Por: Dra. Mariella Villasante Cervello
El día 29 de noviembre de 2019, retorné a la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo (distrito de Mazamari, provincia de Satipo, departamento de Junín), donde tuvo lugar la terrible masacre de 21 campesinos nomatsiguenga el 18 de agosto de 1993. Ya había visitado esta comunidad en 2014[1] en el marco de mis trabajos de campo sobre la violencia política en la selva central [2008-2019]. Los resultados fueron expuestos en mi libro Violencia política en la selva central, presentado el 14 de noviembre de 2019 en la Defensoría del Pueblo[2].
En esta ocasión, luego de haber tenido una reunión con algunos miembros de la Dirección general de personas desaparecidas del MINJUS de Lima, dirigida por Mónica Barriga, se organizó una visita informal de dos funcionarias de la Dirección general de personas desaparecidas (DGPD) de Huancayo, Carol Baca (psicóloga) y Katia Balladares (arqueóloga forense). También invité a Hermías Delgado Inga, uno de los pocos sobrevivientes de este hecho de extrema violencia, quien llegó a Satipo desde la ciudad de Atalaya (provincia de Raimondi, Ucayali), donde reside actualmente.
En este texto quisiera evocar la visita realizada a la comunidad de Tahuantinsuyo, y explicitar la importancia de los trabajos de la DGPD en la selva central, segundo escenario principal de la guerra interna, luego de Ayacucho, donde las personas fallecidas en masacres y en los campos totalitarios senderistas suman varios miles.
La masacre de 21 campesinos nomatsiguenga de la comunidad de Tahuantinsuyo
Recordemos que la masacre de Tahuantinsuyo fue una de las más cruentas de la selva central [ver Villasante 2019: 402-429]. El mismo día, 18 de agosto de 1993, fueron atacados otros siete poblados de colonos andinos situados en el valle de Tsiriari (Monterrico, San Isidro, Sol de Oro, Unión Cubaro, San Francisco de Cubaro y Santa Isabel). La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha estudiado el caso de Tsiriari (Informe Final, Tomo V: 178-180; Tomo VI: 488-489, y la reconstrucción de los hechos y las investigaciones en justicia se presenta en el Tomo VII: 496-505). En Tahuantinsuyo la CVR recogió 15 testimonios sobre la masacre.
Los atacantes eran campesinos andinos y algunos nativos, no se sabe hasta ahora si fueron ronderos y civiles manipulados por el Partido Comunista del Peru, Sendero Luminoso (PCP-SL), o por las Fuerzas Armadas. Actualmente, podemos considerar que los responsables de las masacres del valle de Tsiriari han sido colonos andinos (ronderos y/o senderistas), acompañados de algunos nativos que tenían móviles diversos: provocar el terror, apropiarse de tierras, vengarse y robar bienes. Sabemos también que los Ashaninka de la comunidad de Potsoteni (río Ene), que habían sido sometidos por el PCP-SL, fueron obligados a realizar incursiones armadas en los poblados de San Isidro y de Sol de Oro, anexo de Tahuantinsuyo (IF, T. VI: 491). Por lo cual, es probable que ellos hayan participado en las masacres de agosto de 1993.
En el Informe Final de la cvr se opta por responsabilizar sobre todo al PCP-SL: por venganza luego de la muerte de dos mandos en manos de ronderos de la zona; y para mostrar a la población regional y nacional que el discurso sobre la derrota del PCP-SL estaba aún muy lejos en la selva central, puesta bajo la dirección del siniestro “Feliciano”, Oscar Ramírez Durand (IF, T. V: 180).
En enero de 2004, el caso de la masacre del valle de Tsiriari era examinado por la Cuarta Sala Penal Provincial de Huancayo; en esa época el proceso se encontraba en su fase de investigación preliminar en la Tercera Sala Penal que había confiado una parte de la encuesta al Ministerio Público de Satipo (Seguimiento de casos judicializables, IDEHPUCP, 2010: 20). Desde entonces, no sabemos cuál es la situación del proceso en justicia.
