23/08/2013

Emilio Crenzel: "En Argentina se ha tendido a asimilar la verdad sobre el pasado a la elaborada en los tribunales"

Emilio Crenzel es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, en temas de memoria e historia reciente. Durante el Seminario Políticas en Justicia Transicional, presentó un panorama sobre la justicia transicional en su país, a treinta años de la presentación del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), conocido también como “Nunca Más”. Conversamos con él sobre los temas centrales del proceso que afronta aún el legado de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar en dicha nación.

¿Cuál considera que ha sido el impacto de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en el resto de las comisiones de la verdad que se han desarrollado en América Latina?

Ha tenido un impacto variado. Por ser la primera comisión de la verdad, fue tomada en cuenta por los movimientos de derechos humanos de la región que demandaban nuevas verdades públicas sobre las violaciones a los derechos humanos en sus países. En algunos casos, el modelo fue explícitamente desechado, como en el caso de la Arquidiócesis de Sao Paulo, que construyo su verdad no en base a testimonios de las víctimas sino a partir de documentación oficial que se recogió de archivos policiales y de inteligencia. En el prólogo de ese documento se dice “esta no es la verdad de las víctimas, es la propia verdad establecida por el Estado desde documentos oficiales y no queremos hacer de ninguna manera algún tipo de juicio valorativo”. De esta forma se estaba marcando una diferencia taxativa de la búsqueda de la verdad y el desarrollo de procesos judiciales.

En el caso de Chile, creo que si bien el modelo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) es distinto al de la CONADEP, el modelo y la estrategia se acercan bastante al de la comisión argentina. En los casos de Centroamérica y Perú, si bien los comisionados conocían los trabajos previos, se trata de otro tipo de presentación y otra estrategia de elaboración de la verdad. En estos casos se presenta una versión más amplia de los derechos humanos, insertando a las víctimas en ciclos de violencia de más larga duración, en los que las poblaciones habían sido sistemáticamente afectadas, violentadas y relegadas de la construcción de ciudadanía. Entonces, las estrategias en estos casos marcaban más diferencias del trabajo con el de la comisión argentina.

A 30 años de la entrega del Informe Nunca Más, ¿Cuál es la reinterpretación que le han dado los actores políticos y sociales al documento? ¿Cuáles son las polarizaciones y consensos existentes?

De parte del gobierno se ha pretendido ver el “Nunca Más” con un conjunto de situaciones que tienen que ver con la desigualdad social o la injusticia social. Extender el “Nunca Más” a la evaluación del legado económico y social del neoliberalismo. Desde el punto de vista oficial también se ha enarbolado el “Nunca Menos” haciendo referencia a las conquistas logradas en la gestión Kirchner en materias sociales y económicas.

De parte de sectores militares, la consigna ha sido de la memoria completa. Es decir, postular que los juicios a los represores ha sido parte de una memoria parcial, enfocada solo en las victimas del Estado, y que ha obligado a invisibilizar a las otras víctimas, las de la subversión. Entonces, hay una demanda permanente sobre reparaciones a familiares de policías y militares asesinados, juicios para los responsables de esos hechos, demandando las mismas políticas que desde el Estado se implementaron para las víctimas del Estado.

Usted ha mencionado que la CONADEP tuvo un gran apoyo de aliados políticos, pero también un apoyo de la sociedad civil organizada. ¿Cómo esto ayudo a generar consensos para la elaboración de políticas públicas que recojan las conclusiones del informe?

Durante el inicio del trabajo de la Comisión, ésta estuvo aislada, con excepción del entonces partido del gobierno que impulso su origen. Parte de la estrategia fue generar alianzas con parte del movimiento de derechos humanos y que a partir de la investigación, la labor de la Comisión se hiciera pública y ganara apoyo y sustento social. A pesar de las limitaciones y obstáculos que se tuvieron en esa labor, se diseminó en la sociedad argentina la idea que estos hechos no podían quedar impunes.

Se formó una corriente de opinión pública acerca de la idea de que se conociera y se juzgará estos crímenes. A tal punto que, durante los años noventa, cuando el ex presidente Menen decreta los indultos militares, una encuesta de opinión muestra que un 90% de la ciudadanía estaba en contra. Luego se iniciaron otros ciclos y procesos políticos que desplazaron al tema de los juicios y violaciones a derechos humanos del lugar que habían tenido durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Los cambios en la economía, la liberalización del mercado, estos temas desplazaron la prioridad de los temas en la agenda pública, pero los índices de rechazo a la impunidad de estos crímenes se mantuvieron.

