Por Kathy Subirana (*) y Andrea Luque (**)
La defensa de los derechos humanos atraviesa uno de sus momentos más complejos en las últimas décadas. En distintos países de América Latina —y del mundo— aumentan los ataques contra periodistas, líderes indígenas, operadores de justicia, activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil. En ese escenario, la politóloga colombiana Andrea Bolaños asumió recientemente el mandato de Naciones Unidas encargado de monitorear, denunciar y visibilizar las amenazas que enfrentan quienes defienden derechos fundamentales.
Andrea Bolaños visitó Lima la semana pasada en una visita no oficial. En esta conversación, reflexiona sobre los desafíos actuales del sistema internacional de derechos humanos, el avance de la criminalización contra personas defensoras y la necesidad de fortalecer políticas de protección con enfoques interseccionales y colectivos. Además, reivindica el papel de la academia en la defensa de la democracia y el pensamiento crítico, y advierte que los organismos internacionales siguen siendo herramientas indispensables frente a las crisis contemporáneas.
¿Qué implica un encargo de relatoría especial?
Quieres asumimos una relatoría especial somos personas expertas independientes de distintas regiones del mundo y especializadas en diversos temas. Existen relatorías temáticas y relatorías por país. Yo pertenezco a una relatoría temática, pero también hay relatores sobre alimentación, salud, vivienda, violencia contra la mujer y muchos otros temas.
Actualmente somos alrededor de 49 relatores y relatoras. No somos funcionarios de Naciones Unidas. Nuestros cargos son ad honorem, no representamos a ningún Estado y somos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos. Es importante aclararlo porque, aunque formamos parte del sistema de protección de Naciones Unidas, mantenemos independencia frente a los Estados y frente a la propia organización.
Colombia vivió décadas muy duras de violencia, ¿cómo influyó esto en tu decisión de trabajar en el ámbito de los derechos humanos?
Diría que me marcó el contexto. No todas las personas colombianas vivimos ese contexto de la misma manera, pero sí creo que nos marcó profundamente. Toda la época de los años noventa, cuando los grupos narcotraficantes ejercían muchísima violencia, me impactó mucho: los carros bomba, vivir en ciudades donde cada semana asesinaban a una figura pública o política relevante. Después vino el cruce con el paramilitarismo, que cobró la vida de muchísimos dirigentes políticos. A veces pienso que, si alguna de esas personas hubiera llegado a la presidencia, la historia de Colombia habría sido muy distinta.
También recuerdo mucho los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Colombia sigue siendo, desafortunadamente, un contexto muy difícil para defender derechos humanos y, en muchos casos, incluso para ejercerlos plenamente. Al mismo tiempo, hubo momentos de mucha esperanza, como los acuerdos de paz. Yo era muy joven durante la Constituyente de 1991 y el acuerdo con el M-19, pero ya de adulta viví todo el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos. Fue un momento de muchísima ilusión para el país.
En ese marco, ¿cuáles son las posibilidades de acción que tienen los organismos internacionales para promover la protección de las personas defensoras de derechos humanos?
Creo que los mecanismos internacionales seguimos teniendo algo fundamental: el marco internacional de derechos humanos. Y hoy más que nunca tenemos que defenderlo. Es cierto que mucha gente dice que el derecho internacional de los derechos humanos está en crisis, que el multilateralismo está en crisis y que las Naciones Unidas necesita reformas. Y sí, todo eso es cierto. Pero lo que no podemos hacer es repetirlo como un mantra y olvidar lo que significan estos mecanismos.
Los derechos humanos y todo este andamiaje de protección nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron creados como una respuesta a lo que significó ese horror. No estoy diciendo que sea un sistema perfecto, porque claramente no lo es, pero sí creo que sin estos mecanismos las crisis habrían sido mucho peores. Siempre me pregunto qué habría pasado si no existiera Naciones Unidas o si no hubiéramos desarrollado marcos internacionales de protección de derechos humanos. Creo que hoy debemos defenderlos más que nunca, incluso sabiendo que necesitan reformas. Y algo importante: cuando hablamos de reformar Naciones Unidas no podemos olvidar que quienes conforman Naciones Unidas son los propios Estados. Son ellos quienes tienen la responsabilidad de transformar el sistema y de cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos.
