[Editorial] Cuando prevalece la justicia

La revocación del indulto otorgado en diciembre pasado a Alberto Fujimori enmienda una situación que representaba una flagrante violación del Estado de Derecho en el Perú.

Como se ha demostrado fehacientemente en diversos espacios, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los argumentos para indultar a Fujimori por razones humanitarias fueron siempre falaces. Y como quedó demostrado, también, por sendas grabaciones furtivas realizadas por Fuerza Popular, el indulto no fue otra cosa que una negociación política realizada por el ex presidente Kuczynski para eludir una moción de vacancia de su cargo planteada en el Congreso. Más allá de esos episodios, conviene resaltar la importancia de esta revocación del indulto para el orden democrático en el Perú.

En primer lugar, la revocación del indulto significa una reivindicación de las víctimas de los crímenes de Alberto Fujimori y una reafirmación de sus derechos. Esto tiene una implicancia jurídica, política y moral al mismo tiempo. En un país donde prevalece la impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos, la condena a Fujimori tuvo carácter de emblema –si bien nunca dejó de ser un caso aislado—de las posibilidades del Derecho y las instancias judiciales para hacer justicia. Correlativamente, significó que, pese a todo, hay casos en los que los derechos de las víctimas pueden ser respetados por un Estado mayormente indiferente a ellos. En una sociedad tan presta a ignorar los derechos, e incluso la dignidad, de los excluidos del poder político, económico o social, suprimir la impunidad constituye, también, un poderoso mensaje moral.

En segundo lugar, la revocación del indulto se ha producido en un momento de agudo enfrentamiento político en el cual las fuerzas que controlan el Congreso no dudan en arrasar toda norma de conducta democrática para conseguir sus fines. Ante ello, esta decisión muestra que todavía puede prevalecer el Derecho por sobre la conveniencia política e incluso el ánimo popular. No cabe ignorar la enorme fuerza política de los actores que preconizan la impunidad ni que esa fuerza fue obtenida mediante elecciones. Tampoco es posible desconocer que una porción significativa de la población mira de manera favorable, o indiferente, la libertad de Fujimori a pesar de sus graves delitos. Pero una democracia no es únicamente el gobierno de la mayoría. Una democracia es también, de manera imprescindible, una realidad jurídica y constitucional y un arreglo social basado en principios duraderos. El respeto de los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley ocupan un lugar central entre esos principios.

En tercer lugar, el hecho de que esta revocación sea el resultado de una demanda de control de convencionalidad, resulta fortalecedor de nuestro orden jurídico, el cual incluye todos los tratados internacionales suscritos por nuestro Estado. Una tendencia demagógica, y sumamente precaria en términos de cultura jurídica, pretende que existe una diferencia conflictiva entre el orden jurídico interno y los compromisos jurídicos internacionales del Estado peruano. Esa es una postura insostenible, que, por lo demás, hoy se asocia con el peligroso nacionalismo populista que hoy surge en diversas partes del mundo. Se debe entender que todas las obligaciones internacionales del Perú son el resultado de adhesiones realizadas en el ejercicio de la soberanía. En lo sustantivo, esos compromisos reflejan el desarrollo del derecho internacional en materia de derechos humanos y otros temas. Pretender una excepcionalidad del Perú frente a los grandes consensos humanitarios de la comunidad internacional no significa otra cosa que sustraer a la población peruana a la más amplia esfera de protección de sus derechos, esa que brinda la jurisdicción internacional.

En resumen, esta decisión judicial responde adecuadamente a los derechos de las víctimas a la justicia y restaura el orden legal respecto de un caso grave de violaciones de derechos humanos. Es alentador que ello ocurra precisamente cuando, por motivos muy justificados, el país experimenta una aguda desconfianza en el sistema de administración de justicia.