El proyecto de ley fue anunciado por el Primer MinistroDurante la presentación del nuevo gabinete, el pasado 20 de agosto, el Primer Ministro Juan Jiménez Mayor anunció un proyecto de ley sobre ‘negacionismo’ destinado a castigar la negación de la violencia terrorista que sufrió el país en las últimas décadas del siglo pasado. María Belén Gallardo Rivas, investigadora del Idehpucp opina al respecto.
De acuerdo con Jiménez, la norma que incorporaría un nuevo delito al Código Penal tendría la finalidad de sancionar a aquellos que buscan intervenir en la vida política del país sobre la base de negar la barbarie terrorista que vivió el país. En este sentido, apuntaría a penalizar, entre otros, la negación de los crímenes cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA en el período de violencia política que vivió el Perú.
Si bien para el caso peruano aún no se ha presentado el proyecto de ley ante la Comisión de Justicia del Congreso, es importante considerar algunos aspectos de esta propuesta. En primer lugar, cabe señalar que esta medida no resulta novedosa pues el delito de negacionismo del holocausto está presente en las legislaciones penales de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Suiza. No obstante, los pronunciamientos que los tribunales penales de estos países han hecho al respecto, ponen énfasis en que los discursos negacionistas sean contrarios a la verdad conocida sobre el holocausto y, especialmente, en la incitación al odio que subyace en la negación de los hechos. Por ello, en el análisis de estos, antes que hacer una aplicación general de la norma de los mismos, se parte por evaluar caso por caso, analizando el discurso así como su impacto contextual.
Es importante considerar, además, que a diferencia del genocidio judío (o armenio, que se viene discutiendo exhaustivamente en Francia), los atroces y masivos crímenes cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA no han sido seriamente cuestionados ni relativizados en nuestro país. En todo caso, antes que un negacionismo por parte de algunos ciudadanos, existen situaciones que exponen la vulnerabilidad de la memoria colectiva de manera más perniciosa, como es el caso de la precaria atención del Estado hacia el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La manipulación y tergiversación del documento, el incumplimiento de sus recomendaciones y de las reparaciones a las víctimas por parte de los grupos terroristas y agentes del Estado, la ausencia de debidas investigaciones y sanciones a los responsables, perturban y socavan de manera más contundente la memoria histórica colectiva.
Finalmente, el anuncio de Jiménez da a entender que la propuesta no pretende tipificar como delito la negación de los crímenes cometidos por los agentes del Estado, los cuales han sido ampliamente documentados por la CVR. La memoria selectiva que pretende promover el ejecutivo con dicho proyecto de ley, no ofrece una solución coherente para promover un genuino respeto hacia las víctimas y mitigar las iniciativas políticas de grupos como Movadef que pretendan negar los crímenes cometidos por SL y el MRTA.
