En primer lugar, se destacan los conflictos sociales y las protestas en comunidades afectadas por industrias extractivas. Amnistía Internacional señala que, durante el año 2014, 9 personas fallecieron en este tipo de protestas, sin que se abriera una investigación por estas muertes. También inquietó la promulgación de una norma que eximía de responsabilidad a los miembros de las fuerzas del orden si es que mataban o herían a personas en servicio. Existen varias denuncias sobre uso excesivo de la fuerza.
Conectado con este tema, Amnistía señala su preocupación en torno a la hostilización y amenazas contra activistas y defensores de derechos humanos. En particular, se menciona el caso de Máxima Chaupe y su familia, quienes tienen una disputa legal con la empresa Yanacocha por un tema de tierras y han sido hostilizados por miembros de seguridad privada de la compañía y miembros de las fuerzas de seguridad. En mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó la concesión de medidas cautelares en este caso.
En segundo término, se indica que el Congreso de la República aprobó la creación de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. La norma no fue promulgada por el Presidente. De hecho, en febrero de 2015, la misma fue observada por el Poder Ejecutivo.
En tercer lugar, otro foco de preocupación para AI fue la situación de los pueblos indígenas. Se destacan entre los hechos más preocupantes el asesinato de los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo, quienes habían denunciado la tala ilegal en sus tierras; la carencia de una metodología clara en torno a la puesta en práctica del derecho a la consulta previa; y el proceso contra líderes indígenas por el uso de Bagua.
En cuarto lugar, en torno a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Amnistía indica que «los avances para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas seguían siendo lentos».
Finalmente, Amnistía Internacional muestra su preocupación por diversas materias: el Plan Nacional de Derechos Humanos, que no incluyó los derechos de la comunidad LGTB ni incluyó los recursos necesarios para su puesta en práctica; la falta de debate de la Ley de Unión Civil y el archivamiento del caso esterlizaciones forzadas, así como otras preocupaciones sobre derechos sexuales y reproductivos.
Puedes consultar el Informe Anual de Amnistía Internacional 2014-2015 aquí.
