"La discriminación no solo se limita a los actos en las relaciones interpersonales directas; sino en el propio diseño y funcionamiento de las instituciones"

Por Juan Takehara

Toda forma de discriminación, sea un acto o comportamiento contra una persona o un grupo de ellas, resulta en una violación a sus derechos humanos, pues todos merecemos el mismo trato e igualdad. Uno de los tipos de discriminación más latentes y visibles a diario en nuestro país es la racial, en especial contra las minorías.

Para conocer cómo se viene desarrollando  – y buscando reducir – este problema social, conversamos con Gustavo Oré Aguilar, director de la Dirección de la Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura.

La mayor parte de países de la región latinoamericana ha seguido procesos de colonización en los que se observa, como elemento común, el establecimiento de un orden social desigual que ha excluido históricamente a personas pertenecientes a pueblos indígenas y población afrodescendiente. Sin embargo, en el caso peruano, aunque no es posible medir el nivel de racismo o la discriminación étnico-racial en relación a otros países, se trata de una problemática vigente y estructural, que no solo se limita a los actos de discriminación en las relaciones interpersonales directas; sino en el propio diseño y funcionamiento de las instituciones, que colocan a ciertos grupos en situación de desventaja por motivos étnico-raciales; en tal sentido, la denominada “racialización” en función al color de la piel de las personas cobra particular relevancia, al igual que el origen de las personas; no es casualidad que decir “serrano” en el Perú resulta tener una connotación especialmente racista en comparación con otros países latinoamericanos.

Actualmente, no se cuenta con un registro único de denuncias por casos de discriminación. Por ello, al día de hoy, como entidad rectora en la materia, estamos desplegando esfuerzos, a nivel público y privado, para centralizar información sobre los casos de discriminación que existen en el país. Con ello, buscamos orientar e informar a la ciudadanía sobre los mecanismos que se encuentran a su disposición para la tutela de su derecho a la igualdad y no discriminación. Entre las organizaciones con las que estamos sumando esfuerzos se encuentra el Poder Judicial, y esperamos poder trabajar con el Ministerio Público muy pronto. 

La plataforma “Alerta contra el Racismo”, desde su creación en 2013, registra 564 alertas sobre hechos de discriminación étnico-racial ocurridos en ámbitos como lugares de consumo, espacios públicos, centros laborales, centros educativos, entre otros. Frente a estos, existen sanciones administrativas y penales. Como un caso emblemático que ha alcanzado una sanción administrativa en función a una alerta recibida en la plataforma, se encuentra el caso de Saga Falabella S.A. y a la agencia de publicidad Circus Grey S.A.C; por difundir un anuncio publicitario con contenido discriminatorio hacia personas afrodescendientes. Así lo determinó la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) del INDECOPI, tomando en cuenta una opinión técnica elaborada por el Equipo de Alerta contra el Racismo en torno al caso. En cuanto a las sanciones penales, lamentablemente, al día de hoy, no existe ninguna sentencia firme que sancione el delito de discriminación, regulado en el artículo 323 del Código Penal; hubo un avance en el caso de una trabajadora afroperuana que denunció un caso de discriminación racial en su centro de empleo; sin embargo luego de algunos años de litigio y con sentencias favorables iniciales, el caso aún está pendiente de resolverse.

Cuando se responde la pregunta sobre la autoidentificación étnica, se busca afirmar las múltiples identidades que coexisten en el país. Ello nos lleva necesariamente a repensar la relación con los demás, con el/la otro/a. La autoidentificación permite valorar la diversidad cultural existente en el país para que, a partir de ello, podamos construir una sociedad que la valore y se organice bajo un paradigma intercultural. La I Encuesta Nacional de Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial (Ministerio de Cultura, 2018) evidencia datos de interés sobre cómo nos evaluamos étnicamente con relación a otros. Por ejemplo, el 60 % de encuestados/as percibe que la población afroperuana es discriminada, siendo las principales causas su color de piel, sus rasgos faciales o físicos y porque son asociados a la delincuencia. Asimismo, el 57 % de encuestados/as percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada, siendo las principales causas su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos faciales o físicos. 