En total 72 personas fueron asesinadas de manera cruel, brutal y bárbara, con hachas, machetes, flechas y algunas armas de fuego; 56 eran adultos y 16 eran niños, 14 de los cuales fueron mutilados de las orejas. En Tahuantinsuyo hubo 21 muertos (25% de la población que ascendía a 72 personas), entre los cuales 12 eran niños a quienes se les cortó la lengua. Las mutilaciones fueron sistemáticas pues la mayoría de los 56 adultos asesinados habían sido previamente amputados de brazos y/o piernas, o cercenados.
La modalidad de violencia de masa empleada en este ataque colectivo de hombres, mujeres y niños (un hecho quizá inédito en el país) contra hombres, mujeres y niños indefensos es muy similar a los que se han concretizado en Ruanda entre 1990 y 1994. En efecto, en ese país los Tutsi fueron atacados por hordas de Hutus, sus parientes, que habían sido convencidos que eran los “enemigos” que había que borrar de la faz de la tierra, se estima que fallecieron 800,000 Tutsi, la gran mayoría fueron mutilados para “volver inertes aquellos que se teme tanto como enemigos” según la antropóloga Françoise Héritier (De la violence, 1996: 14 in Villasante 2019: 424).
Reunión en Satipo con las funcionarias de la DGPD de Huancayo
Antes de partir a Tahuantinsuyo, tuvimos una reunión en Satipo con el equipo de funcionarias de Huancayo, dirigido por Carol Baca y con la participación de : Katia Balladares, arqueóloga forense; Celinda Salas, asistenta social; Rosa Lucia Sánchez, socióloga. También estuvieron presentes Santiago Contoricón, ex alcalde de Puerto Prado (capital del distrito de Río Tambo) consultor en la zona del VRAEM, en especial el río Ene, y Hermías Delgado Inga, profesor bilingüe, sobreviviente de la masacre.
Carol Baca explicó las formas de intervención de la Fiscalía para las exhumaciones, el proceso de identificación y la restitución a los familiares por la DGPD. También evocó las intervenciones realizadas en Puerto Porvenir, pueblo colono anexo de Los Ángeles (río Ene), donde se exhumaron 11 restos humanos en agosto de 2019. Santiago evocó la existencia de fosas comunes en Pichiquia y Puerto Ocopa (su comunidad). Carol precisó además que los pobladores de las comunidades o de los pueblos colonos debían expresar el deseo de encontrar los restos de sus familiares para que la DGPD pueda intervenir. Este procedimiento es similar al que fue utilizado para el recojo de testimonios durante los trabajos de la CVR, cuyos gentes llegaban a los poblados donde se habían manifestado personas que deseaban aportar sus declaraciones.
Al final de la reunión, Hermías hizo una breve evocación de la masacre de su comunidad que ha dejado huellas muy marcadas y emotivas entre los sobrevivientes como él. En agosto de 2012 he recogido un primer testimonio de Hermías que vale la pena evocar, en julio de 2014 visitamos su comunidad para completar los datos ya colectados [ver Villasante 2019: 417-429].
“Yo tenía 8 años, fue un 18 de agosto de 1993. Hubo una masacre en Tahuantinsuyo. Han llegado de pronto, algunos tenían pasamontañas, otros así nomás, eran choris [andinos] y Ashaninka. Había niños, mujeres, hombres, como 100 eran [y venían] por dos partes: por el camino de la escuela y otros por la carretera. Eran las 5 p. m. cerca de la hora de nuestra cena, antes que caiga la noche. Mi mamá [Emma] había hecho una sopa y había invitado a mis tíos, a mis primos. Ahí llegaron y dijeron: “no tengan miedo, somos ronderos: hemos venido a conversar con ustedes”. Mi papá [Juan] tenía carácter fuerte, se fue a buscar sus flechas. Pero lo convencí de dejarlas. Luego nos juntaron en una casita donde hacíamos nuestras reuniones, la casa comunal. El jefe era un chori de 45 años, tenía bigote blanco. Yo presentí que iba a pasar algo malo, tenían caras amenazantes. Dijeron que querían solo conversar con nosotros.
