12/10/2021

[Editorial] Cambio ministerial: una agenda de derechos humanos

Todavía es temprano para saber qué direcciones tomará el gobierno a partir de los cambios en el gabinete realizados la semana pasada, cambios entre los que destaca el nombramiento de la excongresista Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, sí es posible señalar que se ha tratado de un cambio muy necesario, y por lo tanto positivo, en cuanto permite esperar un desempeño más serio de las funciones de gobierno. Esto no significa, ciertamente, que se espere que el gobierno abandone temas centrales, sobre todo de su agenda social. Todo lo contrario. Un manejo más sobrio y profesional, y más sintonizado con la compleja situación política y las correlaciones de fuerza vigentes, es lo necesario para llevar adelante verdaderas políticas de gobierno inclusivas. Se trata, en suma, de mejorar la toma de decisiones públicas y de reforzar las condiciones de gobernabilidad, tarea en la cual, como es evidente, tiene también una enorme responsabilidad la oposición en el Congreso.

La agenda de temas urgentes es, naturalmente, muy grande, y la priorización es inevitable. Al considerar tales prioridades, sobresale, en primer lugar, la necesidad de explicitar un enfoque claro, centrado en derechos, sobre cómo abordar la crisis actual en salud y educación con una mirada puesta en el mediano y largo plazo.

Es urgente retomar las reparaciones e impulsar la búsqueda de personas desaparecidas y los procesos de conmemoración, lo cual implica un fortalecimiento del presupuesto del Ministerio de Justicia para esos fines, pero también seguir coordinando y brindando soporte técnico a los gobiernos regionales.

Por otro lado, si bien se ha lanzado ya políticas enfocadas en fortalecer la agricultura familiar, bajo el lema de una segunda reforma agraria, resulta necesario asegurar que dichas políticas (y las discusiones alrededor de ella) estén dirigidas en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los y las campesinas. Esto implica, entre otros elementos, la reducción de las brechas frente a servicios públicos, atender los derechos particulares que requieren por su tipo de actividad (derecho al agua o la necesidad de incorporar un enfoque de género), y en el caso de sujetos colectivos, el reconocimiento de sus derechos colectivos en tanto miembros de pueblos indígenas.

Otro tema prioritario es establecer un marco claro para las actividades empresariales que implique su respeto a los derechos humanos y también una adecuada fiscalización por el Estado. A partir de la aprobación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y a la luz de toda la discusión sobre el impacto de las actividades empresariales, cabría señalar que un punto central de la agenda sobre el sector privado es de qué manera se promueven actividades empresariales que favorezcan el ejercicio de los derechos.

Finalmente, en una lista mínima, ciertamente incompleta, sobre la agenda en derechos humanos es ineludible señalar la deuda todavía pendiente del Estado con las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el periodo de violencia. Es urgente retomar las reparaciones e impulsar la búsqueda de personas desaparecidas y los procesos de conmemoración, lo cual implica un fortalecimiento del presupuesto del Ministerio de Justicia para esos fines, pero también seguir coordinando y brindando soporte técnico a los gobiernos regionales.

Todas estas políticas y muchas más requieren visión técnica, conocimiento de las vías jurídicas y administrativas pertinentes, gestión institucional y también capacidad de gestión política sin corrupción en un contexto de recurrente inestabilidad y marcado por un nocivo clima de confrontación.



Deja un Comentario:

Nombres:

Correo electrónico:

Mensaje: