30/11/2017

¿Por qué persiste la trata de personas en América Latina?, por Cécile Blouin y Francisco Mamani

De acuerdo a la información presentada en la audiencia pública sobre trata de personas en América Latina durante el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el IDEHPUCP y el ObservaLAtrata, son 13,166 víctimas de trata de personas registradas por fuentes oficiales en 14 países de la región entre 2002 y 2016.

Esta cifra por sí sola da cuenta de una problemática común a la Región. Aunque muchos de los Estados han tomado medidas para enfrentar este fenómeno, desde la prevención hasta la persecución del delito, es preciso señalar que no se ha trabajado sobre sus causas estructurales, es decir, no se ha buscado entender lo que permite que se dé la trata y que subsista a pesar de los marcos normativos e institucionales existentes en los países de la Región. Es necesario empezar desde ya a trabajar los factores estructurales de la trata de personas para contrarrestar esta problemática.

Uno de los primeros factores estructurales es la pobreza y desigualdad en la Región. Se ha estimado en 2015 que la tasa de pobreza sería de 29,2% y la tasa de pobreza extrema sería de 12,4% del total de población de América Latina, lo que equivale a 175 millones y a 75 millones de personas, respectivamente. Si bien entre 2008 y 2015 la desigualdad en la distribución del ingreso de las personas disminuyó en América Latina, su ritmo de descenso se ha ralentizado entre 2012 y 2015, y los niveles actuales siguen siendo muy elevados para alcanzar el desarrollo sostenible. Este estado de carencia y necesidad hace que uno sea más proclive a aceptar cualquier oferta de trabajo sin mucho cuestionamiento, que termina en una situación de trata.

Otro de los grandes problemas estructurales en la Región es la violencia de género. 14 de los 25 países en los que se comete mayor número de homicidios y agresiones a la mujer son latinoamericanos, mientras que las subregiones con mayor índice de muertes violentas contra las mujeres a nivel mundial son Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, en el año 2013, se registró que el 30% de las mujeres de todo el continente había sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental. En el caso peruano, la cifra es similar: la violencia física o sexual hacia las mujeres alcanza el 36%, según la base de datos de ONU Mujeres.

Otro factor muy importante es la existencia de economías informales e ilegales en varios países del continente. Un claro ejemplo de ello es el caso peruano, donde el sector informal representa entre el 70% y 75% de la población económicamente activa, es decir, cerca de 11 millones de peruanos y peruanas. La informalidad e la ilegalidad tienen relación directa con la trata de personas, mediante por ejemplo, la explotación en campos mineros ilegales, en los medios de captación, tales como las falsas ofertas de empleo.
Adicionalmente, la informalidad genera condiciones laborales muy precarias, lo cual impide la detección de casos de trata de personas. Finalmente, la informalidad en los medios de transporte genera que los y las tratantes pueden usar con mucha facilidad estos medios para trasladar a las víctimas a distintas regiones del país.

Otro factor identificado por el Informe está relacionado con las prácticas culturales como el padrinazgo, el cual consiste en una práctica tradicional utilizada para afianzar lazos de compadrazgo entre los padres y los padrinos de sus hijos. Según un estudio realizado en la Amazonía, es común que los familiares entreguen a sus hijos a sus padrinos, quienes les ofrecerían mayores oportunidades económicas.
Finalmente, no se puede perder de vista los factores institucionales que facilitan la trata de personas. Por un lado, se presenta la corrupción en las instituciones estatales, la cual opera en tres ámbitos: en el control migratorio, en los lugares de explotación y en los procesos judiciales. De esta forma, los policías suelen recibir sobornos en las carreteras, algunos funcionarios utilizan los servicios de víctimas de explotación sexual, e incluso los tratantes pagan para evitar ser condenados. Otro factor institucional es la débil presencia (y muchas veces, ausencia) de los Estados, expresada en las limitaciones para el control y conocimiento territorial, así como para brindar acceso a la información y educación a sus ciudadanos a la hora de conocer sus derechos.
Empezar a analizar y reflexionar alrededor de estas causas estructurales y sus vínculos con la trata de personas es una tarea de todos los involucrados, desde el Estado hasta las organizaciones de sociedad civil y la academia.

*Escriben: Cécile Blouin, investigadora senior, especializada en temas de movilidad humana y Francisco Mamani, asistente de investigación, Área Académica y de Investigaciones del Idehpucp.