Pero después vino el jefe y dijo: “¡amarren a los varones! ¡Arrodíllense, manos atrás!”, cuando todos estuvieron amarrados empezaron a gritar: “queremos saber quiénes son los perros que llevan chismes a los militares ¡van a pagar por traidores y por no apoyar al partido!”.
Mi mamá dijo: “nosotros no nos metemos en sus cosas de ustedes, no hemos dicho nada a nadie”. Un hombre le dijo: “¡cállate tú!” y le apunta con una carabina. Entonces empezaron a separar los hombres y las mujeres. Nosotros los chiquitos nos han separado [también].
Después dijeron: “¡vayan a buscar costales para poner dentro los cadáveres!” Mi papá tenía costales para el café pero estaban en la chacra. No encontraron, y después habrán cambiado de opinión.
Empezaron a agarrar a cada hombre y le cortaban el cuello, se escuchaba sus gritos ¡tan fuertes! Mi corazón iba a estallar, mi papá dijo: “si quieres matarme, mata también a mis hijos porque después ¿quién se va a ocupar de ellos?” El jefe contestó: “no te preocupes de ellos, ya sabemos que vamos a hacer con ellos.”
A las mujeres, antes de matarlas les cortaban el seno, las violaban… Mi mamá estaba embarazada de seis meses, le cortaron el vientre y le sacaron el feto… pobrecita mi mamá.
Cuando terminaron de matar a todos los adultos vinieron a cortarnos con machete, yo recibí dos golpes en la cabeza y me caí al suelo, sentí otro golpe en mi espalda.” (Hermías Delgado, Satipo 3 de agosto de 2012) (Villasante 2019: 412-413).
Hermías sobrevivió porque los atacantes pensaron que estaba muerto. De acuerdo con su testimonio, en la matanza fallecieron su madre (Emma Inga Mahuanca), su padre (Juan Delgado Quintimari) y su hermano José Delgado Inga. Otros cuatro hermanitos sobrevivieron también: Violeta (43 años, vive en Satipo), Hilaria (41 años, vive en Lima), Elba (33 años, vive en Mazamari), y Ángel (30 años, es educador y vive en Chokoriari, río Urubamba). Hermías y sus hermanitos fueron atendidos durante casi un año en el Hospital del Niño de Lima. No obstante, el Estado no les ha otorgado reparaciones dignas, cada uno de los cinco hermanitos recibió tan solo 2,000 soles; y todos se encuentran en situación de pobreza y sin empleos decentes. Hermías ha realizado estudios en la Universidad Nopoki de Atalaya (filial de la Universidad Católica Sedes Sapientiae), donde ha obtenido un diploma de profesor bilingüe; pero a pesar de ello luego de haber sido contratado por el MINEDU, y haberse desempeñado como Evaluador de docentes y de estudiantes de la UGEL de Atalaya entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019), ha perdido su empleo en enero de este año y se encuentra sin trabajo y con una familia (su esposa y sus dos hijas) a su cargo. Como vemos, hasta ahora y a pesar de los avances realizados, el Consejo de reparaciones del Estado peruano no es capaz de tomar en cuenta su deber de protección de personas que han sufrido los horrores de la guerra interna peruana, en particular en casos especiales como son aquellos de los sobrevivientes de masacres de extrema violencia.
Hermías Delgado delante de la fosa común que estaba abandonada al monte en 2014
(©Villasante 2014)
Visita a Tahuantinsuyo y reunión con algunos campesinos nomatsiguenga
Hermías Delgado había contactado a sus familiares informándoles de nuestra visita, pero ellos comprendieron que debíamos llegar un día antes, razón por la cual solo estuvieron presentes unas 12 personas y nos reunimos en un hangar cercano a la entrada de la comunidad y a la fosa común. En efecto, los militares llegaron al día siguiente de la masacre y ordenaron a los comuneros hacer una fosa común y enterrar a los 21 cuerpos de inmediato, al lado de la entrada a la comunidad, frente a la plaza donde tuvo lugar la matanza. El acceso viable a este lugar de entierro debía facilitar los trabajos de exhumación, como informé al equipo de la DGPD de Lima y de Huancayo.