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La experiencia que nos brinda la participación del Ministerio de Cultura en las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), justo con los resultados de la mencionada encuesta, nos ha permitido recoger distintas versiones de la problemática. Por ejemplo, en Tacna, representantes de organizaciones aimaras manifestaron sufrir discriminación étnico-racial en la misma ciudad y en las zonas periurbanas. Asimismo, en Loreto, los ciudadanos indígenas que manifiestan sufrir discriminación señalan que es frecuente cuando tienen que realizar gestiones o consumos en la ciudad y los pueblos de la región. En Chimbote, la población afroperuana y andina se queja de ser discriminados, incluso por otros migrantes (generación anterior) que han logrado mejor posicionamiento en el espacio laboral o económico. Por otro lado, la discriminación en el acceso al trabajo, especialmente en el sector privado, es otro común denominador a nivel de todas las regiones. En detrimento de poblaciones de ascendencia indígena y afroperuana, aunque no se auto identifiquen como tales. 

Las empresas y demás instituciones deben adoptar mecanismos internos que permitan prevenir y sancionar toda forma de discriminación, como, por ejemplo, protocolos de actuación, canales de denuncia y procedimientos sancionadores. Asimismo, se debe evitar la ocurrencia de discriminación por motivos étnico-raciales en escenarios de contratación, para lo cual será relevante tomar medidas que eviten la prevalencia de sesgos inconscientes. Desde el Ministerio de Cultura, nos encontramos trabajando para promover estas acciones en el sector privado.

El Ministerio de Cultura ha sido enfático en recomendar, tanto al sector público como privado, evitar la reproducción de estereotipos en la publicidad. Se ha insistido en que no debe asociarse determinados empleos, oficios o algún tipo de consumo con una determinada etnicidad o pertenencia cultural o geográficas. Bajo esta premisa, Indecopi, en un trabajo conjunto con nosotros, ha otorgado recomendaciones para las empresas. Al respecto se firmó un Convenio de cooperación en este campo. También, debe señalarse que en el año 2016 se publicó un estudio sobre “Trato Diferenciado en el Consumo” que nos permitió empezar a conocer el problema en este sector. Este está disponible en la página web del Centro de Recursos Interculturales.

Imagen del Censo en Perú del 2017. «La autoidentificación permite valorar la diversidad cultural existente en el país para que, a partir de ello, podamos construir una sociedad que la valore y se organice bajo un paradigma intercultural».

Se debe fomentar la creación de medidas de auto regulación en el sector privado, ser vigilantes desde el sector estatal y desplegar una capacidad formativa y crítica en la ciudadanía; a fin de que no solo exista capacidad sancionadora o actitudes de rechazo a ciertos contenidos racistas, sino que se empiece a construir una valoración distinta de nuestra diversidad cultural, disminuyendo y/o erradicando estereotipos racistas. Por otro lado, el Ministerio de Cultura reconoce la importancia de incentivar procesos de auto representación o producción de cine en regiones, para que sean ellos quienes (re)creen sus propios mensajes y formas de ver el mundo. Es el caso del ‘Concurso de proyectos de largometraje de ficción exclusivo para las regiones del país (excepto Lima Metropolitana y Callao)’, ya que tiene por finalidad enriquecer cuantitativa y cualitativamente el mercado cinematográfico a con una mayor y más diversa oferta de producción nacional. Del mismo modo, se busca descentralizar la actividad cinematográfica en el Perú. 

En general, todas las organizaciones tienen instrumentos de gestión y en estos, entre sus fines y objetivos, deberían incluir mecanismo de denuncia y sanción para casos de discriminación. Todas las instituciones, públicas y privadas, deben difundir el uso de estos mecanismos entre sus trabajadores y hacerlos efectivos. Este impulso, en la mayoría de los casos, requiere un cambio de cultura organizacional, a fin de evitar la reproducción de patronos de discriminación largamente asentados.