Este 25 de noviembre tiene lugar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con ese motivo, las Naciones Unidas lanzan un llamamiento a “una acción global para aumentar la conciencia, impulsar la promoción y crear oportunidades para el debate sobre retos y soluciones”.
La violencia contra las mujeres es un problema grave y crónico, y, más aún, es un problema histórico, y la conciencia de ello es relativamente reciente. Las iniciativas globales para generar legislación y políticas que reduzcan esa violencia datan de las últimas décadas. Y si bien ese movimiento contra la violencia ha adquirido fuerza y volumen, y ha conquistado adhesiones y compromisos internacionales, todavía se está lejos de erradicarla.
Esta situación, como es sabido, se ha agravado en muchos países del mundo, y entre ellos en el Perú, como consecuencia de las medidas de aislamiento o encierro obligadas por la pandemia de Covid-19. Durante los largos meses de confinamiento, las mujeres que eran vulnerables a la violencia en el ámbito doméstico han podido sufrir mayores agresiones, al mismo tiempo que las posibilidades de denuncia o de búsqueda de protección oficial se debilitaron. Por otro lado, hay que tener presente que la agresión física o psicológica en el espacio del hogar o en la calle no son las únicas formas en que se manifiesta esta violencia. Hoy estamos en capacidad de reconocer, por ejemplo, la violencia en los espacios laborales, que se expresan como negación de reconocimiento o directamente como exclusión y negación de oportunidades, y como la generación de entornos hostiles que expulsan a las mujeres hacia los márgenes de la actividad pública. La noción de “acoso político” refleja esa realidad en el espacio de las funciones de Estado y en las organizaciones políticas. Por otro lado, el no cumplimiento de principios de paridad de género reproduce la discriminación estructural de la que las mujeres han sido víctimas históricamente.
«La violencia contra las mujeres es un problema grave y crónico, y, más aún, es un problema histórico, y la conciencia de ello es relativamente reciente».
En el Perú se cuenta desde el año 2019 con una Política Nacional de Igualdad de Género, en la que se diagnostica adecuadamente los factores que subyacen a la desigualdad de género, como los estereotipos sobre roles o la tolerancia social a la discriminación, así como se resalta los derechos que resultan vulnerados. Se menciona cuatro en particular: derecho a una vida libre de violencia, derechos a la salud sexual y reproductiva, derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones; derechos económicos y sociales. Hace falta, todavía, que el Estado muestre una mayor voluntad en la implementación de las diversas acciones que prescribe esa Política Nacional, lo cual demanda una precisa coordinación intersectorial y, como prerrequisito de todo ello, un grado aceptable de solvencia y estabilidad institucionales, una condición que, de manera muy preocupante, genera enormes dudas en el Perú de hoy. Esta fecha inminente sería una ocasión muy oportuna para que el gobierno, a través del ministerio correspondiente, ofrezca información concreta sobre los planes que tiene para mitigar un mal que, si bien tiene a las mujeres como sus víctimas directas, es en realidad un problema y un drama de la sociedad entera, y ante el cual todos deben sentirse llamados a actuar.
