[Editorial] Sendero Luminoso: no cabe la ambigüedad

La democracia que fue recuperada en el año 2000, después del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, reemergió afirmando algunas convicciones básicas. Porque se salía de diez años de uso arbitrario del poder, se expresó un consenso en reafirmar la importancia del Estado de Derecho y el régimen constitucional. Porque el país presenciaba las evidencias de un descomunal desfalco del Estado, se adoptó como una tarea central la lucha contra la corrupción. Finalmente, porque quedaba atrás una década de violencia armada con masivos y atroces crímenes, se demandó iniciar esa nueva etapa con un compromiso de respeto de los derechos humanos.

A lo largo de las dos décadas siguientes hemos visto desfallecer esas convicciones. El régimen democrático sobrevive, pero dando tumbos; la corrupción reapareció como un mal endémico. La defensa de los derechos humanos ha avanzado en algunos aspectos y se ha estancado en otros. Pero en medio de progresos y frustraciones, una convicción se ha mantenido robusta y es pieza central de cualquier esperanza democrática para el país, y esta es el rechazo y la condena inequívocos, sin ambages, a la violencia armada y a las violaciones de derechos humanos como medio de acción política.

No podía ser de otra manera ante la realidad dejada por el conflicto armado interno de los años 1980-2000. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada al recuperarse la democracia, mostró la magnitud y la atrocidad de la violencia y de los crímenes cometidos por los actores armados, y, entre ellos, en mayor medida por Sendero Luminoso. La cifra de casi 70 mil víctimas fatales da una idea de todo ello, como también la da el inventario de los tipos de crímenes cometidos, que alcanzan el estatus de delitos de lesa humanidad.

La responsabilidad principal de Sendero Luminoso en esa tragedia vivida por el pueblo peruano está fuera de cuestión. Sendero Luminoso inició la violencia cuando se restauraba la democracia en 1980. Y pronto adoptó como método la práctica masiva del terrorismo, además de muchas otras formas de acción criminal. Sus víctimas fueron agentes del Estado y población civil por igual. Los blancos de sus crímenes fueron las poblaciones rurales andinas, así como también las poblaciones urbanas y los pueblos nativos de la Amazonía. Contra todos ellos practicó asesinatos y masacres, torturas, secuestros, diversas formas de violencia sexual, arrasamiento de pueblos, reclutamiento forzado de niños y niñas, y varios otros delitos.

Por todo ello, es inaceptable que encuentre cabida en el gobierno una postura que exprese neutralidad, ambigüedad o, peor aún, condescendencia respecto de lo que ha significado Sendero Luminoso en la historia reciente del país. Esa ha sido, sin embargo, la orientación de algunas declaraciones de Guido Bellido, hoy designado presidente del Consejo de Ministros por el presidente Pedro Castillo. Esa orientación expresa una actitud negacionista: es decir, pasa por alto o trivializa los graves crímenes cometidos por Sendero Luminoso contra la población peruana y, por tanto, constituye un insulto a las decenas de miles de víctimas de esa organización terrorista.

En un comunicado emitido el día 31 de julio el primer ministro Bellido ha expresado su rechazo categórico a “toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos”. Era una rectificación indispensable. Son palabras que el ministro y el nuevo gobierno deben honrar con sus actos, sus políticas y sus expresiones públicas en el futuro. La primera obligación de un gobierno es defender la vida y la dignidad de todos los ciudadanos. Expresar neutralidad, ambigüedad o benevolencia hacia una organización que trajo muerte y sufrimiento a decenas de miles de peruanos y peruanas, principalmente compatriotas pobres que sufren una histórica marginación, es inaceptable e indigno de la democracia que el nuevo gobierno está obligado a respetar, preservar y fortalecer.