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Editorial 2 de marzo de 2021

Desde el año 2013 se conmemora cada 1 de marzo el Día Internacional de la Cero Discriminación, una fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de diciembre de ese año. Este año este tema viene marcado por dos asuntos apremiantes como son la pandemia de covid 19 y las migraciones.

El problema de la discriminación está estrechamente asociado con el de la desigualdad. Por ello, se llama en esta fecha a que todos los países emprendan medidas urgentes para acabar con las diversas formas de desigualdad, incluyendo aquellas por posición económica, sexo, edad, estado de salud y varios otros factores.

En la conmemoración de este año, además, ONUSIDA ha puesto el acento en las metas para acabar con el Sida: “El mundo está lejos de cumplir el compromiso compartido de acabar con el sida para 2030, no por falta de conocimientos, capacidad o medios para vencer al sida, sino por las desigualdades estructurales que obstaculizan las soluciones probadas en la prevención y el tratamiento del VIH,” afirma esta agencia.

«Las discriminaciones por género, orientación sexual, nivel económico y etnia se encuentran todavía entre las mayores trabas para la constitución de una sociedad democrática.»

Este tema se suma, obviamente, a otros factores históricos o estructurales de desigualdad y de discriminación, como bien lo sabemos en el Perú. Las discriminaciones por género, orientación sexual, nivel económico y etnia se encuentran todavía entre las mayores trabas para la constitución de una sociedad democrática. Es por ello deplorable que en momentos como el actual, cuando diversas organizaciones políticas compiten por el gobierno del país, la cuestión de cómo desarraigar la discriminación de nuestra sociedad se encuentre prácticamente ausente del debate. Peor aún, hasta se puede detectar candidaturas que se orientan, más bien, a mantener o reforzar las discriminaciones ya existentes.

Pero, como se ha dicho, el momento actual, y no solamente en el Perú sino en todo el mundo, emergen dos temas críticos para la cuestión de la discriminación.

Uno de ellos es el de la migración masiva desde sociedades aquejadas por conflictos violentos, por inestabilidad política o por graves crisis económicas. Ese es un tema álgido en Europa, en relación con las migraciones provenientes de países de África, una corriente que en los últimos años ha sido respondida con una regresión en materia humanitaria por parte de los países de llegada. Pero el tema es también familiar en América Latina en relación la migración masiva de población venezolana. Cerca de cinco millones de habitantes de ese país se encuentran ahora en diversos países de la región, afrontando muchas veces no solamente la inseguridad que nace de su incierto estatus migratorio, sino también la hostilidad xenofóbica de Estados y sociedades.

El otro tema, obviamente, es el de la pandemia de Covid19. En esta materia, sobre cuyas aristas sociales más problemáticas se ha discutido abundantemente, emerge ahora, como otro asunto que involucra el problema de la desigualdad, el del suministro de las vacunas alrededor del mundo. Más allá del escándalo, no solamente en el Perú, por el acceso privilegiado a vacunas, este tema ha de ser considerado en sus proyecciones sociales más amplias. Dado el bien escaso y de urgente necesidad que son las vacunas contra el Covid19, es una obligación inexcusable de los Estados diseñar políticas de vacunación equitativas, basadas en estrictos criterios epidemiológicos y de evaluación de la vulnerabilidad, y que eviten cualquier forma de discriminación, o de privilegios, entre su población.


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