- Para facilitar la intervención, tomé la palabra recordando que había visitado Tahuantinsuyo junto con Hermías en agosto de 2014 e hice las presentaciones del equipo de la DGPD. Algunos pobladores se mostraron algo desconfiados, uno de ellos expresó su malestar diciendo que “no habían sido informados de la visita con un oficio”. Carol Baca explicó que era una visita informal y que la próxima vez enviaran un oficio.
- Luego Carol Baca y Katia Balladares explicaron la Ley n° 30470 de 2016[3], firmada por el ex presidente Ollanta Humala, y su implementación en la región de Junín en enero de 2019. En primer lugar, se trata de encontrar a las personas desaparecidas, no de buscar a los “culpables” de sus desapariciones o muertes; el tema penal se ha separado en el marco legal de la búsqueda de personas desaparecidas, presumidas muertas. La búsqueda e identificación de estas personas es fundamental pues hasta que no se hayan sido identificados los muertos ellos no están legalmente fallecidos dado que no existe un acta de deceso.
En segundo lugar se trata de restituir los restos mortales de las personas para que reciban un entierro digno.
En tercer lugar, se trata de un proceso humanitario, centrado en el alivio del sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de dar respuestas de los familiares de las personas desaparecidas. Se trata pues de buscar documentación sobre los sucedido y tomar de contacto con los familiares para precisar su situación ante mortem. Luego se entrega un informe a la Fiscalía del Ministerio Público, que garantiza un proceso legal, y se programa la fecha de exhumación. Cada cuerpo será individualizado. La DGPD asegura el apoyo material y logístico para la participación de los familiares durante todo el proceso, siempre en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Por otro lado, la DGPD administra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) y el Banco de datos genéticos, que contribuyen a la búsqueda de los desaparecidos y su identificación.
- Algunas personas preguntaron “cómo van a ser capaces de distinguir los huesos de los muertos”; Carol Baca y Katia Balladares explicaron que se excava con sumo cuidado y que se analizan todos los huesos para determinar la edad y el estado de la persona ante mortem. Las fracturas ayudan a identificarlos, así como la ropa. El proceso dura entre 2 y 3 semanas. También se realizarán análisis ADN, y la DGPD financiará los gastos de los entierros.
- Varias personas dijeron: “ojalá que lo hagan en la comunidad”, donde están conservados 21 cuerpos en una fosa común que los militares pidieron excavar al día siguiente de la masacre.
- Finalmente, Carol anunció que regresarán en enero/febrero de 2020 para empezar el proceso.
- Varios comuneros preguntaron sobre las reparaciones del Estado, y algunos se quejaron de no haberlas recibido. Carol Baca y Katia Balladares explicaron que la DGPD no se ocupa de esos temas que dependen del Consejo de reparaciones y de la CMAN (Comisión multisectorial de alto nivel), pero indicó que la próxima vez que vengan pedirán la presencia de un/a agente del Registro único de víctimas (RUV) de Satipo para que respondan las preguntas de los pobladores en una mesa técnica que incluya la situación de las partidas de nacimiento, de defunción y de matrimonio.
- Al final intervino el presidente de la comunidad, que llegó con retraso, exigiendo que se los consulte antes de fijar la próxima visita, y que se invite también un representante de su organización OCAM (Organización de comunidades ashaninka de Mazamari, base de AIDESEP). Es evidente que entre los pobladores hay mucha desconfianza ante los agentes del Estado, a pesar de que llegaron junto con Hermías Delgado, que tiene muchos parientes en la comunidad.
Un hombre explicitó también su desconfianza y preguntó “¿con qué fines han llegado?”. Se trata de una postura bastante corriente en las comunidades nativas ante los funcionarios estatales y en general ante cualquier persona que llega por vez primera al lugar. Desde hace una veintena de años, los dirigentes nativos nacionales y departamentales han influenciado esta posición de suspicacia, recelo y difidencia entre los nativos con el fin de evitar las manipulaciones exteriores. Sin embargo, y por desgracia, esas ideas se acompañan a menudo de otras percepciones falaces de la realidad pues, contrariamente a lo que muchos dirigentes o nativos declaran, los foráneos no vamos a las comunidades nativas a enriquecernos, no vendemos sus “palabras”, lo único que hacemos es tratar de comprender sus maneras de ver el mundo, recogiendo sus creencias y sus testimonios sobre la historia reciente. Además, si es posible, tratamos de ayudar a que el Estado les aporte protección, amparo y reparaciones, sobre todo en el marco de las secuelas del periodo de guerra interna que en la selva central fue una guerra civil.
