Por Marcela Huaita Alegre (*)
La violencia contra las mujeres es uno de esos temas en los que no basta decir “estamos en contra”. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe un acuerdo bastante claro: el Estado no solo debe castigar a los agresores, sino también prevenir, proteger, atender y reparar. La Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia interamericana lo han repetido durante años, precisamente porque la violencia no es un hecho aislado, sino la expresión de desigualdades profundas que atraviesan la vida social.
Si uno recorre los planes de gobierno presentados para las elecciones de 2026, la violencia basada en género aparece una y otra vez. Está presente en casi todos. Pero al mirar con más atención —como muestra el cuadro 1— lo que cambia no es el diagnóstico, sino la forma de entender el rol del Estado frente a esa violencia.
Cuadro 1. Violencia basada en género: enfoque predominante
| Tipo de enfoque | Partidos / Alianzas | Instrumentos propuestos | Observaciones críticas |
| Seguridad y sanción | Fuerza popular, Partido Aprista, Avanza País, Integridad Democrática, Perú Acción, Obras, Patriótico del Perú, Perú Libre, PRIN, Un camino diferente. | Implementación de pulseras de restricción y GPS para agresores. Emisión de medidas de protección en menos de 24 horas. Reconocimiento de la declaración de la víctima como prueba suficiente para cautelares. Pena de muerte para violadores y salida de la CIDH. | Predomina un enfoque reactivo y punitivo. Se prioriza la gestión del riesgo inmediato sobre la transformación de las causas estructurales. |
| Integral (prevención + servicios) | Libertad Popular, Somos Perú, País para Todos, Primero la Gente, Partido Morado, Alianza Electoral Venceremos, Partido Demócrata Verde, Salvemos al Perú, Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Progresemos . | Meta de reducir feminicidios a menos de 80 casos anuales. Creación de Equipos de Respuesta Rápida móviles y 24/7 con atención en 30 minutos. Declaratoria de emergencia para la seguridad de mujeres trans ante crímenes de odio. Ampliación a 900 Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional. Presupuesto directo para Instancias de Concertación. | Enfoque alineado con la Política Nacional de Igualdad de Género que busca transformar condiciones de desigualdad. Requiere alta capacidad de coordinación intersectorial para evitar la fragmentación de servicios. |
| Tecnológico avanzado | Fuerza y Libertad, , Perú Primero, Ahora Nación. | Uso de Blockchain para garantizar la inmutabilidad de la cadena de custodia de evidencias y denuncias. Creación del Sistema Nacional de Información Interoperable (SNII-Género) entre MIMP, PNP y Justicia. Aplicación de Inteligencia Artificial para el análisis predictivo de «hotspots» delictivos y prevención del delito. | Propuestas altamente innovadoras que buscan eliminar la manipulación de pruebas. El desafío principal radica en la brecha de capacidades digitales del personal operativo para manejar estas herramientas. |
Elaboración a partir de matriz de análisis de los planes de gobierno presentados para las Elecciones Generales 2026.
Al leer estos enfoques, la diferencia se vuelve clara. Hay planes que entienden la violencia sobre todo como un problema de seguridad pública, algo que debe controlarse rápido: más sanción, más vigilancia, más castigo. Ese énfasis puede dar una sensación de respuesta inmediata, pero suele quedarse en la superficie. La violencia aparece como un riesgo individual, no como un fenómeno que nace de desigualdades sociales, económicas y culturales.
Desde una mirada de derechos humanos, ese enfoque es insuficiente. La sanción es necesaria, sí, pero cuando ocupa todo el espacio termina desplazando la prevención, el acceso a servicios, la protección temprana y el trabajo sobre las causas estructurales. El riesgo es que la política pública se limite a administrar el daño, sin cambiar las condiciones que lo hacen posible.
Otros planes, en cambio, apuestan por un enfoque integral. Hablan de prevención, de servicios especializados, de metas medibles y de coordinación entre sectores. Reconocen que la violencia contra las mujeres no se resuelve solo con castigo, sino con políticas sostenidas que reduzcan desigualdades y fortalezcan capacidades estatales. Esa diferencia no es técnica: es profundamente política.
Derechos sexuales y reproductivos: autonomía corporal o control moral
Si en violencia existen matices, en los derechos sexuales y reproductivos la división es mucho más nítida. Aquí la discusión deja de ser gradual y se vuelve abiertamente ideológica. El cuadro 2 muestra con claridad cómo los planes se agrupan en torno a visiones muy distintas sobre el cuerpo, la educación y el rol del Estado.
