Desaparición y estigmatización. ¿No hemos aprendido nada?

Escribe: Iris Jave (*)

La intervención de la Policía Nacional durante las protestas en las que participaron cientos de estudiantes ha generado responsabilidades políticas y penales por abusos que el nuevo gobierno de transición deberá investigar, sancionar y reparar, empezando por la muerte de Inti Sotelo (24) y Brian Pintado (22), los más de 100 heridos y los estudiantes que aún permanecen en condición de desaparecidos. El fin de semana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos llegó a reportar a 47 estudiantes desaparecidos, aunque afortunadamente se ha ido ubicando a la mayoría de ellos.

En un país que ha atravesado los horrores de una guerra interna entre 1980 y el 2000, la comparación entre la detención-desaparición perpetrada contra jóvenes de entonces y los jóvenes de las marchas de estos días, resulta inevitable. No solo debido a la práctica empleada por la policía, la desinformación y la recurrente estigmatización que la mayoría de medios de comunicación difundieron acerca de las protestas sino también debido al perfil de las víctimas: jóvenes, hombres y estudiantes.

Durante el conflicto armado interno, la práctica de la desaparición forzada se convirtió en parte de la estrategia de las fuerzas del orden para enfrentar a la subversión. La CVR reportó que solo durante 1984, 4 086 personas habían sido muertas y desaparecidas. La mayoría de ellos eran hombres y tenían entre 18 y 34 años de edad. Así, la estructura familiar y el rol de las mujeres tuvieron que transformarse. Ellas asumieron la búsqueda de sus seres queridos, la conducción del hogar, el sustento económico y la crianza de los hijos. Fue una tarea que enfrentó muchas barreras: la negativa de las fuerzas del orden a dar información sobre el paradero de sus familiares; la escasa o nula disposición de las autoridades fiscales para aceptar las denuncias; la estigmatización de las madres que buscaban a sus seres queridos, por parte de los medios de comunicación.

Treinta y cinco años después, el estado peruano finalmente se ocupó de esta problemática al crear una instancia especializada –la Dirección General para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Ministerio de Justicia—y al promover una política pública que resuelva esta situación. Hoy sabemos que 21,442 personas permanecen desaparecidas a causa de la violencia política^[1]. Pero han tenido que pasar más de tres décadas para que se organice una respuesta articulada desde el estado.

Más recientemente, en el 2019, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas aprobó los “Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas”, destinados a orientar las políticas de búsqueda de personas desaparecidas tanto en conflictos pasados como en los procesos que vienen ocurriendo en la actualidad. Los Principios señalan que la búsqueda debe iniciarse de inmediato, debe ser una obligación permanente y realizarse de forma coordinada con la participación activa de los familiares, entre otros lineamientos.

Estos días hemos visto una mayor diligencia por parte de las autoridades. La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha abierto una investigación por el asesinato de Inti Sotelo y de Brian Pintado, como graves violaciones a los derechos humanos, así como por las agresiones, detenciones y desapariciones ocurridas durante las marchas de protesta contra la presidencia interina de Manuel Merino. Por su parte, comisionados de la Defensoría del Pueblo acompañados de fiscales han recorrido comisarías y hospitales para ubicar a los 47 jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos^[2]. Del mismo modo, la CNDDHH viene realizando la búsqueda de los estudiantes y acompañando a las familias.

En su primer discurso, el nuevo presidente del Congreso Francisco Sagasti ha afirmado que, al asumir la Presidencia de la República, una de sus prioridades será la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Y se ha anunciado en el Congreso la formación de una comisión investigadora sobre la intervención de la policía.

Y es que el estado tiene la obligación de investigar y agotar todos los medios para conocer la suerte de las personas desaparecidas, no solo como responsable de proteger a sus ciudadanos sino también porque requiere construir una confianza social -tan resquebrajada estos días- que permita restaurar una gobernabilidad con legitimidad. Para ello debe satisfacer condiciones clave tales como generar respuestas satisfactorias a los familiares, identificar a los responsables, sancionar los delitos y reparar el daño infligido.

El conflicto armado interno nos dejó varias lecciones, entre ellas el reconocimiento de grandes fracturas sociales que solo pueden ser revertidas con políticas públicas y reformas institucionales. La Policía es uno de los sectores que requieren una reforma urgente para que sus intervenciones asuman el respeto de los derechos humanos de todas las personas sin importar su procedencia o estrato social.  A nivel social, es fundamental una transformación de los medios de comunicación, que a través de sus imágenes estigmatizan las protestas, con el terruqueo, o las reducen a un aspecto criminal, cambiando así el sentido de las narrativas de los actores en el espacio público, en este caso los jóvenes estudiantes.

Memoria, reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición son los pilares de procesos transicionales contemporáneos, que marcan la pauta de las políticas de búsqueda de personas desaparecidas en eventos del pasado, como el Perú y también en procesos contemporáneos, como los que vienen ocurriendo en México o Colombia. Corresponde al nuevo gobierno impulsar la búsqueda de los estudiantes que aún permanecen desaparecidos. La memoria de Inti y Brian merece ser preservada tanto mediante una valoración de su lucha, sus ideales democráticos y sus sueños, como también con la investigación para conocer la verdad de los hechos, sancionar y reparar.

(*) Investigadora, coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos y miembro del comité directivo del IDEHPUCP.

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