21/09/2021

Denise Ledgard: “La paridad aporta sustancialmente al desarrollo del país y al bienestar de toda su población”

Foto: Raúl García

Por Katherine Rodríguez (*)

Incursionar en la política no resulta ser seguro para muchas mujeres. La política es un espacio donde son frecuentes el acoso, la discriminación y la violencia. Durante el 2020 y 2021 se implementaron la Ley de paridad y alternancia y la Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Sobre este tema conversamos con Denise Ledgard, oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD en Perú, quien comentó el panorama general de la mujer en el espacio político.

¿Cómo cree que sea considerado actual gabinete de ministros respecto a la lucha contra la violencia hacia la mujer?

Este nuevo Gobierno tiene la oportunidad de atacar problemas estructurales de manera frontal y el de género es uno de ellos. Así que es vital la muestra de avances en las políticas públicas de género en el país. Estas políticas deben ser transversales y considerar la participación de las mujeres en los procesos de diseño y en la toma de decisiones. Deben cerrarse las brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos. La violencia de género es sin duda una de las manifestaciones de la desigualdad más crudas e insanas, y para combatirla, además de mejorar la prevención, la atención de víctimas y la sanción a los perpetradores, el gobierno debe ponerse como reto el romper con la indiferencia, y no agudizarla, luchar contra los estereotipos de género y desnaturalizar la violencia contra las mujeres. Existe una alta normalización frente a este tipo de violencia, con una tolerancia de más del 58 % (ENARES, 2019). Es decir, alrededor de 6 de cada 10 peruanos y peruanas normalizan los actos de violencia contra las mujeres. Mientras esto ocurre, las cifras de feminicidio en el Perú siguen en aumento, por ejemplo, de enero a julio de este año se reportaron 84 casos con características de feminicidio y 179 casos de tentativa de feminicidio (MIMP, 2021); y en general, la violencia basada en género se ha recrudecido como consecuencia de la pandemia, de enero a setiembre del 2020 las cifras de llamadas a la Línea 100 se duplicaron y fueron más del doble que las registradas el 2019 (MIMP, 2020). Las brechas se han agrandado y, si esto no para, la desigualdad se hará cada vez más profunda y la violencia seguirá en aumento.  La formación de la Comisión de Alto Nivel para implementar la Política de Igualdad de Género del 2019 es un anuncio importante, pero debe ser dotada de los recursos necesarios para ser efectiva; asimismo, el presidente Castillo ha manifestado su intención de involucrar más a las mujeres en su gobierno y la ministra Durand ha señalado que trabajará en el fortalecimiento de capacidades y sensibilización con enfoque de género. Esperamos que esto sea así pues no podemos retroceder en la lucha que hace tantos años se está librando en todo el mundo, pues a nivel internacional se ha demostrado que la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, en los diversos ámbitos, aporta al desarrollo de los países y, por su puesto, nuestra posición siempre será en favor del desarrollo.

“El gobierno debe ponerse como reto el romper con la indiferencia, y no agudizarla, luchar contra los estereotipos de género y desnaturalizar la violencia contra las mujeres”.

Por otro lado, ¿cree que se busca excluir a las mujeres del espacio político?

Más que buscar una exclusión específica del espacio político, se trata de un problema de discriminación estructural, que constituye una barrera impuesta por los estereotipos de género. La menor participación y representación de las mujeres en los espacios políticos son reflejo del problema y a la vez, parte de la causa; es necesario aumentarla para lograr nivelar la cancha y por eso es importante seguir luchando y exigiendo paridad. Este año se ha dado la cifra más alta de representación femenina en la historia del Congreso peruano, aumentando de 26 a 38 % la participación de las mujeres, gracias a la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia (vigente desde julio del 2020); sin embargo, la discriminación estructural y los prejuicios sobre los roles y las tareas consideradas “de mujeres” ha impactado en la representación femenina en el ámbito político. Se atribuye a las mujeres las tareas de cuidado o asistenciales y a los hombres las de dirección, decisión o liderazgo. Esto también limita las oportunidades y condiciones idóneas de las mujeres para participar de manera más activa en política. Si revisamos las cifras, las mujeres trabajan 23 horas más que los hombres a la semana en labores domésticas no remuneradas (INEI, 2019), en el mismo sentido, un estudio del PNUD en Perú este año identificó sesgos de género cuando se preguntó si los hombres son mejores líderes que las mujeres, una de cada cinco personas entrevistadas manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo. En el mismo estudio, el 31,5 % de personas encuestadas estuvo de acuerdo y muy de acuerdo con que las mujeres tienen más dificultades que los hombres para enfrentar retos. Por eso, es importante que sigamos trabajando para erradicar estereotipos o discriminación por razones de género y eso sólo se va a lograr cuando las mujeres tengamos mayor representación, las mismas oportunidades y cuando seamos incluidas en la toma de decisiones con el fin de asegurar el enfoque de género en las políticas públicas dirigidas a la población.

Las mujeres se sienten inseguras al ingresar a los espacios políticos. ¿Cómo podría mejorar esta situación?

La Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, promulgada este año, es un avance importante en ese sentido. Varios países de la región ya han implementado esta ley considerando los elevados porcentajes de acosos que reportan las mujeres que participan en la vida política. Pero, también es importante generar las condiciones dentro de estos espacios políticos, empezando por los propios partidos, en los cuales debe promoverse la participación femenina en puestos dirigenciales. Según el Registro de Organizaciones Políticas al 2020, la brecha en personas afiliadas a partidos políticos nacionales es sólo de 4%; sin embargo, respecto a cargos dirigenciales la participación de las mujeres en los partidos se limita al 30% del total.  Ahora bien, los cambios no sólo deben ser normativos, sino que requieren ser abordados desde procesos formativos y de sensibilización. Uno de los mayores obstáculos es la falta de conciencia en la población en general. De acuerdo con un estudio del PNUD, en Perú son las mujeres las que en mayor medida consideran importante el incremento de su participación política (83,8% vs. 62,4% en el caso de los hombres); sin embargo, este no es un tema que deba importarle solo a las mujeres, pues la paridad aporta sustancialmente al desarrollo del país y al bienestar de toda su población, por lo que se requiere reforzar las estrategias de sensibilización hacia la ciudadanía y a la interna de los partidos políticos.

Sin duda, la violencia contra las mujeres en política sigue siendo una importante barrera para el pleno ejercicio de sus derechos políticos. De acuerdo con un informe del Jurado Nacional de Elecciones, el 52 % de candidatas en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 2020 indicaron haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político, mientras que según la Encuesta Nacional a Candidaturas Congresales 2021 en estas últimas elecciones fue el 47 %, siendo las principales formas de acoso la burla (35%) y la difamación (30%). Pero estas situaciones no ocurren solo con la oposición, sino también a través de medios de comunicación, redes sociales, e inclusive dentro de espacios más cercanos como sus propios partidos, comunidades y familias.

Se observa que, dentro del Congreso, están siendo más recurrentes incidentes machistas hacia congresistas. A parte de la ley contra el acoso político, ¿cómo se podrían prevenir estas situaciones?

Una forma importante y necesaria de hacerlo es mediante el control ciudadano. El machismo no puede tolerarse, tiene que reconocerse, nombrarse, ser puesto sobre la mesa y no dejarlo pasar, y deben discutirse sus causas y sus implicancias. Debemos insistir afirmando la necesidad de igualdad de derechos como condición para el desarrollo, de paridad en la participación política y total intolerancia frente a la violencia contra las mujeres y los vejámenes machistas. No se puede permitir la naturalización de la violencia ni ningún tipo de discriminación. El hecho que sucedan este tipo de cosas en el Congreso es especialmente preocupante, ya que justamente los y las congresistas son quienes ejercen funciones de representación. No puede permitirse que uno de nuestros representantes políticos tenga este tipo de actitudes. Es necesario seguir promoviendo capacidades y sensibilización en cuanto a los derechos de las mujeres, no solo con la población sino con instituciones y autoridades, inclusive. Para prevenir el machismo en el sector público, un punto importante y necesario es la transversalización del enfoque de género en las instituciones públicas, promover el conocimiento en las autoridades mujeres acerca de sus derechos políticos y que sus pares varones se sensibilicen en este sentido, por eso el PNUD con el JNE, AECID y ONU Mujeres trabaja en diversas acciones y encuentros dirigidos a lideresas, candidatas y autoridades electas.

¿Qué faltaría complementar en la ley contra el acoso a las mujeres en la vida política?

La Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política será implementada por primera vez en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y plantea como uno de sus ejes fundamentales la implementación de mecanismos que permitan darle visibilidad a este problema (como el Observatorio Nacional del Acoso Político contra la Mujer) y el fortalecimiento del trabajo intersectorial para sensibilizar a la ciudadanía, organizaciones electorales y partidos políticos sobre la prevención de este tipo de violencia. Sin embargo, esto aún debe reglamentarse. Es importante dejar claramente establecidos los procesos de esta ley a través de un Reglamento para lograr una adecuada implementación no sólo en los organismos electorales, sino también al interior de las organizaciones políticas a fin de que cuenten con procesos transparentes que eviten la revictimización de las denunciantes

¿Qué hacer para reducir los posibles actos de acoso en la campaña política que se viene?

Además de los cambios normativos también necesitamos de procesos educativos y de sensibilización en todos los niveles: legislativo, ejecutivo y en gobiernos subnacionales. La propia ley menciona una serie de acciones que son más a mediano y largo plazo como justamente el fortalecimiento de capacidades, pero también la necesidad de un registro nacional de casos, asesoría técnica a entidades públicas para la prevención y erradicación de este tipo de acoso, servicios de consejería y la promoción de la participación de organizaciones civiles y de personas del sector privado. Esto último es muy importante porque como ya se ha mencionado, uno de los mayores obstáculos es la falta de conciencia de la población en general.  La población y los medios de comunicación pueden jugar un rol muy importante, ya que una de las principales limitantes para la atención de estos casos es la poca visibilidad y reconocimiento de este tipo de violencia en particular.


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