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Editorial 11 de mayo de 2021

De entre los varios aspectos preocupantes de las dos candidaturas en competencia por la Presidencia de la República hay que llamar la atención sobre su indiferencia e incluso su franca oposición a políticas de equidad en materia de género y derechos de género.

Durante el último lustro hemos sido testigos de diversas iniciativas dirigidas a desmantelar, bloquear o sabotear la inclusión del enfoque de género en diversos aspectos del funcionamiento del Estado. En esto han participado diversas organizaciones políticas y sociales, no únicamente el fujimorismo. Pero este, de todos modos, ha tenido un protagonismo que nos permite anticipar cuál sería su aproximación a esto en el caso de que accediera el Gobierno. A eso se suma un Congreso 2021-2026 con una nutrida representación de organizaciones conservadoras que ya tienen, también, una trayectoria de oposición y ataque a las políticas de equidad de género.

La perspectiva no mejora al considerar al candidato Castillo, de quien, hasta el momento, y en ausencia de un plan de gobierno que auscultar, solo se han oído declaraciones contrarias, o, en el mejor de los casos, indiferentes al enfoque de género como un lineamiento de las políticas de Estado.

Y sin embargo, como se señala en un artículo en esta edición del Boletín de IDEHPUCP, el Estado peruano tiene una Política Nacional de Igualdad de Género proyectada hasta el año 2030. Aprobada en el año 2019, esta política identifica acertadamente los efectos más nocivos de la discriminación estructural contra las mujeres —vulneración del derecho a una vida libre de violencia; vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva; vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones; vulneración de los derechos económicos y sociales—y prescribe una diversidad de medidas que recorren transversalmente todos los ámbitos de acción del Estado.

No está de más resaltar que esta política, además de su justificación basada en un diagnóstico acertado de la situación actual y de sus raíces estructurales, responde a un amplio número de instrumentos internacionales de los cuales el Estado peruano es parte.

Resulta, por lo tanto, sorprendente la ligereza con la cual los aspirantes a presidir el próximo gobierno se refieren a este tema. Sus reparos al enfoque de género, tendrían que proceder de una postura adecuadamente informada, en lugar de ser la sola expresión del desinterés y el desconocimiento, o de una postura ideológica ajena a la consideración de la realidad social y jurídica del país. Ambos, por lo tanto, anuncian un futuro muy preocupante y obligan a la sociedad civil a redoblar su vigilancia sobre un tema central para la democracia en el país.

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