Ha crecido en nuestro país la preocupación por la corrupción y, de manera especial, por encontrar fórmulas institucionales que permitan combatirla. La corrupción ha sido considerada como un importante obstáculo al desarrollo económico, un impedimento para la erradicación de la pobreza y el principal motivo de pérdida de legitimidad gubernamental, por tanto, una amenaza para la democracia.
En una democracia, es claro que cualquier política pública requiere de cohesión social, pero en materia de corrupción esto cobra especial relevancia en virtud de la naturaleza y la magnitud de este problema público y del contexto democrático dentro del cual se produce y busca solución. Ello implica que las estrategias para su combate deban involucrar la mayor cantidad de actores posibles. No cabe duda que las políticas públicas anticorrupción lograrían mayores y mejores resultados si contaran con la participación de la sociedad civil; se respetara el marco democrático, se incrementará su eficiencia y se menguara el riesgo de naufragar.
Frente a la reciente aprobación del proyecto de reforma constitucional que regula el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, conviene preguntarnos acerca de la importancia social y política de dichas medidas en favor de la lucha frontal que distintos actores vienen planteando contra el fenómeno de la corrupción en nuestro país.
Esto es Amigos con DERECHOS, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al veinteavo episodio.
INVITADOS
Bloque 1: ¿Cuál ha sido la utilización de la inmunidad parlamentaria en tiempos de corrupción?¿ Por qué ha sido tan resistida por el congreso? Estado de la cuestión.
- Jeffrey Radzinsky, magíster en Gobernabilidad y Gestión Pública.
- Katherine Zegarra, politóloga de la PUCP.
Bloque 2: La figura de la inmunidad en el Derecho Parlamentario y las modificaciones que se plantean dentro de la lucha contra la corrupción. Si se logra la reforma en qué cambiaría. ¿Cuándo la inmunidad tiene sentido? ¿Cuándo se mal utiliza?
- Natasha Gutiérrez, coordinadora del Área Legal de Proética.
- Ana Neyra, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Dato Idehpucp
El Pleno del Congreso aprobó el pasado 25 de julio el dictamen de la Comisión de Constitución que busca modificar el artículo 93 de la Constitución sobre la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el texto sustitutorio aprobado no recoge la propuesta original del Ejecutivo que planteaba que esta prerrogativa sea revisada por la Corte Suprema. Tras la votación a favor de la propuesta que fue sustentada por la congresista Rosa Bartra, el entonces presidente del Congreso, Daniel Salaverry, explicó que este proyecto deberá ser sometido a referéndum al no haber alcanzado los 87 votos necesarios.
A diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, en el proyecto aprobado por el Pleno se insiste en que sea el propio Congreso el encargado de revisar los casos de levantamiento de inmunidad parlamentaria y no la Corte Suprema. No obstante, la iniciativa acorta los plazos para revisar estos casos.
