13/06/2017

Aprobación del Plan Nacional contra la Trata de personas, un paso adelante*

Mil ciento cuarenta y cuatro es el número de casos de trata de personas en el Perú durante el año 2016, 255 más que la cifra correspondiente al año 2015. Estas estadísticas son irrebatibles, y muestran el verdadero rostro de las víctimas en nuestro país, las cuales según el Observatorio de Criminalidad, corresponden en su mayoría a mujeres menores de edad; de acuerdo a un estudio realizado por la PNP, en el periodo 2009-2015, el 79,6 % de las víctimas eran mujeres y el 50,1 % de estas se encontraban en el rango de edad de 13 a 17 años.

Frente a este fenómeno delictivo, que con el paso de los años va creciendo y dejando entre sus víctimas a más mujeres y niños/as y adolescentes, el pasado miércoles se aprobó el Plan Nacional contra la trata de personas 2017-2021. En este Plan se plantearon 4 grandes objetivos estratégicos que son:

  1. La mejora de la gobernanza o gestión institucional
  2. La prevención y sensibilización
  3. La atención, protección y reintegración
  4. La fiscalización y persecución del delito

A fin de dar cumplimiento a dichos objetivos, en el Plan se identifican y desarrollan distintos aspectos problemáticos alrededor del delito de trata de personas en el Perú. En torno a ello, se han propuesto distintas acciones a fin de erradicar este fenómeno, tres de las cuales merecen ser particularmente destacadas. La primera de ellas, la inclusión de distintos enfoques que permitan un tratamiento adecuado a víctimas, de manera particular a aquellos colectivos vulnerables; la segunda, la creación de nuevos albergues para garantizar la protección de las víctimas; y la tercera, la cooperación institucional para la persecución penal del delito.

Respecto al primer punto, el Plan incluye y desarrolla distintos enfoques necesarios para brindar un adecuado tratamiento a quienes se encuentran en especial vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas migrantes, y la población LGTBI. Debe destacarse la inclusión de estos dos últimos grupos, los cuales sufren particular discriminación por la sociedad y autoridades. Para asegurar una óptima protección, se han propuesto acciones como “la aprobación e implementación de planes regionales y locales de acción contra la trata de personas y sus formas de explotación, que aborden las características particulares del fenómeno en cada zona del país, considerando temas como sexo, edad, orientación sexual, identidad cultural, discapacidad y otros factores de discriminación”, y la “promoción y elaboración de estudios sobre enfoques, experiencias, (…) y buenas prácticas de prevención, persecución, protección y reintegración en materia de Trata de personas y sus formas de explotación”. Dichas acciones están encaminadas a sensibilizar y brindar mayor conocimiento a la población y autoridades, sobre la atención diferenciada que deben recibir las víctimas de trata.

Otro aspecto notable es el planteamiento de mecanismos para garantizar la protección de las víctimas rescatadas. Al respecto, debe resaltarse que, frente a los 3 albergues o centros de atención víctimas de trata de personas que existen en el país, este nuevo Plan propone “crear, implementar y fortalecer los ambientes de protección transitoria para víctimas de trata de personas y sus formas de explotación que permitan su adecuada recuperación”. La mayor novedad es que se tiene previsto crear hasta 10 albergues para víctimas; indudablemente, este aspecto resulta medular si lo que se busca garantizar un ambiente seguro para las víctimas, a fin de garantizar su restablecimiento físico y emocional y evitar que vuelvan a caer en manos de tratantes[1].

Finalmente, el Plan propone estrategias de cooperación para la persecución del delito, de modo que se asegure una intervención oportuna y se resguarde adecuadamente a las víctimas. Dos acciones son relevantes para dar cumplimiento a esta estrategia. La primera de ellas tiene que ver con “la implementación de sistemas de registro de denuncia e investigación de las instituciones encargadas de la fiscalización, investigación, juzgamiento y sanción de la trata de personas y sus formas de explotación”. Se espera que durante la ejecución de dicha medida se cuente, por primera vez, con un único registro centralizado e integrado para que tanto la PNP como la Fiscalía de la Nación tengan a su alcance la misma información y puedan articular políticas conjuntas y organizadas. La segunda acción resaltante tiene que ver con el contexto actual de incremento del flujo migratorio en el país; sobre el particular, muchos migrantes que arriban al territorio nacional, lo hacen bajo la promesa de supuestas oportunidades laborales, que son ofrecidas por de bandas dedicadas a la explotación de personas. Dado ello la “mejora de la persecución transfronteriza” permitirá una mayor cooperación interestatal encaminada a la desarticulación de dichas bandas criminales.

Si bien el Plan arroja un balance bastante positivo en término de protección a la víctima y políticas de persecución del delito de trata, estas acciones deben de ser acompañadas junto con un plan presupuestal que permita la implementación y ejecución de las medidas previstas, principalmente aquellas que tienen como eje la protección de la víctima. En este contexto, la asignación de S/ 7’500.000 por parte del Ministerio del Interior parecería no ser suficiente si se considera que este monto será dividido entre la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirintrap) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad Democrática.

Con todo ello, las instituciones públicas, así como la sociedad civil, a través de los distintos mecanismos creados para luchar contra la trata de personas, tienen de cara al 2021 el importante reto de colocar en el centro de la persecución del delito de trata a la víctima, a fin de brindarle protección integral para su restablecimiento y reinserción en la vida social.


[1] En esa línea, otra acción planteada en esa línea es “brindar atención integral de salud a las víctimas y familiares directos o cuidadores, desde un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, género y curso de vida”.

* Escribe Alessandra Enrico, integrante del equipo de investigadores del área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.

(12/06/17)

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