La renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, y, a continuación, la dimisión de la primera ministra, Mirtha Vásquez, sitúan una vez al gobierno del presidente Pedro Castillo ante una grave crisis.
Esta se suma a varias situaciones parecidas que se suceden desde julio de 2021 y que, en conjunto, generan una atmósfera permanente de inestabilidad y de gobernabilidad precaria. Pero la crisis de hoy tiene algunos ribetes particulares, pues su dinámica principal no corresponde estrictamente a tensiones políticas con una oposición destructiva, sino, de manera directa, a problemas críticos para la vida cotidiana de la población, frente a los cuales el gobierno tiene la obligación de actuar con la mayor seriedad. Estos problemas son la inseguridad ciudadana y la persistente y extendida corrupción.
El núcleo del actual conflicto, como se sabe, está en los intentos del ahora exministro Guillén de poner atajo a malos manejos en el proceso de ascensos y reasignación de funciones en la Policía Nacional. Esos intentos no han sido respaldados por el Presidente de la República. La permisividad frente a esta manipulación de la institución policial significa, en la práctica, un abandono de la obligación de fortalecer la seguridad ciudadana, una actitud negligente frente a uno de los problemas que la población peruana de todos los estratos socioeconómicos experimenta con más angustia.
Durante el desenlace de la crisis no se ha oído de parte del Presidente ninguna declaración referida a la necesidad de investigar y sancionar.
Pero esta actitud tiene como correlato, en esta circunstancia, los serios indicios de corrupción en el manejo de la institución. Durante el desenlace de la crisis no se ha oído de parte del Presidente ninguna declaración referida a la necesidad de investigar y sancionar. A eso cabe añadir el hecho de que entre las ramas de la policía afectadas se encuentra, precisamente, aquella que tiene un papel importante en la investigación de delitos de alta complejidad, donde hay casos que comprometen a personajes de diversos sectores políticos. Estamos, pues, potencialmente, ante un doble golpe a la lucha contra la corrupción.
Todo ello viene rodeado de una variedad de factores políticos, con disfunciones en la organización del gobierno, que acaba de señalar la primera ministra renunciante, y también, innegablemente, con una oposición intransigente. Todo ello es materia de análisis constante, así como también es indispensable preguntarse cómo construir una gobernabilidad básica en este contexto. Pero hay que insistir, esta vez, sobre este elemento diferencial. Lo que se ha mostrado en esta crisis es una clara negligencia de parte del gobierno en la atención a esos dos problemas crónicos del país, cuyas víctimas mayores son siempre los peruanos y peruanas más desfavorecidos.
