05/10/2021

[Editorial] Corrupción, problema recurrente y sin respuestas

La corrupción pública ha ocupado un lugar prominente en la crisis del sistema político de los últimos años. Su influencia sobre la opinión pública no es ajena a los últimos resultados electorales, a pesar de que la campaña terminó dominada por una apariencia de debate ideológico. Mirado en perspectiva, el proceso electoral y el minúsculo apoyo ciudadano a todos los candidatos, incluidos los ganadores, son también un reflejo de la profunda desconfianza de la ciudadanía hacia la política, y esa desconfianza tiene su origen, entre varios factores, en los escándalos de corrupción mayores o menores que se suceden sin pausa.

Las noticias sobre la extradición de Alejandro Toledo a Perú, para que responda a graves cargos de corrupción, ha reavivado el recuerdo de las enormes tareas pendientes para la justicia en ese dominio. Pero no se trata, solamente, de una tarea para el sistema judicial. Está en cuestión, también, la voluntad y la capacidad del Poder Ejecutivo para hacer reformas que obstaculicen la práctica de negociados a costa del Estado y, más ampliamente, la reforma más amplia del sistema político, pues sabemos que la corrupción, además de un fenómeno sistémico, se explica también por la baja calidad profesional y moral de quienes acceden a cargos electivos o nombrados. En un sentido aún más amplio, cabe hablar, también, de aspectos del régimen económico vigente que hacen factible el lucro a expensas de lo público. Es importante reparar que, aunque la corrupción durante el decenio de Alberto Fujimori alcanzó cotas difícilmente igualables, ese mal se ha reeditado después de la transición y tiene visos de ser crónico. Eso no es un hecho casual, sino que, sin mitigar las responsabilidades individuales y de grupo, está conectado con el diseño institucional del país.

En esta edición del Boletín de IDEHPUCP, por ejemplo, Walter Albán llama la atención sobre un artículo de la Constitución que, de una manera furtiva, abre la puerta y, de algún modo, “institucionaliza” el conflicto de intereses en el ámbito parlamentario. También se presenta en esta edición un artículo donde se precisa los tipos penales que podrían haber sido cometidos en el “Caso Richard Swing”, vinculado con la gestión del Ministerio de Cultura durante la presidencia de Martín Vizcarra.

Se trata, pues, de un problema que, como se sabe bien, recorre todo el espectro político. Las responsabilidades en actos de corrupción no conocen fronteras partidarias ni mucho menos ideológicas. Además, la vinculación entre corrupción y el debilitamiento de los derechos humanos, o su directa transgresión, está ampliamente probada. El gobierno actual no ha ofrecido todavía una explicación clara sobre sus planes en este campo –como no los ha ofrecido sobre varios otros campos esenciales. En contraste, al menos un caso de corrupción involucra directamente a personajes prominentes del gobierno y, por cierto, a personajes de otras tiendas políticas también. Nos referimos al caso de corrupción en el gobierno regional de Junín. Así, sin dejar de reconocer que la corrupción viene de muy atrás y de muy diversos lados del espectro político, es indispensable que el gobierno actual ofrezca pronta claridad sobre sus planes para hacerle frente.



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