crímenes y siguen manchando la dignidad de las víctimas para justificar lo que permitieron que ocurriera, lo que no quisieron investigar ni sancionar. Son responsables, en fin, los que además de todo ello terminaron premiando a los asesinos y conviviendo con ellos en el poder.

Como familiares de las víctimas, hemos defendido la memoria de nuestros familiares desde 1992 y lo seguiremos haciendo, así como seguiremos señalando a quienes fueron responsables de estos crímenes. Eso no es un acto de venganza u odio sino un acto de amor que trasciende la muerte para que sus memorias no se pierdan en el olvido, para que la impunidad que el fujimorismo quiere imponer con leyes de amnistía no borre lo que vivimos, y para que no se pisotee los derechos que tenemos sino que se garantice desde el Estado nuestros derechos a la verdad, a la búsqueda de nuestros desaparecidos y a la justicia con el cumplimiento de las sentencias del Poder Judicial.

Estas fiestas patrias han tenido un sentido diferente para nosotros y nosotras. No tenemos nada que celebrar, no hay cambio, sino la continuidad de un gobierno fujimorista que no dejó de estar en el poder, que puso ministros, que gobernó desde el congreso cambiando presidentes útiles a sus intereses y que copó todas las instituciones para llegar a un poder que en tres postulaciones anteriores no pudo alcanzar. Esta vez lo consiguió tras una estrategia muy bien pensada para capturar el Tribunal Constitucional, que anuló la acusación en la investigación judicial en el caso cocteles; la Junta Nacional de Justicia, que viene sancionando a fiscales y jueces que hicieron el trabajo de investigar y juzgar, y la Defensoría del Pueblo. Esa estrategia incluyó el copamiento del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como el cambio de las reglas electorales para favorecerse.

Una nación no se construye solo con el relato de sus héroes sino también con las memorias e historias de sus ciudadanos que no se dejan atropellar, con las voces que resisten y se enfrentan al poder político para no ser silenciadas ni desaparecer. Desde nuestras voces seguimos nombrando y gritando los nombres de las y los nuestros como una forma de que no desaparezcan. Ahora más fuertemente que nunca para oponernos a quienes quieren borrarlos y pretenden reescribir la historia y vaciarla de contenido para que las víctimas se esfumen y solo queden los victimarios como héroes que se enfrentaron al terrorismo, negando que en ese proceso decidieron y ordenaron cometer delitos contra personas que nunca fueron investigadas, denunciadas, juzgadas ni sentenciadas.

Recordar a nuestros desaparecidos, a nuestros asesinados seguirá siendo una forma de permanecer en este país que aún no los siente. La historia no solo la escriben quienes persisten sino también quienes se resisten a quedarse callados. Y en estos cinco años, que se vienen con un fujimorismo desvergonzado como gobierno, se necesitará la suma de nuestras voluntades y seguir tejiendo solidaridad para recuperar las fuerzas todas las veces que sean necesarias.

Hemos decidido seguir escribiendo nuestras historias con la voz en alto en nombre de nuestros familiares; seguir transformando nuestros miedos en fuerza, haciendo que nuestra indignación sea acción colectiva para que no nos aíslen, para que no nos dividan ni confronten como enemigos, y seguir ocupando un territorio cargado de las memorias de las víctimas para convertirlas en presencia viva y constante. El olvido no puede ser una opción porque sería volver a asesinar a las y los nuestros. No podemos renunciar a nuestras memorias porque no hay patria si nos gana el olvido. Nuestras memorias son parte de nuestra identidad y se representan en las fotografías que cargamos en nuestro pecho. La justicia debe ser un pilar fundamental de una nación.

Nuevamente, el fujimorismo encontrará en nosotras una resistencia política. Ponemos nuestras memorias como escudos, nuestros cuerpos desde los territorios ocupados en las calles donde hacemos activismo y ejercemos ciudadanía contra la negación y el olvido. También, contra el fujimorismo y la impunidad que representa.

(*) Representante de los familiares caso Cantuta.