¿Cuál fue la relación entre los organismos de defensa de los derechos humanos y la CONADEP?

Fue central el trabajo de los organismos de derechos humanos, ya que la transición argentina se da en forma distinta a otros procesos de la región, a partir de la derrota en la guerra de Las Malvinas, era imposible una salida pactada para la dictadura. En Brasil, Chile y Uruguay hubo una salida pactada y una de las condiciones fue la no revisión de los casos de militares durante las guerras antisubversivas. En el caso argentino, después de Malvinas, no se puede imponer esta condición con los partidos políticos, en un contexto donde los organismos de derechos humanos habían sido una oposición visible a la dictadura, creció su apoyo y su participación en la CONADEP y durante los juicios. Entonces fueron generando consenso en la sociedad en torno a que las violaciones a los derechos humanos fueran juzgadas y cuestionadas.

Es un doble empoderamiento, como una alianza tácita, porque los organismos de derechos humanos denunciaban en el Congreso pero también participaban en las comisiones locales y legitimaban la condición de la CONADEP y, al mismo tiempo la Comisión legitimaba sus demandas. Por ejemplo, el programa de televisión “Nunca Más”, estaba elaborado a partir de testimonios de los familiares, luego los sobrevivientes hablando de su cautiverio en los centros clandestinos, luego continúan las madres de la Plaza de Mayo hablando de la búsqueda de los hijos y terminan las abuelas de la Plaza de Mayo hablando de la búsqueda de los nietos. Es decir todo el programa está elaborado a partir de la voz de los familiares de las víctimas. Esto fue visto por un millón y medio de personas, transmitido por televisión pública. Entonces hubo un empoderamiento de ambas partes.    

¿Cuáles considera que son los factores que permitieron que en Argentina se dé una política integral de mecanismos de justicia transicional, que incluyeron, entre otros, una comisión de la verdad, los juicios penales, los programas de reparaciones e iniciativas de memoria?

Los diversos mecanismos de justicia transicional que se dieron en Argentina fueron producto de diversos factores. Primero, la fortaleza del movimiento de derechos humanos, que fue un movimiento que tuvo creatividad porque desarrolló una cantidad de iniciativas originales, tuvo la claridad de buscar alianzas en el exterior con las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Washington Office of Latin American, Human Rights Watch, con los gobiernos de Estados Unidos en la época de Jimmy Carter -que fue atento a las violaciones de derechos humanos-, con países europeos como Francia, durante el gobierno de Mitterrand, el Partido Socialista Español, el Partido Socialista de Suecia. Es decir, buscó alianzas a escala internacional y se nutrió con las redes internacionales de derechos humanos. Además, tuvo también la capacidad de aliarse a las iniciativas estatales favorables, como por ejemplo, la propia CONADEP; y luego fue muy consecuente con el rechazo al planteamiento de las políticas que buscaban el olvido del pasado.

¿Por qué incluso con la ejecución de este conjunto de mecanismos, usted sostiene que siguen existiendo tópicos no abordados?

Creo que el problema está en la primacía de una matriz jurídica para atender a las violaciones de los derechos humanos. La matriz jurídica excluye las preguntas por la historia, por los compromisos políticos, si una persona fue víctima, desde el Derecho no importa las razones por las cuáles fue víctima, tampoco importa los compromisos políticos de esa persona. Solo importa determinar si ese hecho sucedió, en qué momento, quiénes son los responsables.

Asimismo, más allá de esa matriz, la academia ha estado muy cercana a la mirada jurídica y ha sacralizado determinadas perspectivas. Por ejemplo, las víctimas propusieron y las organizaciones de derechos humanos aceptaron que los desaparecidos eran personas inocentes y los presentaron exclusivamente a partir de sus rasgos identitarios básicos: cuántos años tenían, que era el mejor en la escuela, el mejor hijo, el mejor trabajador, etcétera. Ir contra esa construcción suponía de algún modo enfrentar o violentar al universo de las víctimas cuyo discurso había logrado consagrarse. Entonces, una investigación mayor supone violentar una serie de lugares comunes, y creo que hay un proceso que está incipiente de apertura de nuevas preguntas, de constitución de esta agenda como problema.

