Si bien la pandemia ha acaparado la agenda pública los últimos meses, es necesario recordar que, previamente a ella, vivíamos una etapa de importantes investigaciones desde la Fiscalía y el Ministerio Público.
“Amigos con Derechos”, el podcast del IDEHPUCP, abordó en el segundo episodio de la temporada la actual situación de importantes procesos judiciales como Lava Jato, Club de la Construcción o Cuellos Blancos, además de observar qué nuevos casos se vienen revelando.
En el primer bloque, conversamos con el abogado Ronald Gamarra quien señaló que, a pesar de la pandemia, no advierte un real peligro de que estos importantes casos se pierdan. Destacó, eso sí, la existencia de un entendible retraso en los procesos, lo cual puede ser beneficioso para los investigados, según aseveró Gamarra, “si es que desde el Ministerio Público y la Fiscalía no se mantienen un control eficiente de las carpetas fiscales durante la paralización de las investigaciones” .
En el caso de los equipos especiales que tienen a su cargo los procesos más complejos del país, observó que la ventaja que se tiene es que se han reorganizado de manera estratégica las distintas carpetas fiscales y se espera que en los próximos meses se pueda ya pasar a la etapa de acusación y a los juicios orales.
Finalmente, indicó que el problema no es solamente la pandemia, sino que hay sectores en el Ministerio Público que aun estás investigando ciertos casos, como el de los Cuellos Blancos, como delitos de corrupción, mientras que otros sectores del mismo ministerio lo hacen ya como delitos de pertenencia a una organización criminal.
El segundo bloque se enfocó en recientes noticias en la prensa donde se examina el papel del actual presidente, Martín Vizcarra, durante su época como presidente regional de Moquegua.
La periodista Graciela Villasís recalcó que al presidente se le puede iniciar un proceso judicial, pero una vez que finalice su mandato.
Consideró que estudiar casos como el “club de la construcción” implica una investigación transversal pues involucra a gobiernos regionales, municipalidades e incluso presidentes.
Finalmente, recalcó que la prensa tiene el derecho de hacer públicas las indagaciones que encuentre. “No por investigar queremos desestabilizar la democracia o impulsar una vacancia”, señaló.
