Un sector del Congreso de la República insiste en el plan de desbaratar a la Junta Nacional de Justicia mediante la destitución de todos sus integrantes actuales y de someterla, como es fácil anticiparlo, mediante el nombramiento de nuevos miembros que sean dóciles a sus intereses. Se ha llamado la atención repetidas veces sobre todo lo que está en peligro si es que prevalece finalmente esta intención de aquellos grupos. Está en riesgo, desde luego, la imparcialidad y la idoneidad del sistema de administración de justicia. Pero también el sistema electoral en sí mismo podría convertirse en un peón más de la estrategia de control político antidemocrático de dichas agrupaciones.
Se trata, así, potencialmente, de la aniquilación de lo poco que queda del ordenamiento democrático que el país recuperó hace casi un cuarto de siglo. Evidentemente, no se podría afirmar que durante esas dos décadas y media, aproximadamente, la democracia peruana haya gozado de buena salud. Lejos de ello, diversas olas de corrupción han desfigurado al régimen. Lo han desfigurado sobre todo porque, en buena cuenta, gran parte de los grupos políticos que han llegado a posiciones de poder –en el gobierno o en el Legislativo—han convertido en punto central de su agenda facilitar la corrupción –para lo cual no han vacilado en desmantelar algunas reformas institucionales esenciales — y proteger a colegas y allegados contra la acción de la justicia. Es decir: porque la lógica de los negocios (ilícitos) ha sustituido en enorme medida a la lógica de la política y del quehacer público. El correlato de eso es, evidentemente, el descuido de toda política en favor de los derechos de la ciudadanía; es decir, un abandono de las preocupaciones legítimas de la agenda pública. Los diversos desastres de los últimos años en los que la población se ha encontrado siempre expuesta y desprotegida (fenómenos climáticos, Covid, inseguridad ciudadana, etc.), son el resultado nada remoto de todo ello. Y no se puede omitir que todo este descalabro del estado de derecho y de la política en general se combina, para radicalizar la crisis de la democracia, con la violenta respuesta del Estado durante las manifestaciones sociales del año 2023. Así, el desgobierno se encontró con otro mal que el país creía ya haber superado, como es la acción autoritaria del Estado contra la integridad y la vida misma de la ciudadanía. Medio centenar de muertes de peruanas y peruanos por las que el gobierno no responde constituyen, también, una grave expresión de la crisis y una insoportable hipoteca para la democracia.
En estas circunstancias, lo poco que va quedando del sistema se ve reducido a su expresión mínima: al menos la posibilidad de elegir autoridades en comicios libres y limpios, es decir, la posibilidad de que el voto ciudadano sancione a aquellos que son responsables de las múltiples crisis y busque alguna opción de salida. Pero eso también está en riesgo ahora y no solamente por las maniobras del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia, sino también por un proyecto de ley presentado por un representante de Fuerza Popular que pretende cambiar las reglas de elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, lo que haría posible controlar directamente esa entidad.
En un sistema democrático que todavía presentara signos vitales robustos la maniobra contra la JNJ tendría que haber quedado ya desacreditada y desechada no solo por los estridentes vicios de forma y proceso que contiene, sino también por la falta de toda razón sustantiva en la acusación –después de todo, un informe encargado por la propia comisión del Congreso a cargo del tema dictaminó que no había mayores bases para la acusación que se pretendía hacer. Pero al existir un elenco político que ha desalojado de su repertorio de acción el respeto por las formas democráticas esa posibilidad sigue viva y avanza, y sus promotores pueden contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios que, si no tienen “interés” directo en la materia, sí están dispuestos a dar su voto a cambio de cualquier otra granjería que les resulte codiciable. La institucionalidad democrática del país, veinticuatro años más tarde, ofrecida en subasta.
