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Reflexiones desde la Amazonía

Amazonia PeruanaHace algunos días, el Ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla señaló ante la prensa nacional que el Perú, a un ritmo de crecimiento sostenido de 6% anual, podría en el año 2021 convertirse en un país desarrollado. Esta es una buena noticia. Y es necesario alentarla. Pero debemos reflexionar un poco más sobre el significado de tal afirmación.

Ocurre que esta frase tiene un alto contenido simbólico. Se estaría diciendo al país que gracias a nuestro crecimiento, las condiciones de vida de los peruanos y peruanas serían mucho mejores de las que tenemos el día de hoy. Manifiesta además un alto grado de confianza en nuestra economía y, al parecer, también en la serie de mejoras conseguidas en diversos frentes que están permitiendo superar aquellas brechas que hace un par de décadas atrás eran enormes, como los altos índices de pobreza extrema y desnutrición crónica.

Sin embargo, hay temas sobre los cuales aun vale la pena profundizar respecto a esta visión al 2021. Por ejemplo, ¿qué se está entendiendo por desarrollo? O mejor, dicho, ¿qué está entendiendo el Ministro Castilla por desarrollo, y qué estaría entendiendo gran parte de la población nacional cuando una autoridad les dice que dentro de unos siete años aproximadamente, seremos un país desarrollado? Me gustaría detenerme un poco más al respecto a partir de la noción de derecho al desarrollo.

Ya desde hace varios años, desde la Organización de las Naciones Unidas se viene entendiendo la extrema pobreza como una negación de los derechos humanos de las personas. Es decir, la pobreza no estaría relacionada únicamente a carencias materiales, sino a una situación de anulación del ejercicio de derechos humanos. Como consecuencia, se empieza a hablar de pobreza humana en tanto ausencia de condiciones básicas de calidad de vida de la persona, lo que se traduce en un inadecuado acceso y ejercicio de derechos, como son el derecho a una vivienda saludable, a la alimentación, a la educación, a la salud, entre otros.

Siguiendo el esquema anterior, entonces, erradicar este tipo de pobreza humana implicará -además de generar condiciones materiales- garantizar por parte del Estado el ejercicio de los derechos humanos. Es así que empieza a entenderse que las políticas de lucha contra la pobreza deben incorporar un enfoque de derechos, es decir, sostener que el desarrollo también debe generar condiciones para el ejercicio de derechos. Con ello lo que se evidenciará es una relación permanente entre derechos humanos y desarrollo humano. Pero además, el eje sobre el cual gira el derecho humano al desarrollo.

Este derecho humano al desarrollo no debe entenderse cómo el derecho a que las personas deban vivir en condiciones de desarrollo material únicamente. Desde la Declaración al Desarrollo lo que se propone es entender este derecho como proceso y síntesis del conjunto de derechos humanos. Es decir, será un proceso en tanto se busca que los Estados puedan adoptar medidas que eliminen aquellas limitaciones que no permiten el adecuado ejercicio o realización plena de los derechos humanos. Y será síntesis en tanto al ejercer adecuadamente el conjunto de derechos humanos, se establecerían condiciones para hablar de un desarrollo humano viable. Con ello, hablar de derecho humano al desarrollo, implica un compromiso de los Estados por generar condiciones de vida que garanticen el ejercicio de derechos.

Lo anteriormente expuesto es una forma de entender el desarrollo. Al menos, aquella que está más presente en el debate internacional al momento de sustentar el cumplimiento de nuestras obligaciones como Estado. Pero, ¿es de este tipo de desarrollo del que nos habla el Ministro de Economía cuando afirma nuestra meta al 2021? Y además, ¿es el tipo de desarrollo que espera la población peruana? Si el desarrollo es entendido solo como crecimiento económico, se estaría dejando de lado la posibilidad de planificar cómo generar esas condiciones de vida que garanticen derechos humanos.

