Según lo expuesto por Silva, se diagnosticaron diversos problemas en torno al logro de los objetivos del Plan anterior y, gracias a dicho diagnóstico, se ha podido elaborar el Plan 2012-2016 y comenzar a observar ciertos avances en varios rubros de objetivos. Entre los avances más importantes se encuentran el fortalecimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción a través del incremento de su presupuesto. También se ha creado la CONABI encargada de ordenar procesos de incautación y administración de bienes nacionales.
Con respecto al rubro de transparencia y prevención de la corrupción, el registro de sancionados y destituidos de SERVIR ahora es público. Asimismo, se ha creado INFOBRAS, registro de obras para monitoreo del avance y cumplimiento de obras. Además, Perú se ha incorporado a la Sociedad de Gobierno Abierto y se ha creado una Comisión de Gobierno Abierto también. Otro logro importante es la creación de una plataforma donde se puede ver qué candidatos a cargos públicos tienen procesos penales en curso.
En el rubro de participación ciudadana, los avances se centran en la creación de la campaña “Yo denuncio la corrupción”, en la implementación del centro de orientación al denunciante y en la elaboración de un Manual del Denunciante.
No obstante estos logros relevantes, sería saludable conocer si desde el Gobierno se está impulsando la difusión del Manual del Denunciante y la implementación del Centro de Orientación al Denunciante entre la ciudadanía, pues somos nosotros los potenciales usuarios del mismo. Esperamos que la información del Manual esté siendo difundida en colegios y municipalidades, entre otros, para lograr un verdadero resultado concerniente a la denuncia de casos de corrupción, pues es sabido que el escaso porcentaje de denuncias de corrupción por parte de la ciudadanía se debe a falta de conocimiento acerca de los medios de denuncia y a la falta de confianza en las instituciones encargadas de canalizar las denuncias y judicializar los casos de corrupción.
Con respecto al objetivo referido a la investigación y sanción oportuna de la corrupción en el ámbito administrativo y penal se han aprobado varias normas anticorrupción. Por ejemplo, la Ley de Pérdida de Dominio, la Ley que incorpora la pena de multa en delitos de corrupción, la Ley que modifica el concepto penal de funcionario público, la Ley que otorga al CNM la facultad de suspensión de magistrados, etc. Sin duda, se trata de normas que coadyuvarán a la lucha contra la impunidad, si es que son correcta y realmente aplicadas. Sin embargo, Silva Hasembank mencionó dentro de los logros a la producción académica de manuales teórico prácticos y otras publicaciones en materia de lucha contra la corrupción. No se entiende bien por qué la producción de estas publicaciones académicas es contemplado como un éxito del objetivo de investigación y sanción oportuna y eficaz de casos de corrupción. Esperamos que dichas publicaciones estén siendo utilizadas en programas de capacitación de operadores de justicia para que ello redunde en la calidad de la investigación. Hubiera sido valioso que esto sea explicado en el Foro sobre el Balance del Plan 2012-2016.
Adicionalmente, con respecto al objetivo de investigación y sanción, consideramos que los avances del Plan 2012-2016 aún no son suficientes. En el Plan Nacional no se aprecian acciones concretas pensadas en mejorar la eficacia de los procedimientos de investigación y juicios penales. La creación de paquetes normativos que añadan penas – como la multa – no basta para garantizar la calidad de las investigaciones de cara a evitar la impunidad. Esto se manifiesta en la existencia de un problema aún latente en nuestro sistema judicial: la emisión de sentencias condenatorias por casos de corrupción donde se ordena pena privativa de libertad suspendida. Esta realidad lleva un mensaje negativo de impunidad a la ciudadanía y redunda en el bajo porcentaje de denuncias de casos de corrupción por desconfianza en las autoridades. La ciudadanía piensa, con razón, ¿para qué denunciar y exponerme a represalias si los corruptos no irán a la cárcel o no recibirán una pena justa?
Se puede decir que los avances del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción aún no se manifiestan en el fortalecimiento de las estructuras funcionariales. La corrupción en los órganos de control (Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial) bloquea cualquier política pública saludable.
Por otro lado, es importante realizar un balance de los avances en la lucha contra la corrupción tomando en cuenta el contexto nacional por el que estamos atravesando. Es decir, en el Foro se enumeraron muchos avances valiosos, pero si estos son contrastados con la realidad y el contexto de corrupción por el cual Perú está atravesando a nivel regional sobre todo, parece entonces que el Plan no está siendo suficiente o que la corrupción es un fenómeno que siempre va un paso más adelante. En este orden de ideas, nos preguntamos entonces ¿qué ha fallado en el diagnóstico y en la elaboración del Plan, para permitir el nivel de corrupción generalizada y sistemática a nivel local? ¿Qué herramientas y objetivos concretos se han trazado en el Plan 2012-2016 orientados a evitar la fotografía electoral reciente (candidatos a municipalidades y gobiernos regionales que postulan desde la cárcel y para colmo ganan las elecciones)? Entre los avances enumerados en el Foro, no parece haber ninguno orientado concretamente a esta situación.
Finalmente, enlos logros enumerados en el Foro, no se logra apreciar alguno que haya podido evitar la situación que estamos atravesando como país. Los focos de corrupción siguen apareciendo en cada localidad del interior de Perú y, por el momento, no parece haber marcha atrás. Esta realidad que recién comienza a reproducirse con fuerza en los medios de comunicación es producto del planeamiento de maniobras delictivas y corruptas que vienen de muchos años atrás. Ejemplo de ello es el caso del Roberto Torres, alcalde de Chiclayo, y Katiuska Del Castillo, quienes se encuentran investigados por supuestamente haberse apropiado de millones de soles pertenecientes al municipio de Chiclayo desde el 2009. La legitimidad de muchas instituciones y autoridades públicas se encuentra menoscabada y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del interior del país siguen en la cuerda floja gracias al impacto negativo directo que la corrupción tiene sobre la provisión de servicios y bienes públicos para la ciudadanía. La pregunta entonces es ¿qué ha hecho el Plan Nacional de Lucha contra la corrupción desde el 2012 a la fecha para evitar esta debacle? El Plan 2012-2016 plantea el fortalecimiento de control interno en todas las entidades de la administración de justicia y asegurar la implementación de los Comités de Control Interno y los Planes de Control Interno. Al parecer, estas estrategias aún no cosechan frutos en el sistema de administración pública peruano.
Escribe: Yvana Novoa, investigadora del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP
