Las elecciones del 6 de junio pasado transcurrieron sin mayores incidentes críticos, aunque la discusión que las rodeó ha sido muy enconada. Tres días después del sufragio, no se tiene todavía un resultado oficial, tal como se había previsto, si bien el estado del conteo de votos, ya a punto de ser concluido, parece dar el triunfo electoral al candidato Pedro Castillo.
Mientras no se tenga un resultado oficial dado por el Jurado Nacional de Elecciones, el único curso de acción responsable es la espera, más aún cuando las diferencias de votación son tan estrechas: se puede anticipar que quien gane la elección no lo hará con una ventaja superior al medio punto porcentual ni con más de 50 mil votos de un electorado de 24 millones. Dicho eso, ciertamente, también hay que decir que es un derecho de la ciudadanía demandar un desempeño limpio de las instituciones a cargo, y estar atenta a que así sea.
Hasta ahora, en rigor, no hay ningún indicio serio de que las autoridades electorales actúen de manera parcializada ni con descuido o negligencia. Las misiones internacionales de observación electoral, además, han certificado la limpieza del proceso, más allá de los incidentes aislados que son inevitables en toda jornada electoral.
«Lanzar acusaciones de fraude sin base en este momento también comporta el peligro de generar un desborde social y un escenario de violencia, dado el clima de encono político que ha rodeado al proceso electoral.»
Así, resulta inaceptable difundir acusaciones de fraude que no tienen mayor sustento. Ese recurso traduciría una actitud antidemocrática y una resistencia a respetar el cauce legal e institucional que debe seguir un proceso electoral, así como cierto desdén hacia la voluntad ciudadana. Es preciso recordar en este momento que a lo largo de la campaña ambos candidatos se han comprometido públicamente a acatar de manera irrestricta el orden democrático. Así lo han hecho en múltiples manifestaciones, entrevistas y debates mientras solicitaban el voto de la población, y así lo han hecho también, de una manera bastante formal, al suscribir la Proclama Ciudadana promovida por las iglesias y respetadas organizaciones de la sociedad civil. Este es el momento de honrar la palabra empeñada.
Pero, además, hay que decir que lanzar acusaciones de fraude sin base en este momento también comporta el peligro de generar un desborde social y un escenario de violencia, dado el clima de encono político que ha rodeado al proceso electoral. Todo llamado a la movilización colectiva en las calles constituye en estos momentos un acto de temeridad inaceptable.
Los candidatos tienen, por lo tanto, una enorme responsabilidad. El país atraviesa desde hace cinco años, por lo menos, por una situación de volatilidad política que, además de erosionar las instituciones, ha entorpecido o limitado políticas de gobierno indispensables, empezando por la lucha contra la pandemia de covid-19. Si hay alguna posibilidad de que los próximos cinco años sean distintos, eso debería evidenciarse ahora mismo, en este momento de espera del resultado oficial.
Editoriales previas:
- 180 mil, mucho más que una cifra (1/06)
- Reformas y racionalidad democrática (25/05)
- Candidatos contra la igualdad de género (11/05)
- Elección sin garantías democráticas (04/05)
- Horizonte nublado para la educación (27/04)
- Pandemia: ausencia de propuestas serias (20/04)
- Elecciones: una democracia en peligro (13/04)