Para graficar lo anterior, me permito presentar un caso. La noticia de las afirmaciones del Ministro Castilla las conocí mientras me encontraba visitando algunas comunidades nativas ubicadas en los distritos de Masisea e Iparía, correspondientes a la provincia de Coronel Portillo (Ucayali). Y cuando las conocí, me preguntaba si ese desarrollo del cual habla Castilla, será también aquello esperado por la población nativa indígena que habita en esta región. Lo digo por lo siguiente: aun existe una gran cantidad de personas indocumentadas. Son aun varios los casos de madres y padres de familia indígenas peruanos que no cuentan con un Documento Nacional de Identidad (DNI). Al no contar con uno, sus hijos probablemente no podrán contar con un DNI a su vez, dado que no los podrán registrar. Además, y si viven en condiciones de pobreza, la indocumentación impide que estas personas puedan ser parte del Seguro Integral de Salud (SIS), o ser beneficiarios de algún programa social, como JUNTOS o Qali Warma. Y tampoco podrán elegir a sus autoridades en las próximas elecciones a realizarse en octubre. Es decir, son personas y familias que no existirían para el Estado, e incluso no entrarían en la evaluación de pobreza al no estar registrados.

En el caso expuesto, quien no cuente con un DNI, en esta parte de la Amazonía, no se debe a causa de su propio desinterés. Puede suceder que acercarse a una oficina de RENIEC le genere un gasto que no puede solventar. Por ejemplo, desde la zona de Sheshea, hay una distancia de aproximadamente 8 días de viaje hasta Pucallpa, ciudad donde se encuentra la oficina de registro. También es posible que la persona no cuente con parte de la información que se le solicite, como su partida de nacimiento, dado que nació en otra región del país y acceder a una fotocopia de esta le significaría dirigirse a la municipalidad que la expidió. Una salida es que se realicen campañas de registro, pero que no son tan seguidas y que pueden significar altos presupuestos.

Si esta es la situación de muchas personas aún, ello significa que no contar con un DNI los impide acceder a espacios donde sus derechos se puedan ejercer. Para estas personas, el desarrollo puede significar poder acceder a un DNI y así ingresar a la serie de entidades y programas que el Estado peruano brinda. Con ello, sus condiciones de vida mejorarían y al menos sus derechos básicos se verían garantizados.

Con el ejemplo anterior – que resulta  mucho más común de lo que uno esperaría – se puede apreciar que la pobreza no solo implica que una persona tenga carencias materiales en su comunidad, sino que la situación de no contar con un DNI supone no ejercer su derecho a la identidad, al nombre, a ser una persona ante el Estado, un ciudadano o ciudadana. Estamos frente al tipo de pobreza humana mencionada previamente. Un tipo de pobreza que, como vemos, no permite ejercer un conjunto de derechos básicos.  En este caso, plantear políticas de lucha contra la pobreza exigirá pensar de qué manera estas personas puedan acceder a contar con un DNI y con ello garantizar su acceso a la serie de servicios y programas que el Estado brinda, de acuerdo a las condiciones específicas que correspondan. Es decir, generar condiciones – y en este caso procedimientos – que garanticen el ejercicio de derechos.

De las afirmaciones del Ministro Castilla no se desprende que el tipo de desarrollo que alcanzaremos en el 2021 represente mejores condiciones de vida de las personas para un adecuado ejercicio de derechos. Al parecer, se estaría asumiendo que los derechos humanos más básicos ya estarían cubiertos. Se percibe en su lugar un matiz centrado únicamente en el crecimiento económico y no en calidad de vida.

Hay quienes dirán que se necesita de uno para alcanzar el otro, lo cual es innegable. Pero aquí aparece otro problema y es que se planifican las acciones a realizar desde una visión urbana que olvida la diversidad no solo cultural, sino geográfica del país. Es decir, se tienen los recursos, pero no se ejecutan adecuadamente a la realidad nacional.

Con la reflexión anterior, no buscamos desalentar a quienes afirman que estamos mejorando. Es bueno saberlo. Pero ello debe poder verse no solo en la cantidad de centros comerciales y el gasto generado por consumo durante Fiestas Patrias, o en los porcentajes que crecen por exportaciones. Alcanzar el desarrollo es más que eso.  Es generar condiciones mínimas de vida digna y ejercicio de derechos para los peruanos y peruanos, como es el caso de contar con un DNI y que acceder a este no signifique una situación imposible de realizar. Con ello, el desarrollo no solo serán cifras sino acciones concretas y la percepción de que el Estado está funcionando.

Escribe: Gustavo Zambrano, investigador del IDEHPUCP y coordinador de la Diplomatura en Gobernanza Indígena Amazónica