¿Cómo explicar la vulnerabilidad que experimentan las personas defensoras de derechos humanos?
El rol de las personas defensoras implica vigilancia sobre el Estado, participación en asuntos públicos y compromiso con sus comunidades. Cuando investigan, denuncian o exponen casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, se vuelven incómodas para muchos actores. Y esos actores pueden ser estatales, pero también no estatales. Entonces comienzan los ataques contra las personas defensoras: amenazas contra su vida, limitaciones a su participación en el espacio público y riesgos crecientes.
Esto se ve especialmente en personas defensoras del ambiente, pueblos indígenas que defienden tierra y territorio frente a proyectos extractivos, periodistas y también operadores de justicia —jueces, fiscales, magistrados— que cumplen su labor conforme al derecho y que hoy están siendo perseguidos y criminalizados. En el fondo, el problema es que las personas defensoras cumplen un rol fundamental en la defensa del Estado de derecho y de la democracia. Lo que genera reacción no es su trabajo en sí mismo, sino la incomodidad que producen en determinados sectores.
¿Cuáles serían las principales violaciones de derechos que enfrentan las personas defensoras?
Depende mucho del contexto de cada país, pero los asesinatos siguen siendo una de las principales violaciones en muchas regiones del mundo. También están la estigmatización y la criminalización. Y cuando hablo de criminalización no me refiero a algo aislado, sino a un andamiaje completo destinado a debilitar a la persona defensora, aislarla, dejarla sin redes de apoyo y usar vacíos legales o interpretaciones maliciosas de la ley para perseguirla judicialmente.
Hoy vemos juicios larguísimos, detenciones prolongadas y procesos sin fundamento sólido. Incluso cuando las acusaciones terminan cayendo, las personas pasan años enfrentando procesos judiciales. Además, hay un número creciente de personas defensoras que han tenido que desplazarse dentro de sus países o exiliarse buscando protección internacional. Y aun así continúan siendo perseguidas desde el exterior. Hay una tendencia cada vez más clara hacia la represión transnacional.
¿Qué características debería tener una política integral de protección para personas defensoras de derechos humanos?
Lo primero es garantizar la participación real y efectiva de las propias personas defensoras. Son ellas quienes deben decir qué necesitan y cómo debería diseñarse una política de protección. Y esa participación no debe darse solo en el diseño, sino también en la implementación y gobernanza de la política. En América Latina existen varios mecanismos de protección y, en muchos casos, las organizaciones de la sociedad civil han participado activamente en su construcción. Eso es fundamental.
Otro elemento clave es el enfoque de derechos humanos y el enfoque interseccional. No es lo mismo pensar una política para mujeres que para hombres, ni para mujeres indígenas rurales que para mujeres urbanas o afrodescendientes. También influyen la edad, la orientación sexual o las discapacidades. Por eso las políticas deben ser suficientemente amplias y adaptables a distintos contextos.
Y algo muy importante hoy es avanzar hacia medidas de protección colectiva. Muchos Estados que trabajaron durante años con enfoques individuales y securitistas están entendiendo la necesidad de proteger también a comunidades, organizaciones y colectivos.
Considerando el actual contexto de retroceso democrático y de derechos humanos, ¿qué papel cree que debería jugar la Academia?
La Academia es fundamental. Tiene un rol clave en profundizar y contextualizar los marcos internacionales de derechos humanos, pero también en ayudarnos a entender lo que está pasando y encontrar salidas desde las experiencias comparadas. Además, la propia Academia está siendo atacada en muchas partes del mundo por promover pensamiento crítico. Eso debería preocuparnos a todos. Creo que la academia debe seguir manteniendo en el centro la defensa de los derechos humanos y asumir un rol mucho más proactivo. No solo dentro de las universidades ni únicamente con sus estudiantes.
En los procedimientos especiales de Naciones Unidas hacemos consultas permanentes con distintos actores y las voces académicas son muy importantes. Ese rol proactivo es esencial hoy en día.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
(**) Abogada. Integrante del área Académica y de Investigaciones.
