29/10/2017

La lucha contra la Trata y sus desafíos pendientes: la impunidad y reintegración, un reportaje con Cécile Blouin

[Publicado en La Diaria, medio uruguayo] La trata y tráfico de personas es “la industria de mayor crecimiento en los últimos años”, y eso afecta en especial a la región latinoamericana, donde estas situaciones están “altamente presentes” y no están bien visibilizadas. Todo esto se dijo ayer (martes 24 de octubre), en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 165º período de sesiones, que se hizo en el Palacio Legislativo.

La audiencia se tituló “Situación de los derechos humanos de las víctimas de trata y tráfico de personas de América Latina y el Caribe”; fue una instancia propuesta por el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLATrata), un espacio de articulación entre la academia y la sociedad civil que está presente en 14 países de la región. Fue María Antonia Chávez, presidenta de ObservaLATrata, quien expresó que “la trata de personas es una violación múltiple y continua altamente presente en la región y que no se encuentra visibilizada de forma suficiente”.

Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aportó datos sobre la trata de personas en la región. Dijo que es una realidad que no ha sido registrada de manera sistemática por los países, por lo que hay un importante subregistro. Aun así, los números que presentó, basados en datos oficiales, son elocuentes: entre 2002 y 2016 los países de la región registraron 13.166 víctimas de trata y tráfico de personas. De ellas, 78% eran mujeres, y 50% niños y niñas. El principal fin de la trata es la explotación sexual (64%), pero es importante también la finalidad de explotación laboral (27%), mientras que el 9% restante agrupa diferentes finalidades, entre ellas la mendicidad y la venta de niños.

Blouin prefirió concentrarse en dos grandes desafíos pendientes: la impunidad y la atención y reintegración de las víctimas. Con respecto a la impunidad, comentó que según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, 46% de los casos de trata terminan con el procesamiento de los culpables, pero sólo 28% de los procesados son finalmente condenados. “Por cada 100 personas, sólo 13 son condenadas en un tribunal de primera instancia”, graficó. Señaló la baja capacidad de los operadores de Justicia, así como la incidencia del desconocimiento y los estereotipos de género. En cuanto a la asistencia, criticó la falta de recursos, los requisitos que se imponen a las víctimas y la falta de servicios especializados. Por si fuera poco, señaló la corrupción de funcionarios públicos de migraciones.

Fernanda Caballero, de Gurises Unidos, de Uruguay, se concentró en la explotación que sufren niños, niñas y adolescentes, con situaciones como adopciones ilegales, trabajo forzado, matrimonio forzoso o explotación sexual. Subrayó que “en América Latina no se cuenta con medidas específicas para atender las necesidades de niños, niñas y adolescentes” que son víctimas de trata y tráfico, sino que generalmente se les ofrecen programas para población vulnerable.

José Manuel Grima, de ObservaLATrata, leyó una serie de recomendaciones. Pidió a la CIDH “recomendar a los Estados la adopción de medidas urgentes”, entre ellas la elaboración de bases de datos confiables e interconectadas, medidas para proteger a las víctimas, garantizar el acceso a la Justicia sin que haya revictimización y, por el contrario, se haga reparación, y asegurar un presupuesto estable y suficiente para abordar la problemática.

Las organizaciones quedaron conformes con la audiencia. Diego Pailós, de Gurises Unidos, destacó, en diálogo con la diaria, que fue importante presentar el tema y haber logrado la concurrencia de siete personas vinculadas al sistema interamericano de derechos humanos, entre ellas los comisionados de género, de migrantes, de infancia, representantes de crimen organizado y de seguridad. “Se pudo plantear y expresar la realidad actual del fenómeno a nivel regional y hacer un petitorio”, destacó. El objetivo es fortalecer la generación de conocimiento y visibilizar un tema que “generalmente queda muy invisible”, comentó.

Acerca de la situación nacional, Pailós comentó que existen leyes – actualmente el Parlamento trabaja en la elaboración de una ley integral de trata de personas– y mesas interinstitucionales, pero siguen faltando recursos adecuados.

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