Cuadro 2. Educación Sexual Integral (ESI) y derechos sexuales y reproductivos
| Categoría General | Partidos / Alianzas | Enfoque Programático y Metas |
| Autonomía corporal y Reforma Legal | Cooperación Popular, Alianza Electoral Venceremos, Partido Morado. | Proponen reformas legislativas directas: legalización del aborto terapéutico y por violación (especialmente en niñas), marco jurídico para la unión civil de parejas del mismo sexo y procedimientos administrativos rápidos para el cambio de identidad de género. Buscan una ESI científica desde los 3 años. |
| ESI Científica y servicios de salud | Libertad Popular, Ahora Nación, Primero la Gente, Juntos por el Perú, Partido Demócrata Verde, PRIN, Integridad Democrática, Partido del Buen Gobierno | Centran su propuesta en la calidad del servicio y la evidencia. Exigen que el 100% de docentes egresen con competencias sólidas en ESI. Se enfocan ESI científica, salud mental y el cierre de brechas en habilidades socioemocionales, sin proponer necesariamente cambios al Código Penal. |
| Protección del Binomio y Gestión del Riesgo | Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú, Perú Primero, País para Todos, Progresemos. | El eje es la seguridad y permanencia escolar. Implementan sistemas de alerta temprana (como «Familia y Colegio Protegen») para detectar abusos. Garantizan el derecho a la educación de la madre adolescente, prohibiendo su expulsión y facilitando su reincorporación tras el parto. |
| Valores Tradicionales y Oposición al Enfoque | Unidad Nacional, Renovación Popular, Partido Demócrata Unido Perú, Perú Acción. | Plantean el reemplazo explícito de la ESI por una «educación sexual en valores» basada en la familia tradicional. Rechazan lo que denominan «ideología de género» y proponen eliminar el término «género» de la currícula nacional y de las políticas públicas. |
Elaboración a partir de matriz de análisis de los planes de gobierno presentados para las Elecciones Generales 2026.
En un extremo, hay propuestas que parten de una idea sencilla pero poderosa: la información y los servicios son derechos, no concesiones morales. Desde ahí se defiende la Educación Sexual Integral, el acceso a salud reproductiva y, en algunos casos, reformas legales para proteger a niñas, adolescentes y mujeres frente a violencias extremas.
En el otro extremo, aparecen propuestas que rechazan el enfoque de género y la ESI, y plantean reemplazarlos por nociones como “educación en valores” o “formación desde la familia”. Ese cambio de lenguaje no es neutro. Traslada el eje desde los derechos hacia marcos morales particulares y reduce el rol del Estado como garante, especialmente en contextos donde la violencia sexual y el embarazo forzado siguen siendo una realidad cotidiana.
Desde una perspectiva democrática, esta disputa importa —y mucho—. Limitar el acceso a educación sexual integral y a servicios de salud reproductiva tiene efectos concretos: más embarazos adolescentes, más deserción escolar, más violencia no detectada a tiempo. No se trata solo de ideas, sino de consecuencias reales en la vida de niñas y adolescentes.
Niñas y adolescentes: donde el impacto es más duro
En ambos ejes, el efecto sobre niñas y adolescentes es especialmente crítico. Los estándares internacionales son claros: frente a violencia sexual, embarazo forzado o negación de servicios, el Estado tiene obligaciones reforzadas. Sin embargo, no todos los planes incorporan esta mirada de manera consistente.
Algunos reconocen explícitamente esa vulnerabilidad y proponen medidas específicas. Otros diluyen el problema dentro de discursos amplios sobre familia, seguridad o valores, donde la niña o adolescente deja de aparecer como sujeto de derechos y pasa a ser parte de una abstracción. Esa diferencia suele traducirse en respuestas estatales más lentas, menos efectivas y menos protectoras.
Cuando el retroceso se vuelve posible
Visto en conjunto, el análisis deja una alerta clara: existen propuestas que, sin negar abiertamente los derechos de las mujeres, los restringen a través de enfoques punitivos, moralizantes o meramente asistenciales. Ese tipo de desplazamientos es incompatible con el principio de no regresividad en derechos humanos.
Cabe también una mención a los planes que no aparecen en este análisis por una razón simple pero reveladora: el silencio. En varios casos, la violencia basada en género, la educación sexual integral o los derechos sexuales y reproductivos no son abordados de manera explícita, o aparecen apenas en formulaciones generales sin contenido sustantivo. Esta ausencia no es neutra. Puede indicar que estos temas no constituyen una prioridad política, que se evita tomar posición en asuntos sensibles o, de manera más preocupante, que no existe transparencia sobre los planteamientos que se sostendrían frente a derechos que afectan directamente la vida de mujeres, niñas y adolescentes
Por eso, estos cuadros no son solo comparaciones técnicas. Funcionan como señales tempranas. Allí donde se prioriza el control sobre la prevención, o los valores morales sobre la autonomía corporal, se debilita el núcleo mismo de los derechos humanos y, con ello, la calidad democrática.
En estos temas, la igualdad de género opera como un verdadero termómetro: muestra hasta qué punto los proyectos políticos están dispuestos a aceptar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes como límites al poder, y no como variables que pueden ajustarse según el clima electoral.
Nota metodológica: El análisis comparativo se elaboró a partir de los documentos oficiales presentados por las organizaciones políticas inscritas para las Elecciones Generales 2026–2031, utilizando como fuentes los Planes de Gobierno Integrales o, cuando correspondía, el Formato de Resumen publicado en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al 31 de enero de 2026. Se advierte que el Partido Democrático Federal, pese a contar con plancha presidencial inscrita, no registra propuestas desarrolladas ni resumen ejecutivo en las plataformas oficiales consultadas. La sistematización se realizó mediante matrices comparativas, con apoyo técnico de herramientas de inteligencia artificial, bajo supervisión directa y validación respecto de los documentos originales.
(*) Este artículo es parte de la serie de entregas «Elecciones 2026, igualdad de género y democracia: ¿qué está en juego?» a cargo de Marcela Huaita-Alegre. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) e integrante del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (GRIDEH). Su trabajo se especializa en igualdad de género, políticas públicas y estándares internacionales de derechos humanos, con énfasis en democracia y no regresividad de derechos