Otros hablan de los ciclos sociales de la memoria, es decir, estas preguntas por las responsabilidades sociales surgen un tiempo después de los hechos. Por ejemplo en Europa, en el 68, esa generación, recién comienza a interrogar a los padres acerca de su responsabilidad en el holocausto. Finalmente, también tiene que ver con ciertos climas políticos y coyunturas específicas. Creo que después de la crisis del 2001, en Argentina se puso en revisión toda la época neoliberal, inclusive las políticas de olvido y silencio respecto a estos temas. Son coyunturas políticas que habilitan o no ciertas preguntas.

En el Perú, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación muchas veces es cuestionada porque no cumplió con algunas expectativas generadas en el contexto en que se dio, un contexto en el cual se pedían demandas de reformas institucionales para la construcción de democracia. En base a la experiencia que usted tiene en el caso argentino ¿Cómo se manejaron las expectativas que una comisión de la verdad puede generar?

La CONADEP surge en un momento de explosión de los temas de violaciones a los derechos humanos en todos los diarios, algunos en forma sensacionalista. Incluso revistas de espectáculos incluían notas sobre matanzas o sobre torturas. Era un momento de gran sensibilización de la opinión pública en relación a este tema. Entonces, la Comisión se cuida mucho de emitir comunicados claros y que no alienten expectativas. Creo que, en general, son cuidadosos, pero de algún modo, hacer un programa de televisión, difundir en la prensa cada una de sus actividades ayudó a crear un clima de gran expectativa en relación al informe, inclusive sobre el final de la investigación se dudaba si iba a existir un anexo incluyendo los nombres de los perpetradores. Finalmente, ese anexo se elabora, pero no se hace público (aunque posteriormente una revista de actualidad política lo publicaría).

De parte de los organismos de derechos humanos la no inclusión de ese apartado fue muy criticada y alimentó la idea, especialmente, de las madres de la Plaza de Mayo de que se buscaba la impunidad y proteger a los responsables de los crímenes. Sin embargo, la no inclusión de la lista no significó que esos nombres desaparecieran del informe, puesto que se encontraban a lo largo de los testimonios y del relato de los hechos. Además, a mi parecer, la presentación de estos nombres en el informe generaba un efecto mucho más amplio en materia de responsabilidad que una simple lista, porque ya no se hablaba de personas como elementos aislados, sino en el marco de instituciones y contextos. De otro lado, los organismos de derechos humanos también se sintieron defraudados con la CONADEP por no cumplir con funciones que en realidad no tenía. Por ejemplo, se le criticó porque no pudo citar a declarar obligatoriamente a los militares o porque no pudo allanar los cuarteles

¿Cuáles considera usted que son los límites de estos mecanismos de justicia transicional?

En el caso argentino, el cumplimiento de las recomendaciones de la CONADEP no fue un problema que haya generado expectativas incumplidas, porque las recomendaciones se cumplieron en su mayoría: Se incluyó la enseñanza del periodo de la violencia política en el sistema educativo, hubo reparaciones que trascendieron a los hijos de los desaparecidos, se derogaron leyes represivas y continuaron los juicios a los perpetradores. Lo que sucede es que ello no elimina ni los problemas ni clausura los intentos por comprender el pasado.

Como señalé, creo que el problema es que en Argentina se ha tendido a asimilar la verdad sobre ese pasado a la verdad elaborada en los tribunales. Desde el Estado se proponía juicios, los organismos proponían juicios. La discusión estaba centrada en si se juzgaba a pocos- la idea de Alfonsín-, a ninguno- la idea de las Fuerzas Armadas-, o a todos- la de los organismos de derechos humanos-. Una sentencia, no clausura el problema.

En relación a los límites que tienen las comisiones de la verdad, considero que a veces algunos piden que estos mecanismos transformen las estructuras económicas de los países o las culturas y los andamiajes institucionales. Las comisiones de la verdad están instituidas ad hoc, con un tiempo, presupuesto y personal limitados. Estos organismos tienen que enfocarse en el objetivo central que es atender a la razón por la cual fueron creadas y tienen una capacidad de influencia limitada, puesto que no van a perdurar en el tiempo y los comisionados no son personas que han sido elegidas mediante el voto popular. También hay que tener en cuenta que, después de tiempos amplios y largos de clausura para el acceso a información, las posibilidades que canalizan las comisiones de la verdad abren una cantidad de demandas que a veces superan o sobrepasan su capacidad de procesamiento y el poder efectivo o real que tienen para resolverlas.

Entrevista de Diego Uchuypoma y Jean Franco Olivera, investigadores del IDEHPUCP

   

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