Por Alberto de Belaúnde (*)
La participación política de las personas lesbianas, gays, trans, intersexuales y queer (LGBTIQ+) como votantes, candidatas, funcionarias electorales, observadoras y activistas es un indicador de la salud democrática de un país. Cuando la democracia se debilita, las personas LGBTIQ suelen estar entre las primeras en sentirlo.
Esa es la conclusión central de Queering Democracy: The Global Elections in 2024 and How LGBTIQ People Fared, informe publicado en septiembre de 2025 por Outright International, organización global que trabaja por los derechos humanos de las personas LGBTIQ. El informe se basa en investigación documental en 23 países, y examina cómo le fue a la comunidad LGBTIQ en el llamado «superaño electoral» de 2024, cuando se emitieron más de mil quinientos millones de votos en al menos 89 países.
El primer hallazgo es alentador. Pese a obstáculos significativos, las personas LGBTIQ participaron activamente en ese ciclo electoral. El informe identifica candidaturas abiertamente LGBTIQ en 36 países y registra primeras candidaturas históricas en Botsuana, Namibia y Rumania. Recordemos que recién en el 2019, la Corte Suprema de Botsuana despenalizó las relaciones del mismo sexo, mientras que en Namibia lo hizo meses antes de la elección.
El segundo hallazgo es más sombrío. En al menos 51 de los 60 países estudiados, candidatos, partidos y movimientos políticos usaron de forma negativa los temas LGBTIQ en su discurso y campaña, en algunos casos rozando el discurso de odio y la incitación a la violencia. El patrón se repite con regularidad preocupante: políticos que, ante problemas económicos reales que no resuelven, desvían la atención fabricando una amenaza moral. La «ideología de género» se convierte en comodín explicativo de todo lo que anda mal, y las personas LGBTIQ, en chivo expiatorio conveniente. En Ghana, la elección se convirtió, según un activista citado en el informe, en «una competencia por ver quién era más homofóbico». En varios países de Europa del Este, la disputa entre alineamiento con Rusia o con la Unión Europea se libró, en parte, sobre los cuerpos de las personas LGBTIQ, retratadas como agentes de una influencia extranjera corruptora.
Este patrón es familiar para quienes seguimos la política peruana, donde el discurso antiderechos ha sido durante años una herramienta electoral barata: requiere poco esfuerzo programático y promete rédito inmediato apelando al miedo. El informe de Outright aporta evidencia comparada de que esta estrategia tiene un costo democrático medible. Cuando los temas LGBTIQ se instrumentalizan como armas de odio, también se erosiona la capacidad de discutir con seriedad los problemas que afectan la vida cotidiana de la gente —empleo, salud, seguridad—, porque la energía política se desvía hacia pánicos morales fabricados.
El informe documenta también un hallazgo que conecta directamente con la salud de nuestras instituciones democráticas: en contextos de retroceso autoritario, las comunidades LGBTIQ suelen estar entre las primeras víctimas, pero también entre quienes más se movilizan en defensa de la democracia. En Bangladés, personas queer participaron activamente en la «Revolución de Julio» que derrocó a un gobierno acusado de fraude electoral. En Georgia, activistas LGBTIQ estuvieron en primera línea de las protestas contra leyes de inspiración rusa que buscaban silenciar a la sociedad civil.
La justicia, por sí sola, ya justificaría defender la participación política de las personas LGBTIQ, pero el informe muestra algo adicional: una democracia que sistemáticamente dificulta que un sector de su población vote, postule, observe procesos electorales o hable sin miedo de sus propios derechos no está funcionando bien para nadie. Las barreras que documenta Outright —ausencia de reconocimiento legal de la identidad de género, riesgo de violencia, prácticas electorales que exponen a las personas trans a hostigamiento en los centros de votación— son fallas estructurales que afectan la calidad de la representación democrática en general.
El Perú comparte estos patrones. Seguimos sin una ley de identidad de género, seguimos viendo candidaturas que usan la diversidad sexual como bandera de movilización del miedo, y seguimos esperando que la representación política refleje la diversidad real del país. Pero también tenemos una comunidad LGBTIQ que insiste en participar, organizarse y disputar el espacio público democrático que le corresponde por derecho propio, como ocurre en tantos otros lugares documentados por Outright.
El orgullo no se agota en la celebración de junio. Incluye insistir en ocupar la silla en el Congreso, presentar la cédula en la mesa de votación, tomar la palabra en el debate público. Insistir en que se nos permita ser ciudadanos plenos y que la democracia funcione para todos.
(*) Abogado, excongresista y director del programa Queer Legal Futures en Outright International