Dicho esto, el recuerdo traumático de los subversivos, sobre todo del PCP-SL, participa también del clima de recelo y resquemor; no obstante, hay que precisar que esas posiciones son influenciadas igualmente por la situación de extrema pobreza de la mayoría de comuneros nativos (y colonos), que les incita a considerar con frecuencia la posibilidad de obtener beneficios (materiales) de la presencia de foráneos.
- Para precisar mejor la tarea de la DGPD, Carol Baca informó que en el caso de Sonomoro se han restituido 22 cuerpos y que faltan entregar 6 restos mortales; además, hasta el 10 de diciembre de 2019 la DGPD ha entregado 78 restos óseos en la región. Retomaremos esas informaciones en otro texto [ver Memoria del mes de abril].
- Luego de la reunión, pedimos permiso para visitar la fosa común situada al lado de la carretera, a la entrada de la comunidad, cerca de la antigua plaza central donde se ha construido una piscigranja. Los campesinos nomatsiguenga que nos acompañaron nos informaron que el alcalde de la Municipalidad de Mazamari Walter Escriba Cuba (2015-2018) ha donado una placa conmemorativa con los 21 nombres paternos y maternos de los muertos.
Cuando visitamos la fosa común observamos que hay dos tumbas recientes, en túmulos del tamaño de un ataúd ordinario, una nueva manera de enterrar a los fallecidos; los pobladores nos informaron que habían decidido seguir enterrando a sus muertos en ese lugar, separados de las tres fosas comunes donde están enterrados los muertos de 1993.
Reflexiones finales
- El caso de la comunidad de Tahuantinsuyo es paradigmático de la situación de abandono del Estado de la mayor parte de comunidades nativas de la selva central. Sin embargo, la visita reciente de la DGPD en esta zona es muy esperanzadora pues implica que los deudos de las víctimas de la violencia extrema podrán enterrar dignamente a sus familiares luego de la pesquisa legal y la identificación de los restos óseos.
- La placa recordatoria con los nombres de los 21 muertos es muy apreciada por los Nomatsiguenga que, como todos los nativos, honoran a sus muertos recordando sus nombres, tanto los “nombres civiles”, u oficiales, como aquellos que podemos llamar nombres íntimos, que todos los bebés reciben al nacer y que son conocidos sólo de la familia más cercana. Esos nombres nativos (nombres de pájaros, plantas y animales benéficos) se denominan ibairotari en lengua nomatsiguenga e ikashiyari en lengua ashaninka.
- La visita informal de las funcionarias de la DGPD de Huancayo ha suscitado mucha esperanza en Tahuantinsuyo. Hermías Delgado espera poder honorar en unos meses las tumbas de sus padres y de sus otros parientes fallecidos el trágico día del 18 de agosto de 1993.
Katia Balladares, Hermías Delgado, Carol Baca [en el centro] y pobladores alrededor de la fosa común que ha sido limpiada (©Villasante 2019)
Memorial de los 21 muertos en la masacre de 1993, financiado por el alcalde de Mazamari Walter Escriba (2015-2018) (©Villasante 2019)
[1] Villasante, La masacre de Tsiriari y de la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo (Satipo), Boletín del idehpucp, 12 de agosto de 2014.
https://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/la-masacre-del-valle-de-tsiriari-y-de-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo-satipo/
[2] Villasante, Presentación de mi libro : La violencia política en la selva central del Perú, 1980-2000. Los campos totalitarios senderistas y las secuelas de la guerra interna entre los Ashaninka y los Nomatsiguenga. Estudio de antropología política, Lima, Tarea Gráfica, octobre 2019.
[3] Ver el contenido de la ley aquí: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10698.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10698
