Retroceso hacia la impunidad
Las violaciones a los derechos humanos, desde hace tres años, se han fortalecido y tienden a la impunidad. El gobierno anterior propuso una norma para que los militares perpetradores de graves crímenes eludieran a los tribunales que comenzaron a retroceder los pasos avanzados para hacer justicia a las víctimas.Desde hace unos tres años se ha fortalecido una tendencia a la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos.
Lo ocurrido implica un inaceptable maltrato para quienes ya habían sufrido agravio: las víctimas. Estas, que todavía no acceden a medidas de reparación adecuadas, ahora deben experimentar también la burla del aparato judicial donde algunas cortes se muestran complacientes ante graves crímenes de corrupción, mientras de otro lado se avalan las muertes de personas por el solo hecho de ser “sospechosas” de terrorismo.
Es claro que si la inclinación a la impunidad se manifiesta de forma cada vez más desembozada, ello es porque quienes la impulsan tienen expectativas de éxito. Confían en que, más allá de las protestas públicas, el Estado hará poco o nada para evitar tales escándalos. Así la situación, cabe en ella una gran responsabilidad a los partidos políticos que se dicen democráticos. Sin una reacción pública de su parte, las organizaciones de la sociedad civil serán apenas escuchadas y las oportunidades de corregir el rumbo aparecen muy limitadas.
Apena decirlo pero pareciera que estamos viviendo el tiempo del olvido y de la represión de la memoria. Esto sucede en un país que hace diez años parecía decidido a afrontar con alguna honestidad y valentía su pasado. Existe una suerte de corriente que se limita a celebrar el éxito económico y la efervescencia cultural y publicitaria, como si eso fuera una forma suficiente de saldar las enormes deudas históricas que la sociedad y el Estado peruano tienen frente a sus poblaciones más excluidas. Experimentamos una reducción de la imaginación moral en nuestro país por medio de la cual cuestiones como la justicia, la ética, la tolerancia, el respeto y el reconocimiento, que deberían ser el fin de nuestra vida pública, han pasado a ser vistos como adjetivos. Los medios han usurpado el lugar de los fines, y eso nos ha conducido a una situación en la que se celebra cotidianamente el crecimiento de la riqueza sin preguntarnos qué es lo que cabe hacer con ella y qué clase de país debiéramos construir.
El avance de la impunidad es un elemento en este proceso. Recobrar el sentido o construir uno que sea sustantivo para el país implica restaurar una honesta discusión pública sobre los fines de nuestra comunidad nacional.>>Fuente: La República
