El Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 – 2021 expone ineficiencias en la protección y reintegración de las víctimas de este delito, que se estiman en 66 mil. ¿Cuál es el camino para mejorar en la lucha contra la trata? Esta es la historia.
“Me sentía bien mal porque, por los policías que me habían informado, me habían sacado a nivel nacional (se refiere a que su información salió en las noticias). Me escondía, no quería que me miren, sentía vergüenza, me sentía al lado de mis padres y ellos me disculparon, pero también me sentía mal porque la gente en la calle me insultaba”.
El testimonio del ‘caso 8’, consignado en el informe ‘Testimonios de las sobrevivientes de trata de personas’, de CHS Alternativo parece apoyar una de las conclusiones del estudio: los estándares de Perú para la atención de víctimas de trata de personas son deficientes y dispersos.
En nuestro país, la trata tiene un perfil determinado: el 80% de las víctimas de este delito fueron mujeres, de las cuales la mitad tiene entre 13 y 17 años de edad, según cifras del Ministerio Público. Y si bien de acuerdo a información del Poder Judicial existen alrededor de 66 mil víctimas de trata en el país, solo cuatro mil 274 casos fueron denunciados entre 2009 y 2015.
Es decir, una de cada 16 víctimas denunció el delito.
Sin embargo, las cifras difieren incluso en las instituciones encargadas de registrar los casos. “Esa es quizá la principal dificultad. Hay diferencias bastante marcadas entre las cifras de la Policía y el Ministerio público”, señala el exdefensor del Pueblo Eduardo Vega. (onlinepharmacyreviews.net)
Esta falta de concordancia hace difícil abordar adecuadamente el problema. “Es necesario generar data muchísimo más precisa”, comenta Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP). “Sería bueno tener algunos datos como cuántos hablan otro idioma, cuántas son personas con discapacidad, cuál es la modalidad de trata más frecuente. No tenemos esta data, y sin eso no podemos crear políticas públicas. Menos reintegrar”, opina.
El Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-20121, aprobado por el gobierno de Kuczynski en junio pasado, expone serias deficiencias en cuanto a las perspectivas de derechos humanos, género, interseccionalidad y niñez en la formulación de políticas públicas contra la trata.
Por lo pronto, se sabe que mientras la trata en el Perú tiene rostro de mujer menor de edad, la mayoría de los tratantes (38.8%) son hombres de entre 24 a 44 años. Los distritos fiscales con mayor proporción son Lima (22.8%) Loreto (10.7%) y Madre de Dios (9.6%), mientras que el 41.6% de las presuntas víctimas fue objeto de explotación sexual y el 14.5% en explotación laboral.
A nivel regional, Perú se encuentra en tercer lugar en cantidad de víctimas de esclavitud moderna, solo por debajo de México y Colombia, de acuerdo al Índice Global de Esclavitud (IGE), realizado por la ONG australiana Walk Free Foundation.
El reto de la reintegración
La reintegración de la víctimas de trata implica, de acuerdo al Plan Nacional 2017 – 2021, que el menor haya reiniciado sus estudios, definido un proyecto de vida y haya logrado recuperar sus emociones.
Sin embargo, llegar a este punto es difícil y rara vez ocurre. “Es muy complicado hablar del final de la intervención”, comenta la psicóloga Ana Surichaqui, especialista en Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESSNA). “De todos los casos que yo he visto, que son como 200, te puedo hablar de cuatro que para mí puede que haya seguido algún tipo de camino positivo”.
“He visto muchos casos que al momento de regresar al hogar se han encontrado con un círculo social que mantiene las condiciones de riesgo. Y ves que en poco tiempo la víctima regresa a situaciones complicadas”, apunta Surichaqui.
¿Por qué es tan difícil la reintegración? La explicación tiene varias aristas. Una de ellas implica el ineficaz rol del Estado. El propio Plan Nacional detalla que existen deficientes servicios de protección y reintegración: no se cuenta con servicios de emergencia y protección especializados, y las víctimas no participan, solo son sujetos de atención.
A nivel nacional funcionan solo tres albergues especializados. “Los Centros de Atención Residencial (CAR) tienen una psicóloga para 50 niñas que han sufrido situaciones de trata. No puede haber un buen tratamiento de esa forma”, opina Surichaqui.
El 30% de los y las menores que llegan a los CAR, centros regulados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, escapan y vuelven a ser víctimas de trata, de acuerdo a la investigadora Carmen Barrantes, autora del estudio ‘Protegidas o revictimizadas: alerta nacional sobre el modelo de gestión en los CAR de víctimas adolescentes de trata de personas’.
Otro punto importante es el acceso a la Justicia. De acuerdo al Protocolo para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas, aprobado en mayo del año pasado, la fase de recuperación está directamente relacionada con el resultado del proceso judicial. Es decir, involucra una sentencia condenatoria y la privación de la libertad a los tratantes.
En ese sentido, preocupa que la Corte Suprema interprete de manera inadecuada el delito de trata de personas, tal como lo señaló el artículo ‘El delito de trata de personas como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana’, presentado el 2016 por el abogado Yván Montoya Vivanco, asesor del IDEHPUCP.
Tras analizar 34 sentencias de la Corte Suprema sobre trata de personas, Montoya concluye que la corte se concentra en la validez del consentimiento de las menores, y al hacerlo se “reconduce los hechos a un tipo penal benigno como el rufianismo”.
La ausencia de sanción legal contra la trata de personas tiene su contraparte en la tolerancia social frente al delito: una apatía que culpa a la víctima, que no identifica la explotación laboral (en el trabajo doméstico, por ejemplo) y lleva a la revictimización.
“Es muy difícil para la población entender la trata. Hay una falta de empatía, de entender las causas de la trata”, comenta Cécile Blouin.
De acuerdo al Plan Nacional, la toma de conciencia a nivel de todo el país puede llevar al fortalecimiento de la cultura de denuncia, y esta a su vez al acceso a la justicia… Lea el resto del texto en la edición Nº23 de la revista Memoria.
* Escribe Gerardo Cárdenas, periodista.
