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Desastres y pacto social

Muchos ciudadanos sufren en estas semanas los efectos de diversos desastres naturales: ríos en crecida o esos violentos deslizamientos de tierra y piedras que conocemos como huaicos. Estos arrasan viviendas o cultivos, destruyen los bienes de miles de personas, generan peligros para la salud por el estado de precariedad que generan, e incluso cobran vidas humanas. El saldo inevitable es pobreza y desesperanza, y un clamoroso pedido de ayuda al Estado que rara vez llega en una medida realmente satisfactoria.

El hecho de que estos sean fenómenos estacionales y por lo tanto cíclicos, es decir, repetitivos y predecibles, echa una luz crítica sobre el Estado y los diversos gobiernos que lo han conducido sucesivamente. Se trata de una circunstancia en la cual se puede observar el tipo de relación que cultiva el Estado con la ciudadanía, sobre todo con aquella que se halla en condiciones de pobreza.

Frente a lo que se acaba de señalar creo que se hace necesario tomar conciencia de que ensayamos el vivir protegidos por un pacto democrático y, a partir de ello, reflexionar que dicho acuerdo se funda en la noción de la igualdad de derechos ante ese representante jurídico de la comunidad que es el Estado. En efecto, el Estado es quien tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de esos derechos compartidos sin hacer distingos entre las personas en razón de su etnia, su situación socioeconómica, su género o cualquier otro rasgo constitutivo de su identidad social.

Esa función de garante ha de ejercerse de muchas formas y se hará más ostensible en diversas circunstancias. Cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos sufren una vulneración de sus derechos, por ejemplo, la acción del Estado, por vía judicial, se halla en el deber de hacer visible cuánto se valoran realmente esos derechos. Del mismo modo, cuando un sector de la población es víctima de un desastre natural –es decir, de un daño no provocado en principio por ninguna acción e intención humanas en particular– el Estado tiene que hacer visible su respeto por los derechos ciudadanos con la celeridad y la diligencia necesarias llevando remedio a la situación. Ahora bien, cuando se trata, como en este caso, de desastres previsibles –como lo son, también, las heladas que cada año cobran vidas de niños en el sur andino– los deberes del Estado resultan aún más graves: la falta de prevención para mitigar el posible daño y toda posible lentitud en atender a la población cuando el daño se ha producido hablan de una negligencia, de un descuido, de una falta de voluntad que nos lleva a preguntarnos sobre la bizarra relación entre el Estado y ese sector de ciudadanos. Y esa pregunta da lugar a una cuestión realmente crítica: ¿tenemos verdaderamente democracia si juzgamos a partir de esta indiferencia que asume el Estado frente a un sector de la ciudadanía?

En última instancia, estos fenómenos trascienden al marco institucional que llamamos democracia y nos plantean otras interrogantes hondas y cruciales: ¿cuál es el valor que la vida humana tiene en nuestro país? ¿En verdad prestamos atención al cumplimiento de los deberes del Estado –y también el de los ciudadanos– entendiendo que tal obligación es la piedra fundante de nuestro pacto social?

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, para La República

(03.03.2017)